Donde mas se trinca,Medicina y Txaraina. muyeres ertzainas acosadas por sus exparejas ertzainas.

Varias mujeres agentes de la Ertzaintza sufren violencia de género por parte de sus exparejas, también policías, sintiéndose desprotegidas y sin información interna para su defensa.

La doble cara de la ley en la Ertzaintza

Ser policía debería ser sinónimo de seguridad, tanto para la ciudadanía como para quienes visten el uniforme. Sin embargo, la realidad para algunas agentes de la Ertzaintza es bien distinta. Dos de ellas, cuyas identidades se protegen bajo nombres ficticios, han alzado la voz para denunciar una situación alarmante: ser víctimas de malos tratos y acoso por parte de sus exparejas, quienes casualmente también son miembros de la misma fuerza policial. Una paradoja cruel que las deja en una posición de vulnerabilidad extrema dentro de la propia institución que debería protegerlas. La gravedad de la situación se agudiza al constatar la falta de información y la aparente desprotección que sienten, incluso cuando los agresores han sido condenados judicialmente. El sistema, que se supone debe velar por la seguridad de las víctimas, parece fallar estrepitosamente en su seno.

El caso de Bego, por ejemplo, es desgarrador. Su expareja, también ertzaina, la intentó arrojar por un barranco tras sacarla de la carretera mientras ella iba en bicicleta. Un acto de violencia brutal que, afortunadamente, no tuvo consecuencias fatales gracias a la intervención de otros ciclistas y una pareja que pasaba por allí. La sentencia judicial fue clara: seis meses de prisión, privación del porte de armas y una orden de alejamiento. La pena se incrementó posteriormente en apelación, aunque quedó suspendida bajo condición de no reincidir. De manera similar, Ane, otra agente, sufrió semanas de acoso por parte de su expareja, quien llegó a colocarle pinchos en las ruedas de su coche en cinco ocasiones. Las cámaras de videovigilancia instaladas por Ane grabaron al agresor 'in fraganti', lo que llevó a su condena por acoso y daños.

La burocracia y la falta de información, un obstáculo más

Uno de los puntos más críticos que señalan estas víctimas es la falta de información interna. Aseguran que en la Ertzaintza existe un protocolo para todo, hasta para la máquina de café, pero que en casos de violencia de género ejercida por compañeros, la información fluye a cuentagotas, si es que fluye. "Lo mínimo que pido es información, saber si mi agresor trabaja, si le han expedientado, si le van a retirar el arma... para poder al menos defenderme a mí misma", reclama una de ellas. Esta opacidad genera una sensación de desamparo, obligando a las víctimas a estar constantemente alerta, sin saber si se cruzarán con su agresor en el trabajo o en algún servicio.

La comparación con el caso de Laura Cruz, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes en agosto de 2026, es inevitable y pone de manifiesto la urgencia de estos problemas. A pesar de que el agresor de Laura había sido condenado por malos tratos y se le había retirado el arma, logró acceder al cuartel y cometer el asesinato. Este trágico suceso, que conmocionó al país, sirvió para reflexionar sobre la gestión del riesgo y la necesidad de avisar a las víctimas para anticiparse a momentos críticos. La abogada penalista Ana Cal Estrela, especializada en violencia de género, subrayó en redes sociales la importancia de esta comunicación para prevenir situaciones de peligro.

El peso de la profesión y la "nube negra"

Paradójicamente, ser policía puede convertirse en un arma de doble filo para las víctimas de violencia de género. "Ser policía me ha perjudicado como víctima de violencia de género porque se presupone que me sé defender", asume una de las agentes. Esta presunción de autodefensa puede llevar a una infravaloración del riesgo y a una menor protección por parte de la institución. La "nube negra", esa atmósfera opresiva y de control que teje el agresor, se agudiza cuando la víctima tiene conocimientos de defensa personal, ya que el agresor puede percibirlo como un desafío o, irónicamente, como una razón para intensificar su control.

El agresor de Bego, por ejemplo, la denunció decenas de veces, una táctica habitual para entorpecer la vida diaria de la víctima, aunque ella siempre salió absuelta. Las amenazas de quitarle a la hija, un chantaje recurrente, o el rayado del coche, formaban parte de un patrón de violencia que se prolongó durante años. La convivencia se convirtió en un infierno, obligando a Ane a cambiar de domicilio. La campaña de difamación contra ella, incluso entre compañeros, la convirtió en "persona non-grata" en su pueblo, una situación similar a la que vivió Bego. El proceso de separación, que debería ser un derecho, se transformó en una batalla legal y emocional, marcada por el miedo y la incertidumbre.

El riesgo de coincidir en servicio

Las órdenes de protección, aunque vigentes, no siempre garantizan la seguridad total. Ambas agentes han coincidido con sus exparejas en servicios, obligándolas a retirarse o a tomar precauciones adicionales. "Aunque estamos en unidades y grupos distintos, nos pueden mandar al mismo sitio", explica Ane. La falta de comunicación interna sobre la presencia de un agresor en un mismo servicio genera situaciones de alto riesgo. La justificación de la Ley de protección de datos, que impide comunicar a la víctima si su agresor ha sido expedientado o se le ha retirado el arma, es vista por ellas como una excusa para pensar más en el agresor que en la víctima. La necesidad de que sean ellas mismas quienes informen de cambios en el coche o de la presencia de su expareja subraya la urgencia de reformar los protocolos y garantizar una comunicación fluida y efectiva para la protección de las agentes.