El descendiente de pu ta presidente canario en cope

Clavijo pide acoger a menores y desata la polémica​

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha defendido en la cadena COPE la acogida de los menores migrantes que llegan a las islas y, según el relato que se ha hecho en el debate, habría cifrado en 150.000 los que estarían en camino, una cifra que ha desatado una tormenta de reacciones. La discusión, que se prolonga durante más de dos años, mezcla la saturación de los recursos de acogida en Canarias con el rechazo de una parte de la población a que esos menores se repartan por el resto de España. El asunto se ha convertido en un pulso político entre el Gobierno central, la comunidad autónoma y la oposición, con el trasfondo del coste económico y la capacidad real de las islas.

Qué ha dicho Clavijo y por qué ha indignado​

La intervención del presidente canario en la COPE ha sido el detonante. Según el relato que se ha hecho en el debate, Clavijo insistió en que los menores que llegan a las islas son «niños y niñas» y pidió un decreto ley para repartirlos por el resto del país. Esa petición ha sido interpretada por una parte de la opinión como un intento de descargar en la península un problema que Canarias no quiere asumir sola. La cifra de 150.000 menores citada en la discusión no procede de un documento oficial, sino de la propia conversación, y se ha utilizado como argumento para justificar la saturación de los centros de acogida.

La respuesta de la oposición y el malestar social

El rechazo a la política de acogida se ha articulado en torno a varios ejes. Por un lado, el coste económico: hay quien sostiene que mantener a los menores cuesta dinero público que sale de los impuestos de los residentes. Por otro, la seguridad: algunos mensajes vinculan la llegada de migrantes con un aumento de la delincuencia, una afirmación que no está respaldada por datos en el material disponible. La discusión también ha derivado hacia el turismo, con voces que advierten de que Canarias está perdiendo atractivo como destino por la saturación de servicios.

El reparto por comunidades y el pulso político​

El debate sobre el reparto de menores entre comunidades autónomas es el núcleo del conflicto. Canarias reclama solidaridad al resto de España, mientras que varias comunidades gobernadas por el PP han mostrado su rechazo a recibir a estos menores. La propuesta de un decreto ley para forzar el reparto ha sido criticada por quienes consideran que se trata de una imposición del Gobierno central. En el fondo, late la disputa por el modelo de financiación autonómica y por quién asume el coste de los servicios sociales.

La saturación de los recursos y el efecto llamada

Los centros de acogida de Canarias están al límite, según se desprende de la conversación. La llegada constante de embarcaciones ha provocado que los recursos públicos se queden cortos, y el debate se centra en si la respuesta debe ser acoger más o frenar la llegada. Hay quien defiende que la única forma de reducir las llegadas es devolver a los migrantes a su país de origen, una medida que choca con el derecho internacional y con la postura del Gobierno central.

El trasfondo económico: quién paga la factura​

El coste de la acogida es el argumento más repetido. Los críticos con la política migratoria sostienen que los fondos públicos se destinan a atender a los recién llegados mientras los residentes canarios siguen esperando mejoras en sanidad, educación o vivienda. La comparación con la situación de los afectados por el volcán de La Palma ha sido utilizada para subrayar lo que consideran un agravio. No hay cifras oficiales en el material que permitan cuantificar ese gasto, pero la percepción de que los recursos se reparten de forma injusta es el eje del malestar.

Qué se puede esperar a partir de ahora​

El pulso entre Canarias y el Gobierno central sigue abierto. La petición de un decreto ley para el reparto de menores no ha sido atendida, y las comunidades del PP mantienen su negativa a recibirlos. Mientras tanto, la llegada de embarcaciones continúa y los centros de acogida siguen bajo presión. El debate sobre la solidaridad interterritorial y el coste de la política migratoria no tiene visos de resolverse a corto plazo.