Seguro de viaje obligatorio: ¿otro impuesto o prevención necesaria?
El rescate de un grupo de españoles atrapados en Dubái tras una fiesta ilegal reabrió el debate sobre si el Estado debe cubrir las imprudencias de sus ciudadanos en el extranjero. La propuesta concreta: un seguro de viaje obligatorio para todo español que salga del país, que cubra repatriación médica, fallecidos y casos similares. Detrás, dos visiones irreconciliables sobre el papel del Estado y el coste real de la gestión pública.
El plan, defendido por sectores que piden una red pública de rescate, sugiere un coste simbólico de un euro por pasajero. Sin embargo, las cuentas no salen: un vuelo medicalizado cuesta decenas de miles de euros. Un único siniestro se comería la recaudación de cientos de miles de viajeros. A eso se suma el coste administrativo de recaudación, la inevitable burocracia estatal y la tentación de desviar los fondos a otros fines. La experiencia con organismos como el SEPE o los consulados invita al escepticismo.
Por otro lado, está la crítica de fondo: socializar las consecuencias de decisiones individuales. Quien se va de mochilero a Tailandia con 500 euros o se apunta a una ONG en una zona de guerra asume un riesgo. Luego, cuando surgen problemas, reclaman al Estado que intervenga con dinero de todos. Los defensores del seguro obligatorio argumentan que es solidaridad; los críticos, que es un rescate a irresponsables que no quisieron pagar un seguro privado.
El debate refleja una contradicción clásica: se exige un Estado todopoderoso para situaciones de emergencia, pero se desconfía de su capacidad para gestionar nada con eficiencia. La propuesta del euro por pasajero parece ingenua en un país donde cualquier tasa acaba multiplicándose. Mientras tanto, los seguros privados siguen siendo la opción racional para quien viaja con cabeza, aunque nunca faltará quien prefiera llorar después.
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