Congelación de alquileres hasta 2028: ¿medida real o propaganda?
El último pacto entre PSOE y Sumar incluye una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los inquilinos cuyos contratos venzan antes del 30 de junio de 2028. Durante ese periodo, la renta se congela al precio actual, sin posibilidad de subida ni siquiera por IPC. La medida afecta a unos 1,5 millones de hogares, cerca de 4 millones de personas, según los datos del acuerdo. Pero el diablo está en los detalles.
¿Qué dice el decreto y a quién protege?
La congelación solo aplica durante la prórroga, no a los contratos nuevos. El inquilino debe solicitarla y el propietario no puede negarse. Además, se refuerza la vigilancia sobre el alquiler de temporada y por habitaciones para evitar embelecos, y se eleva el IVA al 21% en algunas operaciones. En teoría, es un blindaje para quienes ya tienen contrato. Pero los críticos señalan que no aborda el problema de la oferta: sin construir vivienda pública, la presión sobre los precios de los nuevos arrendamientos seguirá al alza.
Un recorrido incierto en el Congreso
El acuerdo se ha plasmado en un decreto-ley que el Gobierno quiere aprobar esta semana. Sin embargo, su convalidación en el Congreso es todo menos segura. Junts y PNV ya han mostrado reticencias: el partido de Puigdemont teme el desgaste entre sus votantes, muchos de ellos pequeños propietarios. PP y Vox votarán en contra. Si no se logra la mayoría, la medida decaerá en un mes y solo afectaría a las renovaciones de julio y agosto. El escepticismo domina: hay quien ve un brindis al sol electoralista.
Los efectos colaterales de la congelación
La experiencia en ciudades con control de precios no es alentadora. En Bilbao, tras la regulación vasca, el mercado perdió casi un tercio de los alquileres de larga duración; el 57% de la oferta actual es temporal. El mensaje implícito para los propietarios es claro: subir el precio cuanto antes o retirar la vivienda del mercado. Los grandes fondos como BlackRock ya están vendiendo inmuebles en zonas tensionadas. Mientras, el 70,6% de los hogares españoles son propietarios de su vivienda habitual, según el Banco de España, pero la brecha generacional es enorme: entre los menores de 45 años la tasa de propiedad cae al 30%.
Dos visiones irreconciliables
Por un lado, quienes defienden la intervención estatal como único remedio ante la escalada de precios. Por otro, los que recuerdan que los controles de alquiler siempre han reducido la oferta y generado mercados paralelos. La discusión reproduce el viejo esquema de las rentas antiguas: unos pocos privilegiados con contratos blindados frente a una mayoría que queda fuera. La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno conseguirá los apoyos necesarios o si este decreto se sumará a la larga lista de anuncios que nunca llegaron a aplicarse.