El estrepitoso fracaso de la 'ley rider': los repartidores cobran un 60% menos que antes

La ley rider deja al repartidor cobrando un 60% menos, según las asociaciones​

Una norma que nació para proteger al repartidor ha terminado, según las asociaciones del sector, dejando al repartidor cobrando la mitad. El próximo 12 de agosto se cumplen dos años de la entrada en vigor de la ley rider y el balance que manejan esas asociaciones es el reverso del que vendió el Ministerio de Trabajo: la mayoría de los repartidores sigue siendo autónoma, trabaja más horas y factura menos. La caída que más se repite en los cálculos del sector es de un 60% de ingresos frente a 2021.

La norma salió adelante sin el respaldo de las empresas afectadas ni de las asociaciones de repartidores, y su balance se mide ya en tres frentes: el bolsillo del trabajador, la estructura del mercado y la recaudación pública. En los tres, el resultado contradice el relato oficial.

¿Cuánto gana ahora un repartidor de Glovo o Uber Eats?​

Según la Asociación Autónoma de Riders, antes de la normativa un repartidor autónomo ingresaba con facilidad entre 2.000 y 2.500 euros al mes repartiendo a la vez para varias plataformas, con jornadas de unas ocho horas diarias. Acercarse hoy al Salario Mínimo Interprofesional de 1.080 euros exige, según los cálculos de esa misma asociación, echar unas diez horas al día encima de la moto o la bicicleta.

El bruto engaña y el neto se desangra. En su condición de autónomo, cada repartidor afronta una cuota de 294 euros por la base mínima de 960,6 euros, además del 21% de IVA y el 15% de IRPF. A eso se suma el material que nadie le paga: moto o bici, casco, mochila térmica y el mantenimiento de todo lo anterior. Nada de eso ha cambiado en dos años.

No todos comparten esa cifra. En el debate sobre el sector hay quien sostiene que los 2.000 euros son propaganda de la patronal del reparto y quien asegura que la disponibilidad total de lunes a domingo para dos plataformas apenas permitía techos de 1.200 euros al mes. La brecha entre ambos relatos no es menor: decide si estamos ante un fracaso o ante una simple corrección estadística.

Falsos autónomos: el objetivo que la ley no alcanzó​

El propósito declarado de la norma era desterrar la figura del falso autónomo, ese trabajador que soporta los costes de un autónomo pero cumple horarios y tareas de un asalariado. Dos años después, la gran mayoría de los repartidores sigue de alta como autónoma. El problema de fondo es de definición: si todo el trabajo proviene de un mismo cliente, ¿dónde queda la autonomía?

Hay quien sostiene que el reparto se paga por servicio y que el trabajador decide cuándo conectarse, igual que un profesional factura por proyecto. Enfrente pesa un argumento viejo y difícil de esquivar: las churrerías de barrio y las pizzerías de cadena siempre tuvieron repartidores contratados por cuenta ajena sin que el negocio se hundiera. Si eso era posible antes, la pregunta es qué impide hacerlo ahora.

De cinco plataformas a tres: Deliveroo, Gorillas y Getir se marcharon​

El destrozo también se mide en el mapa del sector. Antes de la promulgación de la ley existían al menos cinco grandes plataformas de reparto a domicilio. Hoy quedan tres: Glovo, Uber Eats y Just Eat. Deliveroo se marchó de España a finales de 2021 sin esperar a ver cómo evolucionaba el mercado; Gorillas abandonó el país en mayo de 2022 y Getir hizo lo propio tras absorberla. Menos competencia, menos presión sobre comisiones y tarifas.

La prueba de que el ajuste no ha terminado llegó en forma de expediente de regulación de empleo. Glovo anunció un ERE que iba a afectar a unos 750 repartidores en toda España y acabó reduciendo el impacto a 436 afectados frente a los 736 previstos. En un sector donde supuestamente faltaban efectivos, sobra mano de obra. O sobra el modelo con el que se le da de alta.

¿Quién gana con la ley rider?​

Aquí es donde el análisis se pone interesante. La tesis que gana peso entre los críticos de la norma es que el objetivo real nunca fue mejorar la vida del repartidor, sino formalizar el sector para que Hacienda pudiera cobrar de un negocio que hasta entonces se movía en buena parte al margen. Los repartidores declaran ahora, las plataformas cotizan, las cuotas entran. Lo que no entra con la misma puntualidad es la mejora prometida.

Las cifras de sanción refuerzan la sensación de que el control es lento o cosmético: 205 millones de euros acumulan compañías como Glovo en multas que, en la práctica, no han cambiado el panorama. Los procedimientos de investigación se alargan, los recursos se suceden y las sanciones quedan amortizadas por el paso del tiempo. Mientras, la Unión Europea votó en julio la regulación de las plataformas digitales con la abstención de España, al considerar el Gobierno que la directiva se quedaba corta.

El control que aparece y desaparece​

La vigilancia sobre quien realmente reparte va por barrios. En Uber Eats se endureció el reconocimiento facial y, según relatan repartidores que operan en esa plataforma, alquilar una cuenta pasó a ser imposible, de modo que solo quedaron los que trabajan legalmente. En Glovo, en cambio, los controles se han relajado y el alquiler de cuentas sigue funcionando.

Ese detalle explica mejor que ningún informe por qué la ley no ha arreglado el sector: mientras la identidad del que pedalea no esté garantizada, cualquier estadística de empleo en el reparto mide una realidad deformada. El siguiente paso anunciado por algunas plataformas pasa por trabajar solo con flotas y subcontratas, una fórmula que traslada el problema de sitio sin resolverlo.

Dos años después, la pregunta ya no es si la ley funcionó, sino cuánto tiempo más puede sostenerse un modelo que cobra menos al que reparte, deja menos competencia al que compra y recauda más al que legisla. ¿Y si la única forma de saber si la norma era buena fuera devolver al repartidor la elección?