El gobierno aprueba que no se puedan desahuciar los inquilinos en 2026 aunque no paguen.

El Gobierno aprueba que no se pueda desahuciar en 2026: ¿escudo social o expropiación?​

El Gobierno ha aprobado una medida que suspende los desahucios por impago durante todo 2026, incluso si el inquilino no paga. La prórroga del llamado "escudo social" llega después de que el anterior intento decayera en marzo al no lograr mayoría en el Congreso. La decisión ha reabierto el debate sobre los límites de la intervención estatal en el mercado del alquiler y sus consecuencias sobre la oferta de vivienda.

El fin del anterior escudo social​

En marzo de 2025, el primer escudo social que protegía a inquilinos vulnerables no consiguió los votos necesarios para su prórroga. Durante meses, el desalojo de okupas e inquiokupas volvió a los plazos habituales, largos y tediosos. Ahora, con la nueva medida, el Gobierno parece querer blindar de nuevo a los inquilinos, esta vez para todo 2026.

Dos visiones enfrentadas​

Por un lado, hay quien defiende la medida como un mecanismo para evitar que las familias se queden en la calle. Argumentan que los pequeños propietarios que alquilan para complementar su pensión no deben ser rehenes de los impagos, pero que la prioridad es la función social de la vivienda. En el otro extremo, se critica que la norma destruye la seguridad jurídica del contrato de alquiler, ahuyenta al pequeño propietario y concentra la oferta en grandes fondos que pueden asumir impagos o alquilan a turistas y estudiantes con nóminas elevadas. El resultado previsible, advierten, es una reducción de la oferta asequible y un aumento del mercado negro.

Acaparadores y políticos​

El debate se ha salpicado de acusaciones contra "acaparadores" de vivienda, tanto particulares como políticos. Se han señalado casos de patrimonios inmobiliarios multimillonarios de dirigentes de izquierda, como la familia Zapatero o el exministro Iceta, que contrastan con su discurso público. La paradoja no pasa desapercibida: quienes legislan contra el rentista son a menudo los mayores rentistas.

¿Escasez o acaparamiento?​

Mientras unos ven escasez de oferta por la huida de propietarios, otros sostienen que hay viviendas suficientes pero acaparadas por intermediarios que encarecen el alquiler. La solución, para estos últimos, pasa por prohibir el acaparamiento como se hace con el agua o la gasolina, y forzar la venta para que las viviendas pasen a manos de familias que las habiten. La polémica está servida: la medida de 2026 puede ser el primer paso hacia una regulación más radical.

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Preguntas que quedan abiertas: ¿aumentará realmente la oferta de vivienda en alquiler asequible o, por el contrario, se secará? La experiencia de la última década sugiere que la intervención sin incentivos a la oferta solo agrava el problema.

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