DESESPERACIÓN DE REMERO: "Estoy considerando seriamente pedir un prestamo y largarme de España sin pagarlo. Estoy hasta los puros cojines de remar"

Pedir un préstamo y largarse de España: el plan de huida que se verbaliza​

Un trabajador de hostelería con años de antigüedad, la nómina domiciliada y ninguna propiedad a su nombre ha verbalizado lo que muchos callan: pedir un préstamo, irse del país y no devolverlo. El asunto lleva tiempo sobre la mesa y ha derivado en un catálogo de vías, argumentos y cuentas sobre cuánto se puede sacar, cuánto tarda en difuminarse una deuda y dónde se vive mejor con ese dinero. El importe ronda los «miles de euros», sin más concreción, y la entidad lo concede sin aval porque el solicitante lleva años siendo un buen pagador. Ese es el retrato.

La pregunta de fondo no es moral, es técnica. ¿Qué pasa de verdad cuando alguien deja de pagar y se sube a un avión?

¿Es delito no pagar un préstamo antes de irse del país?​

Por el mero hecho de no pagar, no. La distinción que más se repite es que tener deudas no constituye delito: es un incumplimiento civil, no penal, y ningún cuerpo policial persigue a quien no devuelve un crédito. Otra cosa, se advierte, es el robo. El Dioni y su furgón blindado no guardan relación con firmar un préstamo y dejarlo impagado, por mucho que la conversación los junte cada dos por tres.

Que no haya delito no equivale a impunidad. La deuda sigue existiendo, viaja con el deudor y acaba en manos de quien la compre. Tampoco desaparece por cobrar el dinero en ventanilla: el rastro del crédito es la firma, no el destino del efectivo.

¿Cuánto tarda en olvidarse una deuda impagada?​

Aquí aparece el dato con el que se tranquilizan los partidarios de largarse, aunque procede de un solo participante. Según este, el apunte en los ficheros de morosidad —seis años en el caso de la base de datos del CIRBE— marca el reloj. Pasado ese plazo, añade, los derechos de cobro se revenden a empresas de recobro, el rastro se difumina y la reclamación pierde fuerza. La secuencia completa, con sus matices sobre qué se borra y qué no, es uno de los tramos más detallados del asunto.

Frente a eso, el escenario pesimista que traza otro participante: quien se instala dentro de la Unión Europea tiene muchas más papeletas de que la reclamación le alcance que quien se marcha a un país con pocos vínculos económicos con España. Hay un caso citado de un cubano residente aquí que solicitó 17.000 euros, se marchó a Estados Unidos y no volvió. El relato sirve de aviso y de tentación a la vez.

Vivir fuera con 1.000 euros: la pelea de los presupuestos​

El segundo gran eje es cuánto cuesta realmente vivir fuera. Un cálculo detallado sitúa un condominio con gimnasio y piscina cerca del centro de Bangkok entre 500 y 600 euros, recibos por 250 y seguro médico por 100: 1.000 euros cubren vivienda, suministros y sanidad, y sobran unos 1.200 para el resto. El transporte cuesta calderilla y comer fuera, se insiste, es más barato.

La réplica no se hace esperar y es la más extensa del apartado: si quieres reproducir la vida de clase media española en el sudeste asiático —dos hijos en colegio internacional, seguro para cuatro personas, vuelos anuales, casa y ocio— la factura se dispara por encima de los 3.000 euros mensuales, y en España una familia con niños y colegio público necesitaría unos 3.500 euros, según el mismo cálculo. La discusión deriva en si compararse con un nómada que come local o con un residente que a los dos años vuelve a sus costumbres.

• Colegio internacional de dos niños: 3.000 €/mes
• Seguro médico de cuatro personas: 525 €/mes
• Alquiler de un piso de 80 m²: 800 €/mes
• Luz y agua: 100 €/mes
• Vuelos anuales, prorrateados: 500 €/mes
• Casa y comida: 1.000 €/mes
• Ocio y restaurantes: 1.000 €/mes

El problema de la herencia cuando el titular fallece​

El tramo más delicado llega con un supuesto distinto: una persona con enfermedad grave y avanzada que contrata créditos para dejar el dinero a un hijo. La regla que se maneja es que nadie está obligado a aceptar una herencia, y que renunciando a ella no se responde de las deudas del fallecido; aceptarla, en cambio, implica asumir lo bueno y lo malo. Sobre la entrega en vida un participante apunta, sin más base, un impuesto de donaciones entre parientes de primer grado en torno al 1%.

Hay una advertencia jurídica que recorre toda esa parte: si la entidad descubriera que el solicitante conocía un desenlace fatal y aun así firmó, podría intentar sostener una acusación de fraude y dirigirse contra el receptor del dinero. Es una hipótesis, no una resolución judicial, y conviene tratarla como tal.

Dónde se atasca el cálculo​

La burocracia se cuela en la conversación por una puerta lateral: las multas extranjeras que persiguen al ciudadano a través de la Administración tributaria española, con el ejemplo de una sanción de una autopista italiana que acabó bloqueando trámites años después. Nadie cierra del todo el interrogante central: si la deuda se extingue, se compra o se reclama, depende de dónde vivas, con qué banco firmaste y cuánta paciencia tenga el acreedor. Y eso, hoy, sigue sin respuesta clara.

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Este texto resume un debate sobre impago de créditos e incluye afirmaciones particulares no verificadas. No constituye asesoramiento legal, fiscal ni financiero.