El Gobierno central reconoce oficialmente que al menos 96.058 personas entraron irregularmente en Ceuta durante el asalto de los días 30 y 31 de julio

El primer balance oficial eleva a 96.058 las personas que entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, el 114,95% de la población censada de la ciudad. La cifra supera en un 34% las 72.000 que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció en el Congreso.

Hay una cifra que lleva meses circulando en Ceuta y que hasta ahora nadie había puesto por escrito con el sello de una administración. Un documento interno del Gobierno de la ciudad autónoma, fechado el 14 de octubre, sitúa en «al menos» 96.058 las personas que entraron irregularmente en la ciudad los días 30 y 31 de julio. El informe parte de los datos oficiales que maneja el propio Gobierno central y los suma sin adornos: los alojados en recursos temporales, los que salieron de forma colectiva en los primeros días de agosto, los que regresaron después, los expulsados por delitos y un cálculo «muy a la baja» de quienes siguen dispersos por montes y barriadas.

Para dimensionarlo hace falta el censo. Ceuta tenía 83.567 habitantes con fecha de referencia del 1 de enero de 2025, según el último dato anual del INE. Es decir, las entradas contabilizadas equivalen al 114,95% de la población censada. En poco más de 24 horas pasó por la ciudad más gente de la que vive en ella. La ciudad ocupa 18,5 kilómetros cuadrados en el norte de África, separada de la Península por el estrecho de Gibraltar y con Marruecos como única frontera terrestre.

El documento no es una filtración anónima. Lo ha elaborado el Ejecutivo ceutí como material de trabajo interno y lo ha adelantado El Español. Es la primera vez que una administración pone una cifra global con datos oficiales sobre lo ocurrido aquellos dos días. Fuentes del Gobierno local lo describen como un sumatorio «deliberadamente conservador» y añaden que la cifra real «ronda ya las 100.000 personas».

De las 50.000 a las 96.058: cómo cambió el relato oficial

El 31 de julio, en plena crisis, el Ministerio del Interior manejaba públicamente «unas 50.000 personas». Ese mismo día, la Ciudad elevaba el cálculo a «más de 60.000». En agosto, Fernando Grande-Marlaska fijó en el Congreso la estimación «más razonable» en torno a 72.000 entradas, cifra que la ministra Elma Saiz repitió después en la misma sede. Pedro Sánchez redondeó a 70.000 en el pleno extraordinario de septiembre y en octubre pasó a hablar de «más de 80.000». El sumatorio definitivo, 96.058, supera en un 34% el dato que el ministro puso negro sobre blanco ante los diputados.

Hay un episodio que explica la desconfianza. El 31 de julio, la jefa de prensa del Departamento de Seguridad Nacional publicó en la web del organismo una alerta con datos de Interior que hablaba de más de 49.000 migrantes irregulares en Ceuta en las últimas 24 horas, cruzando por el espigón y la playa del Tarajal. Fue el primer reconocimiento oficial de la dimensión real. Poco después, la nota desapareció de la web. Esa misma tarde, la funcionaria —que estaba estrenando vacaciones— fue cesada por teléfono por la directora del departamento, la general Loreto Gutiérrez. Es la única persona destituida tras la crisis. Fuentes gubernamentales sostuvieron después que aquel dato era información «para uso interno» que no debía publicarse en ese momento.

La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha incorporado a la causa abierta por la entrada masiva las palabras que Sánchez pronunció ese mismo 31 de julio: «una violación y un ataque a la integridad territorial de España». Un mes después, en el Día de Ceuta, el presidente evitó hablar de ataque o invasión y rebajó el marco a una «crisis compleja» en la que culpó a las mafias y defendió la cooperación con Marruecos. Esta semana se ha sabido que Moncloa ocultó durante semanas la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas jurisdiccionales de Ceuta coincidiendo con el asalto terrestre.

14.000 personas siguen en la ciudad y 3.000 duermen donde pueden

El informe no es solo un balance histórico. A 14 de octubre, los migrantes controlados por las administraciones suman 11.302: 6.283 adultos en dispositivos temporales de Migraciones repartidos entre Loma Margarita, la Hípica, el Embolsamiento de Loma Colmenar, el puerto y las instalaciones de la Caballería; 1.000 en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); y 3.019 menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Ciudad, casi todos marroquíes, acogidos en 20 recursos, 17 de ellos abiertos desde el inicio de la emergencia. A ellos se suman entre 1.000 y 3.000 personas en asentamientos irregulares, con presencia documentada en El Guano y El Tarajal.

