El problema es que siempre tenemos esa tendencia natural a buscar patrones y encontrar similitudes con las protestas sociales de otras épocas. Se me ocurre, por ejemplo, lo sucedido durante los comienzos de la Revolución Industrial. Sobre dicha revolución habría mucho que explicar y aclarar, pues a menudo se la contempla como un fracaso del capitalismo y como una lucha intestina entre ricos y pobres, modestos trabajadores y empresarios hacendados, cuyo fin último habría sido tratar a sus empleados con una actitud sádica, obligándolos a trabajar hasta la extenuación a cambio de un mísero trozo de pan. Esa es la caricatura, pero no la realidad.
Sin embargo, este artículo no trata de eso, sino de la comparativa de la que hablaba. Y es que los conflictos de antaño nada tienen que ver con los actuales.
Los de hoy tienen una novedad fundamental: la existencia de las redes sociales y de un relato procedente de la izquierda que ha calado en nuestra juventud y en buena parte de la sociedad, haciéndoles creer que uno tiene una serie de derechos por el mero hecho de nacer. Y no me refiero únicamente al derecho a transitar libremente por la calle, a trabajar en lo que uno quiera o a disfrutar de igualdad ante la ley. No. El problema es que, desde hace décadas, la izquierda, sobre todo, aunque no exclusivamente, ha transmitido la idea de que todo tiene que ser fácil y gratis, y de que el Estado está ahí para proporcionar esa facilidad y esa gratuidad.
A esto se suma una gran parte de la población que vive subsidiariamente del Estado. Me estoy refiriendo a los pensionistas, los empleados públicos —de los cuales los funcionarios son solo una parte—, las cientos de empresas públicas y organizaciones de distinto tipo, como asociaciones, sindicatos, ONG, etcétera. Y, por último, a todas aquellas personas que, sin depender todavía subsidiariamente del Estado, esperan su turno, pues aspiran a convertir esa dependencia en una forma de vida.
En definitiva, se ha transmitido la idea de que vivir a costa del Estado no es solo una posibilidad, sino un derecho. Y por eso vemos a miles de jóvenes desencantados que, al comprobar que su vida no es como esperaban porque no consiguen alcanzar el nirvana estatal que les habían prometido, reaccionan de distintas formas: unos acampando en Sol, otros rompiendo escaparates y otros reventando actos electorales de partidos que pretenden poner el centro de atención en el trabajo, y no en la subsidiariedad del Estado.
Por un lado, tenemos el gran negocio del dinero público en el que partidos como el PSOE y el PP, amén de otros partidos periféricos y nacionalistas, han convertido al Estado. Y, por otro, la inmadurez mental en la que hemos sumido a gran parte de la juventud, haciéndole creer que la realidad se puede moldear a gusto y manera de nuestros deseos.
¿Quieres una casa? No hay problema: la ocupas y punto. ¿Quieres un sueldo gratis sin trabajar? Vota al PSOE o a Sumar y te lo harán posible. Esto último es un disparate, obviamente, pero créanme si les digo que hay muchos jóvenes convencidos de que semejante cosa es posible.
¿Existe una solución a corto plazo?
Luchar contra este monstruo que, entre todos los políticos, han construido no será fácil. Como primer paso hay que quitarles la venda de los ojos a millones de personas para que vean la realidad tal como es, y no como quieren verla. Hay que decirles, como a los niños pequeños, que la realidad obedece a unas reglas inalterables y que lo que a ti te sale gratis otro lo tiene que pagar. El problema es que muchos no querrán que se les quite la venda, igual que muchos niños no desean que sus padres les digan que los Reyes Magos son ellos, a pesar de que era una sospecha que ellos, los niños, tenían desde hace tiempo.Pero, claro, admitir esto supondría reconocer que tendrás que trabajar, y hacerlo bien, para poder vivir. Supondría reconocer también que, si alguien te paga diez, tú primero tendrás que producir, como mínimo, el doble. Y así sucesivamente. No puedes pretender que la sociedad te devuelva algo si tú previamente no has aportado nada a cambio.
Pero, como digo, esto es ahora mismo misión imposible.
