Denuncian por fotografiar aves: ¿hasta dónde llega el control?

Multado un fotógrafo de fauna por cebar águilas en Albacete​

Un fotógrafo con autorización en regla para retratar fauna silvestre acabó denunciado por hacer exactamente eso, pero con un montaje que la norma no permite: varios comederos, uno de ellos con carne de pollo cruda, bebederos, apoyos de madera y PVC y una cámara de fototrampeo vigilando el conjunto las 24 horas. El escenario, dentro de la zona de cría del halcón peregrino y del águila perdicera, en el término municipal de Liétor (Albacete). La patrulla del SEPRONA de Hellín, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, le imputa varias infracciones de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Ni la cámara ni el teleobjetivo son el problema. El problema es el cebo.

Ese matiz, que en el titular se pierde y en el teletipo se subraya, es el eje de una discusión que lleva años abierta: si la Administración protege a los bichos o simplemente administra permisos para fotografiarlos.

Qué hizo el fotógrafo denunciado en Liétor​

Los agentes identificaron primero al denunciado, vecino de la pedanía hellinera de Isso, cuando se dirigía en ciclomotor hacia el embalse del Talave, en Liétor, portando un hide fotográfico desmontado, material profesional y su autorización en vigor. Días después, durante un servicio para prevenir molestias a especies catalogadas en sus zonas de anidamiento, volvieron a identificarle en la misma zona. Esta vez llevaba una red de camuflaje, un altavoz inalámbrico con micrófono y una bolsa con trozos de carne fresca.

El rastro llevó a sus publicaciones en una red social, con imágenes de águila perdicera y otras especies que su autorización no cubría. Y de ahí al escondite: un puesto fijo con bebedero, varios comederos y una cámara de fototrampeo. Estaba dentro del área de cría de dos rapaces especialmente sensibles a la presencia humana. Dos visitas no domestican a un águila, pero un comedero permanente sí altera sus rutinas.

La propia nota del instituto armado lo explicita: un cambio en los elementos del nido puede dejarlo expuesto a los depredadores, y atraer aves con cebo provoca cambios de comportamiento perjudiciales. Los reproductores electrónicos, añade, deben usarse con moderación, sobre todo en época de anidamiento.

¿Por qué se sanciona el cebo y no la fotografía?​

Porque lo que persigue la norma no es la imagen, sino la modificación del entorno. Ahí coinciden incluso los más críticos con el exceso regulatorio: una cosa es hacer fotos y otra instalar un chiringuito que concentra especies protegidas en un punto fijo en plena temporada de cría.

La duda razonable aparece con la escala. Si un aficionado levanta un comedero, ¿qué hace una decena repartidos por la misma sierra? Los propios fotógrafos de naturaleza reconocen la división del gremio: quien camina, suda y dispara lo que aparece, y quien monta decorado y condiciona al ave para conseguir la foto espectacular que luego luce en redes. La diferencia no es el equipo, hay quien gasta 10.000 euros en óptica, sino el método.

La autorización que casi nadie sabe que existe​

Para fotografiar determinadas especies protegidas en determinados espacios hace falta una autorización administrativa con condicionado: qué se puede hacer, dónde y cuándo. El denunciado la tenía y la incumplió en varios puntos. Eso convierte el caso en algo más incómodo que una simple multa: confirma que existe un régimen de permisos que buena parte de los aficionados desconoce por completo.

De ahí salta la comparación que recorre cualquier conversación sobre el asunto. Cualquiera puede grabarte en la vía pública con el móvil, pero tú no puedes levantar un hide en una zona de cría. Un pájaro con más derechos que un ciudadano, resume el cabreo. El matiz técnico es que el derecho de imagen y la protección de una especie catalogada no son la misma categoría jurídica, por mucho que la comparación funcione en la barra del bar.

El monte también se regula por normativa sanitaria​

Hay una derivada menos obvia. La obligación de retirar del campo los animales muertos por normativa sanitaria ha recortado una fuente de alimento que sostenían las rapaces carroñeras, sostienen quienes siguen el día a día de la fauna. Menos carroña en el monte, más presión sobre presas vivas. Es el argumento clásico de que cada norma nueva resuelve un problema y crea dos.

Y en paralelo, la queja de fondo: la sensación de que la regulación crece por acumulación y no por necesidad. No se puede acampar donde apetezca, no se puede podar según qué rama, no se puede limpiar el cauce que inunda tu finca. Parte de esa lista tiene justificación técnica. Otra parte es pura inercia administrativa.

El permiso como filtro económico​

Circula otra lectura, más incómoda: si se restringen los accesos y las zonas, el stock de imágenes ya publicadas gana valor y el terreno queda para quien tiene el book hecho y tiempo libre. El contraargumento es sencillo: las fotos de fauna se comparten gratis por miles en internet y no sostienen ningún mercado relevante. La imagen de un águila no cotiza como un piso.

Lo que sí cotiza es el tiempo. Desplazarse, esperar, aguantar frío y volver con la tarjeta vacía es el coste real de este oficio, y ninguna autorización lo elimina.

Con el condicionado en la mano, la pregunta no es si el fotógrafo de Liétor se pasó. Es cuántos comederos, hides y altavoces siguen repartidos por sierras protegidas sin que nadie los haya denunciado todavía.