Ecuador invade Méjico. Lío del copón.

Asalto a la embajada mexicana en Quito: el orden internacional cruje​

La policía ecuatoriana entró en la embajada de México en Quito y se llevó detenida a la persona que estaba asilada en su interior. Con ese movimiento, Ecuador ha quebrado uno de los pocos principios que el derecho internacional todavía se toma en serio: la inviolabilidad de una legación extranjera. La consecuencia inmediata fue la ruptura de relaciones diplomáticas; la de largo plazo, un precedente que cualquier país puede invocar mañana. Porque el asunto no va de Quito ni de México. Va de si las reglas sirven para algo cuando chocan con un interés concreto.

Dentro del asunto hay una corriente que celebra la operación sin disimulo —se argumenta que México es un Estado capturado por el crimen organizado y que su embajada protegía a un condenado— y otra que la califica directamente de barbaridad. En medio queda un hecho molesto para todos: el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial se tambalea, y quien lo rompe ya no siempre es la superpotencia. Cualquiera se atreve.

Qué ha pasado entre Ecuador y México​

El eslabón que se cita como desencadenante es la declaración de persona non grata por parte del gobierno ecuatoriano, que consideraba que la legación mexicana estaba dando refugio a un condenado por la justicia de su país. México mantenía el asilo. La discusión sobre quién tenía razón jurídica quedó subordinada a lo que vino después: la entrada de agentes armados en un recinto que el derecho internacional considera inviolable, la detención del asilado y la ruptura de relaciones anunciada desde Ciudad de México.

El detalle que más incomoda no es la detención en sí, sino el método. Cualquier país puede reclamar a un prófugo; ninguno debería poder entrar a buscarlo en una embajada ajena. Esa frontera, que parecía obvia, acaba de dejar de serlo.

¿Es la embajada territorio soberano del país que la ocupa?​

No, aunque casi todo el mundo lo crea. Una embajada no es un trozo de soberanía extranjera plantado en la capital de otro Estado: lo que la protege es una norma distinta, la inviolabilidad, recogida en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y convertida en costumbre desde hace siglos. Sobre el papel es intocable. En la práctica, todo depende de las consecuencias que esté dispuesto a asumir quien la pise.

De ahí sale el matiz que se discute: ¿es entrar a la fuerza en una sede diplomática una invasión territorial? Técnicamente, no. Es una violación de la inviolabilidad, que no es lo mismo, pero que se paga igual de cara. La distinción tiene premio: permite a Ecuador sostener que no ha invadido nada y a México exhibir la ruptura de relaciones como respuesta proporcionada a un atropello. Los dos tienen razón en su parcela, y eso es exactamente lo que hace el conflicto tan difícil de cerrar.

Los precedentes: de Teherán a Viena pasando por la Patagonia​

El asalto a la embajada estadounidense en Teherán es el caso que todo el mundo cita, y con motivo: llevó a Estados Unidos e Irán a décadas sin relaciones diplomáticas. Ese es el listón de lo que puede costar una operación así cuando la otra parte tiene capacidad de hacer daño.

El otro episodio que ha vuelto a circular es el avión del presidente boliviano Evo Morales, retenido catorce horas en el aeropuerto de Viena el 2 de julio de 2013 mientras Francia, Portugal, Italia y España le cerraban el espacio aéreo por la sospecha de que a bordo viajara Edward Snowden. Ningún gobierno occidental dijo entonces gran cosa. Tampoco hubo ruptura alguna. El paralelismo se usa para señalar la selectividad con la que se invoca el derecho internacional, y el argumento es difícil de rebatir: los criterios se aplican según quién los incumpla.

La lista de agravios que circula incluye la voladura de la embajada israelí en Argentina y de la mutual judía AMIA, el asalto a la embajada española en un país centroamericano durante el mandato de Felipe González y un episodio similar en Portugal hace medio siglo. También se recuerda que Israel atacó una representación diplomática iraní en un tercer país y que en Argentina se pretende desconocer un acuerdo con rango de tratado con China a cuenta de una base de seguimiento de satélites en la Patagonia. Cada país arrastra su cuenta pendiente.

Quién condena el asalto y quién mira hacia otro lado​

La condena pública del presidente argentino Javier Milei al asalto ecuatoriano se ha usado como prueba de que el asunto traspasa bloques ideológicos. La ironía es evidente: Argentina figura en la misma lista de reproches que acaba de enumerar. Nadie está en condiciones de dar lecciones, y esa es, quizá, la conclusión más honesta que puede extraerse del episodio.

Lo llamativo es la rapidez con la que el foco ha pasado del hecho jurídico al ajuste de cuentas. Se discute menos si la embajada era inviolable y más a quién conviene que lo sea. En un contexto así, las normas dejan de ser un marco y se convierten en un arma arrojadiza más.

El relato de fondo: narcotráfico, soberbia y una regla agujereada​

Aquí es donde el asunto deja de ser jurídico y se vuelve político. Una parte del análisis sostiene que México funciona como un Estado capturado por el crimen organizado, con los cárteles operando con tolerancia oficial, y que su embajada utilizaba los privilegios diplomáticos para proteger a delincuentes. Es una acusación gruesa, sostenida sin pruebas en la mayoría de los casos, y conviene tratarla como lo que es: una tesis de parte. Enfrente pesa el argumento contrario, que no necesita adjetivos: si entrar en una embajada sale gratis, el paraguas que cubre a todas las demás deja de existir.

También hay quien atribuye a López Obrador un papel de conciencia regional que irrita a medio continente, y quien va más allá y le coloca como pieza de un entramado ajeno. Ese último salto carece de respaldo documental. Se sostiene en la desconfianza, no en los datos, y como tal conviene leerlo.

El terreno donde las lecturas coinciden es el más incómodo: las reglas se respetan mientras beneficien a quien tiene poder para hacerlas cumplir. Cuando eso se rompe, queda la ley de la selva con corbata y comunicado oficial.

Queda por ver qué hace México con la ruptura y qué hace Ecuador con el precedente que acaba de crear. Lo que no se puede calcular todavía es el coste para el resto: cada vez que un país entra a saco en una embajada ajena, la protección de los demás se agujerea un poco más. Nadie sabe cuántos agujeros aguanta el tejido antes de deshacerse.