Derroyentes relatos de paterismo inmobiliario latino

Hacinamiento récord en España: cuatro en una cama y la culpa es de los fondos​

En el cuarto piso de un edificio sin ascensor en Sevilla, cuatro personas comparten una sola cama. No es una performance artística: es la nueva normalidad del mercado inmobiliario español. España se ha convertido en el segundo país de la UE donde más ha crecido la sobreocupación residencial desde 2019, solo por detrás de Irlanda, según un reciente artículo de El País que ha reabierto el debate sobre las causas reales de la crisis de vivienda.

El relato oficial insiste en señalar a los fondos de inversión como los grandes malvados. Pero los números cuentan otra historia: la población sigue creciendo a un ritmo insostenible, alimentada por una inmigración masiva que ya supera los 700.000 nuevos residentes al año, mientras la construcción de vivienda nueva no despega. La ecuación es sencilla: más gente compitiendo por el mismo número de techos solo puede acabar en hacinamiento y precios imposibles.

La invasión que no se nombra​

El artículo de El País se centra en la historia de Yulitz, una migrante latina que vive hacinada con su familia en Madrid. Pero el enfoque ha desatado las críticas de quienes consideran que el problema no es la víctima, sino la política migratoria que permite la entrada de cientos de miles de personas cada año sin planificar su integración residencial. "Si vinieran 100.000 cada año en vez de 700.000, el cuento cambiaría y mucho", resume un análisis recurrente en el debate.

Detrás del hacinamiento hay un negocio: el alquiler de camas por turnos, habitaciones que nunca se enfrían, y propietarios que multiplican sus ingresos sin construir una sola vivienda nueva. No son solo los grandes fondos: también hay particulares, a menudo de la misma nacionalidad que los inquilinos, que compran pisos y los realquilan a precios de habitación individual pero con ocupación múltiple.

El espejismo de las ayudas​

Una de las paradojas que señalan los críticos es que el Estado, lejos de solucionar el problema, lo agrava con políticas que incentivan la permanencia. El Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones permiten a muchos migrantes sobrevivir en condiciones de hacinamiento que de otro modo serían insostenibles. "Estos no se van ni con agua caliente", se lee, refiriéndose a la resistencia a emigrar a otros países europeos donde las condiciones son igualmente duras.

Mientras tanto, el español medio ve cómo su alquiler sube para pagar el IBI de un piso que ya no se puede pisar sin encontrarse con otros cuerpos. Y la clase política, atrapada entre el temor a la acusación de xenofobia y la necesidad de gestionar la realidad, opta por el silencio o por desviar la atención hacia los fondos buitre, que sin embargo no se compran pisos para dormir en ellos.

¿Hacia una expulsión silenciosa?​

Algunos análisis apuntan a que el hacinamiento extremo podría estar generando un efecto llamada inverso: migrantes que deciden retornar a sus países al no encontrar las oportunidades prometidas. YouTubers venezolanos que vuelven a Caracas y cuentan que con un taxi o la fontanería se vive mejor que en un piso compartido en Madrid. Pero de momento, los flujos migratorios no se reducen.

El debate deja preguntas incómodas sobre la mesa: ¿es posible mantener el ritmo de llegadas sin colapsar el mercado de la vivienda? ¿Se puede responsabilizar solo a los fondos cuando la demanda crece por factores demográficos? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede aguantar una sociedad viendo cómo cuatro personas se turnan para dormir en una cama de 90?

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