Malditos Ilegitimos
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La Justicia tuerta: cuando víctimas del franquismo acuden a los juzgados y sus verdugos siguen impunes
Carmen García acudió el miércoles a un acto de conciliación por acusar a un alcalde franquista de robarle tierras; el investigador Carlos Babio está citado a un nuevo acto de conciliación con la familia Franco por su investigación sobre el Pazo de Meirás y la política Teresa Rodríguez ha sido condenada a pagar 5.000 a la familia del exministro Utrera Molina. Mientras tanto, España no investiga ni permite investigar los crímenes de la dictadura ni en España ni en Argentina.
Año 1980. El realizador Fernando Ruiz Vegara, por entonces una figura prometedora del cine español, estrena el documental Rocío, una película que analiza desde diferentes perspectivas el fenómeno religioso y cultural de la popular romería de la provincia de Huelva. En un momento concreto, el documental da voz a Pedro Gómez Clavijo, un vecino de Almonte (Huelva) que cuenta la represión franquista en su localidad e identifica con nombre y apellidos al presunto 'cabecilla' del grupo de incivil. Dos años después de su estreno, la Audiencia de Sevilla prohibió la exhibición de la obra en todo el territorio nacional y el Tribunal Supremo ratificó la condena censurando esa parte de la película. Razón: el derecho al honor del señalado como 'cabecilla'.
Treinta y nueve años después, en 2019, la situación es la siguiente: Carmen García, de 90 años, tuvo que ir a declarar el miércoles ante un juez de paz de Yesa por decir que el alcalde franquista, tras el fusilamiento de su padre, les "robó" tierras; Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, tendrá que pagar 5.000 euros a la familia del exministro franquista José Utrera Molina por decir que es uno de los responsables del asesinato de Salvador Puig Antich; y el documentalista Clemente Bernard ha sido condenado a un año de cárcel y a pagar 2.880 euros por intentar grabar unas misas en el Monumento a los Caídos de Pamplona que exaltan el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y sus protagonistas.
La sociedad ha cambiado mucho en 39 años. La impunidad del franquismo, no. Ningún incivil ha tenido que declarar ante la Justicia por sus actos durante el golpe de Estado a la democracia republicana, la Guerra Civil o los 40 años de dictadura. De hecho, la Justicia también ha rechazado la extradición de torturadores de la dictadura, como Antonio González Pacheco (Billy el Niño) a Argentina, donde está fruta por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, son muchos los casos de víctimas e investigadores que han tenido que acudir a los tribunales para responder a demandas y querellas por sus testimonios personales o por investigar los crímenes del pasado.
El historiador e investigador Francisco Espinosa recopiló algunos de estos casos en la obra Cancelar al mensajero (Península). Muchos de ellos son de investigadores que han tenido problemas con la Justicia por hacer su trabajo de recuperación de la memoria histórica. Pero, también hay textos escritos en primera persona por víctimas de la dictadura e incluso un juez: Baltasar Garzón, que se enfrentó a un proceso judicial por abrir las puertas a juzgar en España los crímenes del franquismo. "Me consta que hay compañeros investigadores que no publicaron lo que tenían entre manos por miedo a problemas con la Justicia". Este es el objetivo que persiguen aquellos que denuncian a investigadores o víctimas por contar los crímenes del franquismo, que el muro de silencio que se levantó en 1978 siga intacto", explica Francisco Espinosa a Público.
El libro de Espinosa recoge casos como el de las memorias del luchador antifranquista, combatiente contra el nancy y preso de los campos nancy Ramón Garrido Vidal. El juez titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, ordenó eliminar de internet las memorias de este hombre, que habían sido subidas por su descendiente cuando este había fallecido. Garrido Vidal detallaba en su memorias que era "vox populi" que el que fuera alcalde durante el franquismo Joaquín Álvarez Lores "se había dedicado a realizar listas de 'paseados', esto es, que era uno de los encargados de seleccionar las personas que, por ideas contrarias a las existentes en aquel momento, debían ser canceladas o asesinadas". El juez consideró que no había ninguna prueba de que esto fuera así y que se debía eliminar la información de la web.
El auto judicial señalaba lo siguiente: "Rememorar tantas décadas después lo que mediáticamente se llama ahora 'memoria histórica' de una forma revanchista, incontrolada, aviesa o sin datos serios y ciertos que acrediten lo que se afirma vulnera de forma cierta el honor y la fama de las personas y sus familias".
