EL DESAYUNO: El Gobierno regulará el alquiler por habitaciones para evitar el alza de precios

El Gobierno prepara la regulación del alquiler por habitaciones​

El límite del 3% a la subida del alquiler tiene una puerta trasera que el Ejecutivo ya no niega. El alquiler por habitaciones lleva años creciendo fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Ministerio de Vivienda ha constituido un grupo de trabajo para estudiarlo. La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada hace casi un año tras más de dos años de negociación entre PSOE y Unidas Podemos, no hizo una referencia expresa a esta fórmula: la enmarcó en la disposición adicional quinta, ese grupo de trabajo para la mejora de la regulación de los contratos de uso distinto del de vivienda.

Qué se escapa de la Ley de Vivienda con el alquiler por habitaciones​

Los contratos de habitación no se acogen a la LAU. Se amparan en el Código Civil, como si se alquilase cualquier otro objeto, y por esa vía esquivan las obligaciones con el arrendatario y los límites al incremento del precio incluidos en la ley: el 3% en 2024 si no hay acuerdo entre las partes. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, anunció la creación de la mesa en diciembre y el departamento sitúa la regulación en el medio plazo, según las fuentes próximas a la titular que recoge La Información.

El Ministerio quiere medir antes el impacto real de esta modalidad en el alza del precio del alquiler, sobre todo en las zonas tensionadas. Admite tener indicios de que contribuye a elevar los precios en las ciudades que acogen más estudiantes universitarios o trabajadores que solo permanecen unos meses en el territorio.

Por qué un contrato de habitación no es un alquiler de vivienda​

Aquí está el nudo jurídico. En 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los propietarios: entendió que el alquiler de una habitación no garantiza «el desarrollo de la vida doméstica del inquilino con la intimidad y servicios que hoy se consideran indispensables» y que, en consecuencia, no tenía que firmarse al amparo de la LAU, aun cuando en la práctica no haya diferencia en el uso de las instalaciones.

Las asociaciones de inquilinos sostienen que estos contratos constituyen un fraude de ley, porque evitan la norma que regula el número mínimo de metros cuadrados que debe tener una vivienda o la obligación de depositar la fianza en el instituto de vivienda de la región. Y colocan el inicio del problema en 2017, agravado después, porque el casero puede renovar el acuerdo cada pocos meses con la actualización de precios correspondiente.

Cuánto cuesta alquilar una habitación en Madrid, Barcelona o Ibiza​

En los portales los precios van de lo absurdo a lo insultante. El abanico que se repite:

• Madrid: entre 200 euros por un fin de semana y 2.000 euros en la zona más céntrica.
• Barcelona: las más baratas rozan los 300 euros y se acercan a los 2.000 al mes en Gràcia.
• Ibiza: el mínimo supera los 600 euros.
• Sevilla, Salamanca o Zaragoza: algunas opciones desde 150 euros.

El mismo rango se repite en Valencia, Palma de Mallorca o Bilbao. Málaga, Valladolid o Santa Cruz de Tenerife comparten el umbral inferior y apenas registran un par de anuncios por encima de los 1.000 euros por una habitación.

El grupo de trabajo de Vivienda: sin fecha y fuera del plan normativo​

La regulación no está en el Plan Normativo de 2024. Se abordará, según el relato oficial, una vez superado el primer año de legislatura y medido el margen legal que conceden las competencias autonómicas y locales. Al igual que el alquiler turístico —para el que existe otra mesa con Industria y Turismo—, el expediente avanza sin calendario. Tampoco entró en el acuerdo de coalición, pese a ser prioritario para la formación que lidera Íñigo Errejón bajo el paraguas de Sumar y Más Madrid.

El programa de la plataforma que dirige Yolanda Díaz prometía «limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda». En el Congreso, EH Bildu llevó una proposición no de ley para declarar la emergencia habitacional y equiparar estos contratos a los de vivienda completa: PNV, Junts, PP y Vox votaron en contra.

Regular más o dejar que el mercado se ajuste​

Dos corrientes chocan. Una sostiene que cerrar los resquicios es la única vía para que el alquiler por habitaciones deje de sortear la ley y de tensar el mercado; en contra pesa el argumento de que cada norma añadida recorta la oferta disponible y, con ella, encarece lo que queda.

Ahí aparece el dato incómodo. Con la promesa de movilizar vivienda vacía y de grandes tenedores para ofrecer alquiler asequible, la evolución del precio del alquiler acumula una subida del 22,11% desde 2019. La respuesta a esa brecha es política, y las salidas que se manejan del lado del propietario pasan por vender, dejar el piso cerrado o cobrar por otra vía. Hay quien calcula que no alquilar o no vender en dos años dispara el IBI un 150%; hay quien responde que quien alquila una habitación es, muchas veces, alguien al borde de la calle antes que un inversor.

Queda por ver qué parte de la oferta sobrevive cuando se cierre el último resquicio y quién ocupa las habitaciones que hoy se anuncian. Si la norma llega, ¿bajará el precio o simplemente desaparecerá el producto?