Sector Público: El Gobierno aprueba el nuevo modelo de financiación autonómico con el voto en contra de 15 de las 17 CCAA

El Gobierno ha sacado adelante un nuevo modelo de financiación autonómica con el apoyo de solo dos comunidades, mientras que 15 han votado en contra.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido el escenario de una votación que ha dividido profundamente a las comunidades autónomas. El Gobierno central ha logrado aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, pero la maniobra ha sido polémica: 15 de las 17 comunidades de régimen común han votado en contra. Solo la Generalitat de Cataluña y el Gobierno canario han dado su visto bueno a la propuesta del ministro de Hacienda, Arcadi España.

Este resultado pone de manifiesto una fractura territorial significativa. Comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, se han alineado con las del PP en su rechazo al nuevo sistema. La única excepción entre las comunidades de régimen no foral ha sido Canarias, que, al igual que Cataluña, se ha declarado beneficiada por el modelo. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, incluso solicitó la retirada de la propuesta o, en su defecto, la renuncia al voto de calidad del ministro.

El ministro Arcadi España defendió su gestión, destacando el diálogo "hasta la extenuación" y la abundante información proporcionada a las comunidades. Señaló a las comunidades del PP por seguir "instrucciones de la dirección de su partido por encima de sus propios intereses", criticando la falta de una propuesta común del partido y señalando que la planteada por Andalucía perjudicaba a Castilla y León. Por su parte, consejeros del PP, como la de Andalucía, Carolina España, y la de Murcia, Marisa López Aragón, reprocharon al ministro no haber aceptado ninguna de sus alegaciones. España calificó el modelo como "mucho mejor que el actual" y consideró que, "quitando el ruido y la furia y la utilización política de Cataluña", es un cambio "razonable".

El camino al Congreso, un obstáculo más

La aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es solo un paso. El modelo debe ahora pasar por el Congreso de los Diputados, donde se espera un debate intenso. El ministro Arcadi España ya ha advertido que allí se podrá "seguir dialogando", pero será el Congreso quien tenga "la última palabra". Esto significa que lo aprobado este viernes podría no ser la versión final.

La Generalitat de Cataluña se muestra satisfecha. Su consejera de Hacienda, Alicia Romero, agradeció el nuevo modelo, calificándolo de "más justo y más igualitario" y estimando que para Cataluña supondrá recibir casi 4.700 millones de euros más al año. Sin embargo, el grupo independentista Junts ya ha anunciado una "enmienda a la totalidad" en el Congreso, reclamando un concierto económico similar al del País Vasco, una alternativa que el Gobierno parece descartar al haber mantenido a Cataluña dentro del modelo de régimen común. El ministro España se ha mostrado poco abierto a grandes cambios, incluso a la cesión de una mayor parte del IRPF reclamada por Esquerra.

La estrategia de la ausencia

Una de las estrategias adoptadas por algunas comunidades ha sido la de no asistir a la reunión. La consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, anunció su ausencia, planteando a otras comunidades un boicot para evitar el quórum necesario para aprobar puntos del orden del día. Sin embargo, esta táctica no ha sido secundada por la mayoría de los consejeros del PP, quienes consideran que solo dilataría el proceso sin neutralizarlo, ya que el trámite tiene valor meramente consultivo y la decisión final recae en el Parlamento.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, defendió el respeto a la decisión de Madrid de ausentarse, pero insistió en que lo importante es que se va a votar un sistema de financiación "hecho al margen de toda España", con el voto en contra de comunidades del PP y algunas socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se declaró "indignado" con el Gobierno central, calificando el modelo como "el más insolidario, más injusto, más desigual de la democracia española", que trata "más y mejor a los que más tienen y mucho peor a los que menos tenemos".