Dos españoles llevan 16 meses en Black Beach sin juicio ni cargos
Javier Marañón, administrativo cordobés de 52 años, y David Rodríguez, técnico de vídeo granadino de 46, suman 16 meses en la prisión de Black Beach (Malabo) desde su detención en enero de 2025. Fueron a una reunión técnica convocada por el vicepresidente de Guinea Ecuatorial en representación de su empresa, después de que los directivos no comparecieran. El resultado: pasaportes retirados, traslado a la temida prisión y un deterioro de salud grave. Sin cargos formales, sin juicio justo, y con el Ministerio de Exteriores limitándose a «seguir el caso de cerca».
Una encerrona con todas las papeletas
La empresa había obtenido un contrato para obras en el país. A punto de finalizarlas, el gobierno guineano acusó de incumplimiento. Los jefes de la compañía no acudieron a la reunión citada por las autoridades; los dos técnicos sí lo hicieron. A partir de ahí, encierro. Los trabajadores locales que también asistieron lograron salir gracias a recursos judiciales, pero los dos españoles quedaron atrapados. No es un secuestro exprés: es una disputa contractual que el régimen de Obiang ha convertido en rehén diplomático.
La cárcel de Black Beach no necesita presentación. Es el símbolo del sistema penitenciario guineano: sin comida garantizada salvo que la familia pague, sin atención sanitaria, con torturas documentadas por Amnistía Internacional. A los presos blancos, según testimonios, «normalmente no los dejan morir, pero se dan casos de muertes y desapariciones». Dependen de que alguien les lleve alimentos diariamente.
El patrón que se esfumó
La trama recuerda a la novela de Ken Follett «Las alas del águila», sobre el rescate de dos ejecutivos de EDS en Irán. Aquí no hay Ross Perot: los directivos huyeron antes de la reunión. «Cogieron un vuelo a España con escala en un país vecino para no ser trincados en el aeropuerto», según fuentes cercanas. Los empleados, enviados a la boca del lobo sin información suficiente, pagaron el pato. En el debate se apunta que ambos «creían en el compromiso y no se atrevieron a decir que no», una mezcla de miedo al despido y lealtad mal entendida que el mercado laboral español castiga con sistemática dureza.
¿Y el Gobierno?
La inacción oficial es el otro foco. Mientras ONGs y políticos se movilizaron por dos presos de dudosa vinculación con España (condenados a muerte en EE.UU. que acabaron siendo liberados tras una campaña mediática), estos dos ciudadanos de a pie languidecen en el olvido. «Si fueran gays, ya habría un avión oficial», se ironiza. El argumento tiene poso: el Ministerio de Exteriores asegura que sigue el caso, pero las familias denuncian que la protección es inexistente. En un país donde la élite guineana vuela a tratarse a la sanidad pública española, la reciprocidad brilla por su ausencia.
Riesgo país y negocio africano
Detrás de este caso hay una lección económica que las empresas españolas no quieren ver. Hacer negocios en países con instituciones frágiles o cleptocráticas implica un riesgo regulatorio y de cumplimiento que no cubre ningún seguro. La compañía implicada desapareció del radar; los trabajadores, no. No es la primera vez que ocurre: en 2022, otro empresario español estuvo seis meses en prisión preventiva en Malabo. Y no será la última mientras los contratos se firmen sin cláusulas de protección jurídica y diplomática.
La incógnita es cómo salir de ahí. No hay rescate militar a la vista, ni voluntad política para forzar la liberación. Las opciones pasan por pagar una suma indeterminada (la vía habitual en estos regímenes) o esperar a que la presión mediática y diplomática, que ahora brilla por su ausencia, se active. Hasta entonces, dos españoles llevan 16 meses en un infierno que nadie parece querer mirar.
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