DGT avisa de los vehículos que no podrán circular en España desde el 2023

Solo uno de cada cuatro coches circula libre con la ley climática​

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, obliga a las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes a definir zonas de bajas emisiones. Son 149 localidades y alrededor de 24 millones de residentes los que quedan bajo ese paraguas, según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico. A partir de ahí, la etiqueta del parabrisas decide por dónde se entra y por dónde no.

La medida no se queda en las grandes urbes. La intención es extenderla a municipios de más de 20.000 habitantes, lo que alcanzaría a cerca del 53% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística. Desde la propia DGT admiten que todavía queda mucho camino por recorrer. Para la mayoría de conductores, la etiqueta no es una buena noticia.

¿Qué vehículos no podrán circular en 2023 según la DGT?​

En determinadas zonas quedan fuera los vehículos con distintivo A, B y C, que son la mayor parte del parque móvil hoy en circulación. Traducido a la práctica: solo uno de cada cuatro coches puede moverse con libertad por la ciudad; el resto, únicamente por las áreas habilitadas. Los híbridos circularían con la misma holgura que los eléctricos, aunque su peso real no llega al 4% del total.

El dato de fondo es el que explica el enfado. Alrededor del 75% de los vehículos que ruedan por España siguen quemando combustible. Cualquier normativa climática que ignore ese porcentaje choca de frente con la realidad del parque móvil, y eso es exactamente lo que está pasando.

Peaje urbano para las etiquetas B y C​

Los vehículos más antiguos no tendrán entrada de ninguna forma. Los que lleven distintivo B o C podrán acceder a las zonas de bajas emisiones previo pago de un peaje urbano que diseñarán los ayuntamientos. Los ECO y los cero emisiones no necesitan nada para entrar, sea o no zona restringida.

Ahí salta la primera contradicción. El propietario de un coche con etiqueta B sigue pagando impuesto de circulación, seguro e ITV en regla y, además, se le cobra por entrar en una parte de su propia ciudad. La pregunta —si toca devolver algo a quien ya no puede circular por donde venía pagando— sigue sin respuesta oficial. Para una parte de los participantes, la etiqueta funciona en la práctica como coartada ecológica de un peaje.

Patinetes eléctricos: seguro obligatorio, casco y 25 km/h​

La DGT suma a los patinetes a la ecuación. Obligará a sus usuarios a llevar un seguro de circulación, con el argumento de concienciar tras el aumento de infracciones notificadas. Desde el mes de marzo ya rigen otras normas: retirarlos de aceras y zonas peatonales, no superar los 25 km/h, uso obligatorio del casco, un solo ocupante por aparato y presentar un certificado de circulación.

Los vehículos históricos se libran del veto​

Un resquicio cambia el mapa. Un nuevo reglamento de la DGT, que entraría en vigor el 2 de enero, permite que los vehículos históricos —los de al menos 30 años de antigüedad— circulen por las zonas urbanas de bajas emisiones. El efecto colateral ya se deja notar: los clásicos suben de precio y se reivindican como alternativa de fin de semana frente al coche nuevo gravado.

Residentes y desplazamientos: la duda del padrón​

Hay quien entiende que la restricción no se aplica a los residentes; otros se preguntan qué cuenta como tal. El caso del conductor que guarda el coche en un garaje de una gran ciudad sin vivir en ella resume el lío: ¿basta con tener plaza o cuenta el empadronamiento? En el hilo nadie lo aclara. A eso se suma el temor a moverse entre localidades vecinas: quien vive en una ciudad y trabaja en otra puede encontrarse con dos mapas distintos en el mismo trayecto.

¿Es una medida climática o recaudatoria?​

Aquí el consenso se rompe. Una corriente sostiene que el objetivo real no es el aire limpio, sino la caja: quien puede pagar, entra; quien no, se queda fuera, y el resultado recaudatorio es idéntico. Frente a eso, el argumento oficial insiste en que la restricción persigue reducir emisiones en las zonas más densas.

Otras voces miran al horizonte marítimo. Hay quien sostiene que los veinte barcos más grandes del mundo contaminan como todos los coches juntos, de modo que el esfuerzo individual se queda en anécdota. Y no falta quien sospecha que los coches oficiales seguirán circulando sin problema, con independencia de la etiqueta que lleven.

El control telemático y la desconfianza​

Para 2026, la DGT quiere tener todos los coches inscritos en un programa de control con el fin de ordenar el tráfico y reducir accidentes. La letra pequeña inquieta a algunos: un vehículo conectado es un vehículo localizable, y hay quien teme que esa misma tecnología pueda llegar a bloquearlo. El giro no es menor, y algunos hablan ya de un vuelo blanco desde los centros urbanos.

La comparación con épocas pasadas planea en buena parte de las opiniones recogidas, con referencias a la dictadura y a una supuesta mayor libertad al volante hace décadas. Son opiniones, no datos, pero marcan el tono. Y hay quien recuerda que, según se afirma en el hilo, solo VOX votó en contra de la ley.

El análisis se atasca en un punto concreto: la norma distingue etiquetas, pero no resuelve la contradicción de cobrar por circular a quien se le prohíbe circular. Mientras tanto, el conductor con un diésel de 2010 y etiqueta B sigue sin saber por dónde podrá ir y por dónde no. Nadie le ha dado el mapa.