El 25 de agosto de 2026, el Consejo de Seguridad Nacional se reunirá en La Moncloa para establecer un mando único que gestione la crisis migratoria en Ceuta. El Rey no estará. Aunque la normativa permite su asistencia y que presida la sesión, el Gobierno de Pedro Sánchez no le ha invitado. El detalle no es protocolario: reabre la discusión sobre quién manda en la seguridad del Estado.
Un veto con precedentes
El Ejecutivo ya había frenado antes el viaje del Rey a Ceuta durante la crisis, alegando criterios de oportunidad política y diplomática con Marruecos. Ahora la exclusión del Consejo de Seguridad Nacional lleva el asunto al terreno constitucional. Los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente o por los ministros; la decisión de convocarlo corresponde al jefe del Gobierno. Hay quien lo lee como respeto a la legalidad; otros, como un recorte del margen del jefe del Estado.
Jefe del Ejército, pero con refrendo
La confusión viene de la doble condición del Rey: es jefe del Ejército, pero sus actos requieren el refrendo gubernamental. Una parte del análisis sostiene que puede actuar por su cuenta. La lectura dominante recuerda que no: sin refrendo no hay valor jurídico. En este caso, la convocatoria corresponde al presidente, y eso cierra la vía para forzar la presencia.
La anomalía comparada
La ausencia contrasta con precedentes en crisis sanitarias y geopolíticas, donde el Rey sí asistió. Eso alimenta la lectura política del veto. Si al jefe del Estado se le reduce a lo protocolario, el replanteamiento de su papel gana fuerza. A pocos días de la reunión del 25, el debate queda abierto con una paradoja: el mando único estará bajo el ministro Ángel Víctor Torres. El Rey, jefe formal de las Fuerzas Armadas, verá el consejo desde fuera.