El 90% de opositores a jueces y fiscales son mujeres

El 90% de los opositores a juez son mujeres: radiografía de un malestar​

El 90% de las personas que opositan a una plaza de juez o de fiscal son mujeres. El 10% restante, hombres. La media de preparación se estira hasta los 4,7 años y el grupo de edad más nutrido se concentra entre los 20 y los 29. La foto, en frío, describe una transformación del poder judicial. Es también el trampolín de un malestar que ya no se susurra: la sospecha, expresada por varios participantes, de que las reglas que ordenan la vida pública empiezan a escribirse con una sola mirada.

Una judicatura que se oposita en femenino​

En el hilo se citan datos según los cuales el patrón desborda los tribunales: en ramas como justicia, farmacia, sanidad, educación y administración la presencia femenina ronda ya el 70% y sigue subiendo. Una explicación que se repite entre los foreros es que las oposiciones exigen años de estudio sin sueldo y aguante para la incertidumbre, algo que, sostienen, muchos hombres no pueden asumir.

Ahí chocan dos relatos. Una corriente sostiene que este desplazamiento prueba que las decisiones colectivas quedan en manos de quienes, según su tesis, priman la emoción sobre el cálculo. Otra, también presente en el debate, responde que las mujeres no han causado nada por sí mismas y que detrás hay propaganda y un plan del poder, no una supuesta conspiración femenina. Ninguna de las dos se sostiene con un dato único.

El gasto público y la cuenta que nadie cuadra​

Una de las tesis más repetidas del malestar afirma que el feminismo se ha convertido en la mayor red de gasto institucionalizado, un expolio imposible de auditar. Los números que circulan son gruesos: según el cálculo que uno de los participantes hace en el hilo, los pagos de intereses de la deuda se sitúan cerca del **6% del PIB** y la Seguridad Social y las pensiones, por encima del **40%**, de modo que ahí se va medio presupuesto antes de discutir igualdad alguna.

El detalle que se repite como prueba son los documentos autonómicos. Uno de 2018 llegó a contabilizar casi **500 páginas de recursos** destinados a políticas con perspectiva de género en una sola comunidad, según el participante que cita el documento. Multiplicado por diecisiete territorios y por cada ministerio, añade, el resultado se vuelve un agujero del que nadie da la cifra exacta. En el hilo se replica, en cambio, que las «políticas con perspectiva de género» no son lo mismo que las políticas de género y que contabilizar todo el gasto sanitario o educativo infla cualquier cálculo.

Separar a los alumnos a los 14 años: la propuesta incómoda​

Otra derivada del debate es más incómoda. Hay quien plantea segregar a chicos y chicas a partir de los **14 años** —aulas, enseñanza militar, baños— para que los adolescentes varones no se cohíban al decidir delante de ellas. El argumento descansa en una idea vieja: la vida se mide por certezas y ciertos entornos se vuelven correccionales cuando el grupo impone su doctrina. La objeción es inmediata y también vieja: dónde queda entonces quien no encaja en ninguno de los dos cajones.

Quién decide y quién ejecuta el trabajo sucio​

En el fondo late una tesis sobre el poder, no sobre el sexo. Se argumenta que una sociedad diseñada desde el buenismo genera problemas que luego no sabe cerrar, y que el recurso a la fuerza —el trabajo que no se quiere asumir— acaba delegándose en otros. De ahí el corolario más amargo de quien lo sostiene: si muchos hombres se sienten señalados como machistas o retrógradas por no comulgar, dejan de defender el terreno y lo entregan a quien no tiene escrúpulos. La respuesta a esa sospecha no se resuelve con un titular, sino preguntando cuánta de esa fractura es económica y cuánta es cultural.

Natalidad en 1,2 hijos e inmigración de fondo​

Y debajo de todo, el dato que uno de los participantes pone sobre la mesa: la natalidad se ha hundido hasta **1,2 hijos por mujer, inmigrantes incluidos**. Ese número, señala, hace el problema irreversible: no habrá vuelta a la sociedad de los noventa. El resto de la discusión sobre qué hacer con ese dato, en cambio, no se cierra en el hilo.

¿Es este malestar una queja económica disfrazada de guerra de sexos, o una guerra de sexos disfrazada de economía? El dato no lo aclara. La discusión, tampoco.