El resultado es que más de 14.000 personas siguen en Ceuta dos meses y medio después. El Gobierno local admite que una parte importante quedó fuera de cualquier recurso oficial: «Muchísimas de las personas que estaban en la playa del Trampolín y que no están ahora mismo ubicadas en ningún espacio se encuentran acampadas en barriadas cercanas al polígono», explica un miembro del Ejecutivo ceutí. El documento critica además que los desalojos del mando único y la delegación del Gobierno han sido «poco coordinados» en alojamiento y tramitación de expedientes, y advierte de que «no están ayudando mucho a volver a la normalidad».

La cifra desmiente la «normalidad recuperada» que Marlaska proclamó el 1 de agosto, cuando aseguró que quedaban unos 2.500 migrantes y abandonó la ciudad. Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, lleva semanas repitiendo que cuando el ministro dijo 2.500 «en realidad permanecían al menos 25.000». El documento se acerca ahora a esa cifra con datos oficiales.

Salidas, retornos y menores: el desglose que cuadra el total

El sumatorio que lleva a 96.058 se apoya en los movimientos registrados desde la primera semana de agosto. Entre el 1 y el 8 de ese mes salieron de manera «colectiva y ordenada» 73.000 migrantes, según los datos de la Autoridad Funcional que dirige el ministro Ángel Víctor Torres. Desde el 10 de agosto han salido otros 11.225, que renunciaron a su petición de asilo. A esas salidas se suman 531 expulsiones por delitos o infracciones. La suma de quienes están, quienes salieron y quienes fueron expulsados es la que produce el total.

El capítulo de los menores tiene su propia aritmética. La Ciudad tutela a 3.019 menores a 14 de octubre, cifra que el propio Gobierno local elevaba el viernes a 3.086. Ceuta acoge a 2.827 menores llegados tras la entrada masiva, un 10.000% más de los 29 que la ley marca como capacidad ordinaria. El Gobierno central ha informado de 262 salidas de menores hacia la Península: 89 por reagrupación familiar y 173 mediante traslados a otras comunidades en aplicación del artículo 35 de la reformada Ley de Extranjería. Lo que no detalla el Ministerio de Juventud e Infancia es cuántos de esos traslados corresponden a menores llegados con el asalto y cuántos a niños que ya estaban en la ciudad. El Ejecutivo ceutí confirma que «todos menos uno» de los trasladados habían llegado los días de la entrada masiva.

En paralelo, Saiz y Torres han reconocido haber enviado unos 40 expedientes de reagrupación a Marruecos, pero admiten que ningún menor ha sido retornado. El Gobierno ceutí lo confirma: «Ninguna reagrupación ha sido en Marruecos». Esa falta de desglose impide saber si los 262 menores desplazados están ya descontados de los 3.086 tutelados o si habría que sumarlos aparte, lo que empujaría el total aún más arriba.

La brecha política que deja el documento

El contraste numérico alimenta el reproche político. Vivas sostiene que la gestión estatal ha sido «totalmente ineficaz antes de que se produjera la entrada, durante la invasión y ahora para proceder a la devolución». Califica lo ocurrido de «ataque premeditado, promovido por Marruecos, contra la línea de flotación de Ceuta» y acusa a Sánchez de «no haber estado a la altura de lo que exige la Constitución». En el IV Foro Económico Español lanzó 18 preguntas al presidente sobre lo que sabía y dejó de hacer antes, durante y después del 30 de julio.

El documento parte de una fotografía fija a 14 de octubre y sus autores advierten de que la cifra «seguirá creciendo» a medida que se afinen los recuentos. «Si se tienen en cuenta todas esas cifras, dan ya el número que denunciamos de 100.000 personas», resumen fuentes del Ejecutivo ceutí. Nadie ha asumido responsabilidades políticas por lo ocurrido. Ni Marlaska ni ningún otro ministro ni el presidente han respondido por la falta de prevención, reacción, contención o solución al asalto masivo. La única cesada fue la funcionaria que publicó el dato real.

Conviene tomar estas cifras con la cautela que exige cualquier balance elaborado en plena disputa política y a partir de fuentes administrativas que no siempre coinciden. El documento es interno, no un informe oficial publicado, y las horquillas sobre los asentamientos irregulares son eso, horquillas. Pero el suelo de 96.058 personas con datos del propio Gobierno central es el primer número que una administración pone por escrito. Y ese número, comparado con los 83.567 habitantes censados, es el que explica por qué Ceuta lleva tres meses hablando de una olla a presión.