Desahucio y ayudas: el caso que indigna a muchos vecinos

El Ayuntamiento de Vitoria descartó el realojo de una familia con seis hijos menores que percibe 2.454 euros mensuales en ayudas y que había rechazado la alternativa municipal. La Ertzaintza desalojó la vivienda de la avenida de los Huetos, 28, tras años de procedimiento judicial del propietario.

La familia vivía de alquiler en el número 28 de la avenida de los Huetos, en el barrio de Sansomendi, en Vitoria. Ocho personas: un matrimonio y seis hijos menores de edad. El contrato había terminado y la propiedad llevaba años intentando recuperar la vivienda por vía judicial. El desalojo se ejecutó con la Ertzaintza entrando en el portal mientras un centenar de personas acampaba frente al edificio para impedirlo.

Un desahucio con dos partes en situación de necesidad

El propietario también está en una situación de necesidad y quiere recuperar su casa, según recogió Noticias Cuatro. La familia, por su parte, llevaba aproximadamente un año buscando otro alquiler sin conseguirlo. Denuncia haber sufrido discriminación por su origen, lo que el Sindicato Socialista de Vivienda califica de «racismo inmobiliario».

El Ayuntamiento de Vitoria había descartado definitivamente el realojo. La familia percibe 2.454 euros mensuales en ayudas y había rechazado la alternativa habitacional que le ofreció el Consistorio, según los datos que maneja el Ayuntamiento.

Cargas policiales y una acampada de un centenar de personas

La Ertzaintza desalojó a los acampados para llegar al portal. Hubo cargas policiales contra los manifestantes que trataban de impedir el desalojo, según las imágenes difundidas por Informativos Telecinco y Mañaneros 360. El momento de la entrada policial en la vivienda quedó registrado por Tribuna Digital7.

El caso ha generado tensión en la ciudad y un debate público sobre los límites de las ayudas sociales, el acceso a la vivienda y la actuación municipal ante familias con menores a cargo. La cifra de 2.454 euros en ayudas y el rechazo del realojo son los dos elementos que más discusión han provocado.

Qué dice la normativa sobre el realojo y las ayudas

Los procedimientos de desahucio por impago o fin de contrato requieren una resolución judicial. La alternativa habitacional para familias con menores depende de los servicios sociales municipales y de los requisitos de acceso a la vivienda pública. En este caso, el Ayuntamiento consideró que la familia no cumplía las condiciones para el realojo.

La discriminación por origen en el acceso al alquiler está prohibida por la ley española. Las denuncias de «racismo inmobiliario» requieren prueba y cauce judicial o administrativo. Cualquier valoración sobre la actuación de las partes debe atenerse a la resolución judicial y a los informes sociales del caso.