El decreto de vivienda incluirá restricciones a la compra de vivienda por los fondos y bonificaciones fiscales para inquilinos y caseros

El Ejecutivo busca estabilizar el mercado de alquiler con medidas que limitan la compra especulativa de fondos y ofrecen incentivos fiscales a quienes bajen rentas, además de proteger a los inquilinos.

El Gobierno ha dado luz verde a un paquete de medidas para el mercado de la vivienda que pretende poner coto a la compra especulativa por parte de fondos de inversión y, a la vez, incentivar a propietarios e inquilinos. La idea es que las restricciones a los fondos se enfoquen en las llamadas "compras especulativas", mientras que se habilitarán bonificaciones fiscales para quienes alquilen a precios más bajos y para los inquilinos que venían soportando una carga económica elevada.

Restricciones a la compra por fondos

La nueva normativa prevé poner límites a la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión, especialmente cuando estas compras se consideren especulativas. El objetivo es evitar que grandes tenedores de activos inmobiliarios influyan de manera desproporcionada en el mercado, buscando una mayor estabilidad en los precios y el acceso a la vivienda.

Incentivos para alquileres asequibles

Por un lado, se implementarán bonificaciones fiscales dirigidas a los propietarios que decidan reducir el precio de sus alquileres. Esta medida busca incentivar la bajada de las rentas en aquellas zonas donde los precios se han disparado. Por otro lado, los inquilinos también se beneficiarán de incentivos fiscales, diseñados para aliviar el esfuerzo económico que supone el pago mensual de la renta, permitiendo así una rebaja inmediata de la carga financiera.

Protección y ayudas al inquilino

El decreto también incluye un conjunto de medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos. Se endurecerán las condiciones para los desahucios, buscando evitar situaciones de vulnerabilidad extrema. Además, se impulsará la construcción de vivienda protegida y se abordará la problemática de los alquileres de temporada y los pisos turísticos, con la intención de poner fin al fraude en los contratos de corta duración y aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos.