Una educadora social, un hombre de Gambia y la Seguridad Social
La historia sería una anécdota: una educadora social, descrita por algunos como de aspecto descuidado y con tatuajes, ha iniciado una relación con un hombre llegado de Gambia. Pero esa noticia personal se ha convertido en una ficha más del debate sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar. La conversación pública ha girado hacia las cotizaciones, la economía sumergida y el futuro de las pensiones.
Hay quien sostiene que, si la pareja no trabaja, no cotiza, y por tanto se convierte en una carga para el sistema de pensiones. Incluso se ha llegado a proponer, con sarcasmo, que estas relaciones deberían formalizarse como un contrato de empleado del hogar, de modo que la aportación a la Seguridad Social quede garantizada. No es una idea descabellada en un país donde la ley ya obliga a regularizar el trabajo doméstico y a dar de alta a quien realiza tareas en casa.
El trabajo que nadie quiere y la sospecha fiscal
El caso ha rescatado también el tópico de que los inmigrantes vienen a ocupar los empleos que los españoles rechazan. Es una frase que se repite en cada oleada migratoria, pero aquí se inserta en una lógica diferente: la relación sentimental se lee como una vía de integración a través del mercado laboral, o como una amenaza para las cuentas públicas si no hay actividad económica. La sospecha fiscal se antepone a lo afectivo.
El amor bajo lupa contable
El desenlace no es un final feliz ni un veredicto económico. Lo que queda de esta historia es la inquietante facilidad con la que una relación interpersonal se convierte en un análisis de costes para la Seguridad Social. Mientras tanto, el sistema de pensiones sigue pendiente de la inserción laboral de los migrantes y de la regularización de trabajos que aún escapan a los radares.