EE.UU. presiona a España en Gibraltar: ¿teatro o amenaza real para la economía?
El verdadero objetivo de la presión estadounidense sobre Gibraltar y las ciudades autónomas no es geopolítico, sino presupuestario: forzar a España a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB. Mientras un comité de la Cámara de Representantes cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla con argumentos históricos endebles, los análisis económicos señalan que el relato de conflicto sirve para justificar un incremento del gasto que de otro modo sería inviable.
El montaje del conflicto
Washington ha amenazado con retirar sus bases de Rota y Morón mientras apunta a Gibraltar como posible escenario bélico. Sin embargo, una corriente de análisis sostiene que se trata de "teatro geopolítico" para que el Gobierno español meta la mano en el bolsillo. La misma estrategia se repitió en Ormuz, Malaca y otros estrechos: se fabrica una crisis, se fuerza un aumento de gasto militar y se compra armamento estadounidense. La referencia a las fechas de incorporación de Ceuta y Melilla frente a territorios como Virginia o California es un intento de reescribir la historia, pero carece de recorrido legal.
Los costes reales de la disuasión
Un incremento del gasto militar al 5% del PIB supondría unos 70.000 millones de euros adicionales anuales. En un contexto de deuda elevada e inflación, ese dinero tendría que salir de partidas sociales o de inversión. Quienes defienden la realidad de la amenaza argumentan que Marruecos, pese a su debilidad estructural, podría ser utilizado como proxy por EE.UU. Pero la dependencia energética y de Internet de Marruecos respecto a España convierte cualquier escalada en un suicidio económico para Rabat. Por eso, la mayoría de los análisis descartan un conflicto real a corto plazo, aunque sí anticipan una presión sostenida para que España asuma más costes de defensa.
La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo cederá a las exigencias de Washington o si, como en otras ocasiones, el pulso se diluirá cuando cambien las prioridades mediáticas. De momento, el único dato seguro es que la factura de la disuasión la pagarán los contribuyentes.
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