El 90% de plasma que salva vidas en España viene de los malisimos EE.UU.

El 90% del plasma español viene de EE.UU. por una ley absurda​

¿Cómo es posible que España, con un sistema público de donación altruista, importe el 90% del plasma que necesita de Estados Unidos, donde se paga a los donantes? La respuesta es una contradicción regulatoria que cuesta caro.

La ley española prohíbe cualquier compensación económica por donar sangre o sus componentes. El objetivo es noble: evitar que personas vulnerables donen por necesidad. Pero el resultado práctico es que el país no produce suficiente plasma para cubrir la demanda de tratamientos contra cáncer, enfermedades autoinmunes y hemofilia. La alternativa es importarlo de EE.UU., donde la compensación económica está permitida y las empresas como Grifols —de origen español— operan a gran escala. El sobrecoste, según cálculos recurrentes, puede multiplicar el precio por cien.

El círculo se cierra con Grifols, el mayor productor mundial de derivados del plasma. Aunque la empresa nació en España, Estados Unidos ha convertido la industria del plasma en un bien estratégico. La paradoja es completa: España exporta know-how y acaba comprando el producto final a precio de mercado internacional.

Detrás del debate hay una tensión entre ética y eficiencia. Quienes defienden el modelo actual señalan los riesgos de mercantilizar la sangre: donantes que ocultan enfermedades, posible explotación. Quienes lo critican ponen sobre la mesa los números: una dependencia exterior que roza el 90% y un coste disparado para el sistema sanitario.

Mientras tanto, el sistema público sigue comprando plasma a precio de oro, y la discusión sobre si incentivar económicamente la donación se eterniza. La coherencia, desde luego, no es el fuerte de la regulación española.

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