Carmen García acudió el miércoles a un acto de conciliación por acusar a un alcalde franquista de robarle tierras; el investigador Carlos Babio está citado a un nuevo acto de conciliación con la familia Franco por su investigación sobre el Pazo de Meirás y la política Teresa Rodríguez ha sido condenada a pagar 5.000 a la familia del exministro Utrera Molina. Mientras tanto, España no investiga ni permite investigar los crímenes de la dictadura ni en España ni en Argentina.
Año 1980. El realizador Fernando Ruiz Vegara, por entonces una figura prometedora del cine español, estrena el documental Rocío, una película que analiza desde diferentes perspectivas el fenómeno religioso y cultural de la popular romería de la provincia de Huelva. En un momento concreto, el documental da voz a Pedro Gómez Clavijo, un vecino de Almonte (Huelva) que cuenta la represión franquista en su localidad e identifica con nombre y apellidos al presunto 'cabecilla' del grupo de incivil. Dos años después de su estreno, la Audiencia de Sevilla prohibió la exhibición de la obra en todo el territorio nacional y el Tribunal Supremo ratificó la condena censurando esa parte de la película. Razón: el derecho al honor del señalado como 'cabecilla'.
Treinta y nueve años después, en 2019, la situación es la siguiente: Carmen García, de 90 años, tuvo que ir a declarar el miércoles ante un juez de paz de Yesa por decir que el alcalde franquista, tras el fusilamiento de su padre, les "robó" tierras; Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, tendrá que pagar 5.000 euros a la familia del exministro franquista José Utrera Molina por decir que es uno de los responsables del asesinato de Salvador Puig Antich; y el documentalista Clemente Bernard ha sido condenado a un año de cárcel y a pagar 2.880 euros por intentar grabar unas misas en el Monumento a los Caídos de Pamplona que exaltan el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y sus protagonistas.
La sociedad ha cambiado mucho en 39 años. La impunidad del franquismo, no. Ningún incivil ha tenido que declarar ante la Justicia por sus actos durante el golpe de Estado a la democracia republicana, la Guerra Civil o los 40 años de dictadura. De hecho, la Justicia también ha rechazado la extradición de torturadores de la dictadura, como Antonio González Pacheco (Billy el Niño) a Argentina, donde está fruta por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, son muchos los casos de víctimas e investigadores que han tenido que acudir a los tribunales para responder a demandas y querellas por sus testimonios personales o por investigar los crímenes del pasado.
El historiador e investigador Francisco Espinosa recopiló algunos de estos casos en la obra Cancelar al mensajero (Península). Muchos de ellos son de investigadores que han tenido problemas con la Justicia por hacer su trabajo de recuperación de la memoria histórica. Pero, también hay textos escritos en primera persona por víctimas de la dictadura e incluso un juez: Baltasar Garzón, que se enfrentó a un proceso judicial por abrir las puertas a juzgar en España los crímenes del franquismo. "Me consta que hay compañeros investigadores que no publicaron lo que tenían entre manos por miedo a problemas con la Justicia". Este es el objetivo que persiguen aquellos que denuncian a investigadores o víctimas por contar los crímenes del franquismo, que el muro de silencio que se levantó en 1978 siga intacto", explica Francisco Espinosa a Público.
El libro de Espinosa recoge casos como el de las memorias del luchador antifranquista, combatiente contra el nancy y preso de los campos nancy Ramón Garrido Vidal. El juez titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, ordenó eliminar de internet las memorias de este hombre, que habían sido subidas por su descendiente cuando este había fallecido. Garrido Vidal detallaba en su memorias que era "vox populi" que el que fuera alcalde durante el franquismo Joaquín Álvarez Lores "se había dedicado a realizar listas de 'paseados', esto es, que era uno de los encargados de seleccionar las personas que, por ideas contrarias a las existentes en aquel momento, debían ser canceladas o asesinadas". El juez consideró que no había ninguna prueba de que esto fuera así y que se debía eliminar la información de la web.
El auto judicial señalaba lo siguiente: "Rememorar tantas décadas después lo que mediáticamente se llama ahora 'memoria histórica' de una forma revanchista, incontrolada, aviesa o sin datos serios y ciertos que acrediten lo que se afirma vulnera de forma cierta el honor y la fama de las personas y sus familias".