DEMANDA DE PATERNIDAD CONTRA SOLDADO UCRANIANO

Reclamar una pensión a un soldado ucraniano: la demanda que nadie sabe dónde notificar​

¿Se puede reclamar una pensión de alimentos a un hombre que combate en el frente ucraniano? Sobre el papel, nada lo impide. Ejecutarlo es donde se rompe todo. La historia la protagoniza una abogada española que conoció en 2016, a través de la aplicación de contactos Badoo, a un joven ucraniano con el que tuvo una hija. Él regresó a su país y cortó el contacto. Ella cría a la niña sola. La duda que plantea no es jurídica, es de logística: ¿a qué dirección se envía una demanda a alguien que está en una trinchera?

El caso: una hija, un padre en el frente y una demanda a medio redactar​

Los hechos, resumidos por la propia interesada, caben en pocas líneas: relación breve en 2016, embarazo, desaparición del padre y una niña que crece preguntando por él. Años después, según su propio relato, el hombre reaparece —de forma indirecta— en el frente. Desde entonces no contesta al teléfono ni a los mensajes. El relato incluye conversaciones con la esposa del padre, aportadas como prueba y escritas en ucraniano. La demandante sostiene que quiere dejarle a la hija «los papeles arreglados» y no descarta buscar al progenitor a través de un detective privado.

¿Qué tribunal es competente para reclamar la paternidad?​

Aquí hay quien sostiene que la menor reside en España y que el interés superior del menor inclina la competencia hacia los juzgados españoles. El precedente que cita un forero es el de las demandas de paternidad de los años setenta y ochenta, cuando las reclamaciones iniciadas por veraneantes extranjeras se sustanciaban en su país de origen y luego se pedía auxilio judicial a España para ejecutarlas. La vía de la justicia gratuita —la demandante reconoce que se lo paga el contribuyente— encaja, según esa misma opinión, en ese esquema.

Los 470.000 euros por soldado muerto: ¿indemnización real o propaganda?​

El dato que dispara el interés es otro. Se atribuye al gobierno ucraniano la promesa de pagar alrededor de 470.000 euros a las familias de los soldados fallecidos. El cálculo que circula es contundente: con 200.000 bajas potenciales, la factura alcanzaría los 940.000 millones de euros, «casi el billón». Y ahí entra el escepticismo. Un país quebrado, con patrimonio nacional malvendido y una economía de guerra, difícilmente sostendría semejante compromiso. La cifra se maneja, en la mayoría de los análisis, como una incógnita sin confirmar.

El verdadero muro: notificar al demandado en un país en guerra​

Se puede dictar sentencia dirigiendo la demanda al último domicilio conocido del demandado. Pero para ejecutarla en Ucrania sin que la revoquen hace falta algo mucho más prosaico: notificársela en persona. ¿Dónde? Ese es el nudo. Sin dirección, sin contacto y con un tribunal extranjero que tendría que prestar cooperación, la sentencia se queda en un folio. La propia demandante admite que la única salida plausible es un detective privado. Y ni eso garantiza nada.

La sospecha del montaje y el abogado de oficio​

Buena parte de los que siguieron el relato no tardaron en descartarlo como una invención. El argumento: la redacción era demasiado pulida, la estructura demasiado limpia. La interesada responde que se gana la vida escribiendo y que, además, es abogada, lo que alimenta el desconcierto. Entre tanto, hay quien le recuerda un detalle incómodo: si la sentencia sale adelante, la ejecución en Ucrania seguirá siendo papel mojado, y la hija habrá ganado un apellido pero quizá no una pensión.

Si el padre aparece, si Ucrania paga, si el juzgado admite y si alguien encuentra al demandado, la niña tendrá apellido y a lo mejor una nómina. Demasiados condicionales para una demanda que, hoy, no tiene ni un domicilio al que enviarse.