El congreso rechaza la regularización de forasteros por mayoría absoluta. Sánchez procederá contra lo votado, contra los españoles.

El Congreso rechaza la regularización y el Gobierno ya busca la vía del decreto​

El Congreso de los Diputados tumbó la regularización extraordinaria de migrantes con 176 votos en contra y 172 a favor. La mayoría absoluta se impuso a una iniciativa que llevaba dos años atascada y que el Ejecutivo pretende ahora desbloquear por decreto, sin pasar por la Cámara. La votación dejó un mapa parlamentario inédito: el PP y Junts, que habían apoyado la tramitación de una iniciativa legislativa popular hace dos años, votaron en contra, mientras toda la izquierda, el PNV y Coalición Canaria se quedaron solos defendiendo el sí.

El resultado de la votación

Los números no admiten interpretación. 176 votos en contra frente a 172 a favor. La mayoría absoluta se articuló alrededor del PP, Vox y Junts, con el rechazo frontal de toda la izquierda, el PNV y Coalición Canaria. Junts mantuvo el no a pesar de que su enmienda para delegar las competencias de inmigración en Cataluña fue rechazada. El PP tampoco aceptó la enmienda de Vox que pedía medidas más duras para expulsar a los extranjeros sin permiso de residencia.

El detalle importa: Junts y PP habían apoyado hace dos años la tramitación de una iniciativa legislativa popular que reclamaba exactamente lo que ahora han rechazado. La explicación que circula es la presión electoral. El PP compite con Vox por el espacio de la derecha dura; Junts lo hace con Aliança Catalana. Ambos han girado sus posiciones sobre inmigración en menos de un ciclo parlamentario.

La vía del decreto y el choque institucional

El Gobierno no se queda de brazos cruzados. La intención es aprobar la regularización mediante Real Decreto, una figura que no exige convalidación parlamentaria. La diferencia técnica es clave: un Real Decreto-Ley crea legislación por razones de emergencia y debe ser convalidado por el Congreso en un mes o decae. Un Real Decreto es una disposición reglamentaria que desarrolla una ley existente y no pasa por la Cámara.

Ahí está el nudo del conflicto. El Ejecutivo sostiene que la Ley de Extranjería le habilita para aprobar la regularización por esta vía. Otros juristas lo discuten. La Razón publicó que Sánchez es capaz de regularizar al doble por decreto si hace falta. Vox ya anunció que impugnará el Real Decreto ante el Tribunal Supremo cuando se apruebe.

¿Por qué el Congreso no puede frenar el decreto?

Porque el instrumento elegido no requiere su aprobación. Es la paradoja que recorre toda la discusión: una mayoría parlamentaria contraria a la regularización no tiene mecanismo directo para bloquear un decreto que desarrolla una ley vigente. Solo queda la vía judicial, si alguien la activa, o la modificación de la ley de rango superior que sirve de cobertura.

Hay quien sostiene que el Gobierno se extralimita y que el decreto debería estar ya en la secretaría del Tribunal Constitucional. Otros recuerdan que la propia ILP que se tramitaba buscaba precisamente habilitar al Gobierno para aprobar regularizaciones por Real Decreto, y que esa ILP decayó por falta de apoyos. El Ejecutivo habría optado por el camino del medio: saltarse la ley orgánica sin cambiar la ley orgánica.

El trasfondo económico: quién paga y quién cobra

La discusión tiene una pata económica que se repite en todos los análisis. La regularización afecta a sectores intensivos en mano de obra: agricultura, cuidados, hostelería, limpieza. Hay quien argumenta que sin regularización no hay forma de inspeccionar condiciones laborales ni de evitar la economía sumergida. En contra pesa el argumento de que la regularización masiva alimenta un ejército de reserva que mantiene los salarios bajos.

El cálculo más optimista asume que regularizar mejora la recaudación y aflora empleo sumergido. El escenario pesimista parte de que consolida precariedad y presiona a la baja los salarios de los trabajadores con menos cualificación. La regularización tendrá ventanillas propias en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social, según publicó El País, lo que da una idea de la escala operativa del proceso.

La grieta política

El PNV votó a favor. Junts, en contra. Coalición Canaria, a favor. El mapa de la investidura se resquebraja en el asunto migratorio. Hay quien lee en el no de Junts un cálculo electoral: Aliança Catalana les ha comido terreno en el discurso identitario y no pueden permitirse parecer blandos. El PP, por su parte, intenta mantener el equilibrio entre su electorado moderado y la competencia de Vox.

La pregunta que sobrevuela es qué pasa con los migrantes que ya iniciaron sus trámites. Si el decreto sale adelante, continúan. Si no, quedan en un limbo administrativo que nadie ha explicado cómo se resuelve.

Qué puede pasar ahora

El escenario más probable, a la vista de los movimientos, es que el Gobierno apruebe el Real Decreto y que el PP o Vox lo impugnen ante el Tribunal Supremo. La batalla se traslada de sede. El Congreso ya ha votado; el Gobierno ya ha anunciado que seguirá adelante. La discrepancia entre lo que votan los diputados y lo que aprueba el Ejecutivo queda sobre la mesa.

Con estos mimbres, la regularización extraordinaria de migrantes será recordada como el asunto donde el Parlamento dijo no y el Gobierno dijo ya veremos. Si el Supremo tumba el decreto, el Ejecutivo habrá quemado capital político para nada. Si lo avala, habrá sentado un precedente sobre hasta dónde puede llegar un Gobierno sin mayoría parlamentaria. Ninguna de las dos cosas es buena para el equilibrio institucional.