Difrutado del genocida milei, justifica la retirada de medicinas a los pensionistas argentinos.

Argentina limita la medicación gratuita a los jubilados​

El Gobierno de Javier Milei ha dejado de financiar por igual la medicación de todos los pensionistas argentinos. La entrega gratuita de fármacos a través del PAMI —la cobertura sanitaria de los jubilados— ha quedado restringida a quienes cobran menos de 388.500 pesos y obliga, además, a un trámite de inscripción. Es un ajuste del gasto farmacéutico que llega tras meses de tijera y que ha abierto una discusión que desborda la farmacia: quién paga la salud de los mayores cuando el Estado se queda sin caja.

¿Qué cambia para los jubilados con la reforma del PAMI?​

El acceso deja de ser universal dentro del colectivo. Quien supera el umbral de renta pierde la gratuidad y pasa a pagar de su bolsillo; quien queda por debajo la conserva, pero con papeleo. La medida se presentó como una focalización del gasto —dar la ayuda a los que menos tienen— y así la defienden algunas lecturas económicas: en un país que llegó a tener la mitad de su población en la pobreza, sostener el 100% del coste para todos por igual resultaba insostenible.

La otra versión es más incómoda. Los tratamientos crónicos no son un capricho: son un gasto rígido, mensual y vitalicio. Un jubilado que sale del sistema gratuito no deja de necesitar el Sintrón ni la insulina, y el precio de esas cajas se mueve con la inflación, no con la pensión. Aquí el cálculo fino importa más que la consigna.

El diputado que responde con la familia del pensionista​

El momento que más ha circulado es una intervención parlamentaria. Preguntado por cómo pagará un jubilado sus medicamentos si se retira la cobertura, un diputado libertario respondió que el pensionista tendrá amigos y familiares que le ayuden, según las crónicas que recoge la discusión. La respuesta se ha leído como cinismo puro por parte de quienes sostienen que la salud de los mayores no puede depender de la solidaridad privada.

El episodio resume bien el choque de marcos. Para unos, la familia es una red legítima de apoyo. Para otros, es la constatación de que el Estado se está quitando de en medio y trasladando el problema al salón de casa.

17.000% de inflación y la mitad del país pobre: el argumento del ajuste​

El otro lado del mostrador son los números de partida. Cuando Milei asumió, la inflación se dirigía a un 17.000% anual. A principios de año, la mitad de la población era pobre, un 20% era indigente y dos de cada tres niños tenían problemas para comer todos los días. Con ese punto de partida, el argumento oficialista es que sin el ajuste el país se convertía en Venezuela en cuestión de meses.

La versión menos épica es que la pobreza ha bajado —las estimaciones sobre los datos de septiembre apuntan al 38% de pobreza y al 9% de indigencia— y que, por tanto, el ajuste funciona. Falta saber a qué precio y para quién. También se ha comparado la evolución con Venezuela a partir de las previsiones de crecimiento del FMI, en un ejercicio de espejo incómodo para ambos bandos.

Por qué el gasto farmacéutico es la caja que nadie quiere abrir​

No solo los jubilados acumulan cajas. La sanidad pública reparte medicamentos que terminan intactos en un cajón: en esta discusión se han citado casos de pacientes con treinta envases de analgésicos guardados sin abrir, recetados «por si acaso» y nunca usados. Ese desperdicio es un agujero real en cualquier sistema sanitario, argentino o español.

Ahora bien, de ahí a concluir que el paciente medio abusa hay un trecho. El uso racional del medicamento no se arregla retirando la cobertura a quien cobra un poco más, sino controlando prescripción y dispensación. La diferencia entre ambas cosas es la que separa un ajuste contable de un problema de salud pública.

España mira de reojo​

El debate funciona como espejo. En España, con sanidad pública y población envejecida, la pregunta de quién paga la factura de los mayores lleva años rondando sin resolverse. En el intercambio ha aparecido la idea de limitar la financiación pública de los fármacos a los pensionistas con rentas altas y, en frente, la contraria: que la salud es un asunto público y hacer negocio con ella es la mayor perversión posible del sistema.

También se cuela el factor demográfico: cualquier discusión sobre gasto sanitario en un país que envejece acaba siendo, quieran o no, una discusión sobre cómo se reparte la carga entre generaciones.

Si el patrón argentino se sostiene, lo previsible es que el gasto farmacéutico siga bajando y que el asunto se mude de la farmacia a la consulta y de la consulta a la urna. Previsible, no seguro: el mismo ajuste que alivia la caja puede devolver a los hospitales, por la puerta de urgencias, a los pacientes crónicos que dejaron de tomarse la pastilla.