A todo ello se suma el egoísmo personal de los votantes socialistas, especialmente los del PSOE, quienes no se cortan en reconocer que votarán a quienes les suban la pensión, aunque eso suponga empobrecer al país, o lo que es lo mismo, condenar a sus nietos a cobrar sueldos mínimos, a no tener trabajo o a tener que emigrar a otro país que no sea un infierno fiscal, que es en lo que se ha convertido la España de hoy.
Sobre los disturbios
Lo que está sucediendo en Francia, España y otros países de Europa es consecuencia de la política del dejar hacer de unos dirigentes cuya actitud resumió perfectamente el señor Macron cuando, mientras ardía París, él se había ido con su señora a disfrutar de un bonito concierto de Céline Dion.La situación recuerda perfectamente a la fase previa de la Revolución Francesa, cuando el pueblo se moría de hambre por las calles y la burguesía, los empresarios de entonces, estaban hartos de pagar impuestos, mientras el rey Luis XVI, su señora y toda su cohorte disfrutaban de fiestas interminables en el palacio de Versalles. Allí se entregaban a toda clase de excesos, todo ello aderezado con banquetes descomunales en los que se acumulaba tanta comida que buena parte acababa desechada, porque los comensales ya tenían las barrigas más que saciadas.
Esa es la imagen de una clase dirigente que vive completamente ajena a la realidad de su pueblo, convencida de que puede seguir disfrutando de sus privilegios mientras los demás soportan las consecuencias de sus decisiones. Y esa es también la imagen que me viene a la cabeza cuando observo la actitud de determinados políticos actuales.
Las soluciones
Se me antoja que una primera solución para remediar estos altercados sería detener a todos los culpables e imponerles multas de cinco cifras o, directamente, penas de cárcel. Pero eso no sería más que una aspirina para calmar el dolor. La auténtica solución pasa por atajar el origen del problema.El origen del problema es, a mi juicio, el gran negocio del dinero público, y el Estado.
Hay que reducir el Estado un 90 %, eliminar todas las subvenciones y revisar de cabo a regazo la función pública. No puede ser que el Estado se haya convertido en la mayor empresa y agencia de colocación de un país, ni que se utilice el dinero de los contribuyentes para mantener una estructura administrativa descomunal, alimentar redes clientelares y perpetuar la dependencia económica de millones de personas.
Hay que acabar con ese sistema en el que los políticos disponen del dinero ajeno como si les perteneciera, repartiéndolo a conveniencia y utilizándolo para comprar voluntades, sostener organizaciones afines y asegurarse un electorado dependiente de sus decisiones.
La función de la Administración debe reducirse a lo estrictamente necesario, y muchas de las tareas que hoy desempeña podrían delegarse en empresas privadas que se encarguen de prestar esos servicios. De ese modo, si una empresa falla, empieza con huelgas o, simplemente, no cumple con su cometido, se la despide y se contrata a otra. Así de sencillo. En lugar de soportar indefinidamente las ineficiencias de una estructura que parece intocable, se introduce la competencia y se obliga a quien presta el servicio a responder por sus resultados.
Porque el problema de fondo no son únicamente los disturbios, los escaparates rotos o los actos electorales reventados. El problema es el modelo de sociedad que hemos construido: una sociedad en la que demasiadas personas han llegado a creer que tienen derecho a recibir sin producir, a exigir sin aportar y a vivir a costa de los demás.
Mientras sigamos alimentando esa mentalidad, seguiremos acumulando frustración, dependencia y conflictos sociales. Y mientras los políticos continúen utilizando el dinero público para sostener su particular negocio, será muy difícil revertir la situación.
La solución pasa por recuperar la responsabilidad individual, el valor del trabajo y la conciencia de que la riqueza no aparece por arte de magia. Alguien tiene que producirla antes de que pueda repartirse.
Y, sobre todo, pasa por comprender que el Estado no es una fuente inagotable de dinero, sino una estructura que se alimenta de los recursos que previamente ha generado la sociedad. Confundir ambas cosas es el camino más rápido hacia la ruina económica y sarracena de un país.