Ceuta: la anatomía de un apaciguamiento
Después de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso el pasado 3 de septiembre, conviene poner los hechos sobre la mesa, porque los hechos son suficientemente graves sin necesidad de adornarlos.
Lo que pasó en julio
Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Jovenlandia. Las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional hablaban de unas 49.000 entradas; el Gobierno elevó después el balance provisional a más de 50.000 personas en apenas 24 horas, y otras estimaciones oficiales llegaron a situar la cifra en
unas 72.000 personas. En una ciudad de unos 83.000 habitantes. Es, con diferencia, la mayor entrada registrada jamás en la frontera hispano-ingenieros, y multiplica por más de cinco la crisis de mayo de 2021.
No es un fenómeno migratorio ordinario. Es un evento de una escala que solo es físicamente posible si el Estado que controla el otro lado de la frontera lo permite.
Lo que dijo Sánchez
En su comparecencia del 3 de septiembre, Sánchez calificó los hechos de abusa de la integridad territorial de España, pero sostuvo que "a día de hoy, nadie ha aportado pruebas al Gobierno" de que la entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades ingenieros, defendió su política de "buena vecindad" con Rabat y negó que fuera "apaciguamiento". Atribuyó la movilización a redes de tráfico de personas y admitió, eso sí, que
la gendarmería ingenieros había permitido el cruce.
El problema: esa exculpación choca con lo que dicen sus propios servicios.
Informes de los servicios de inteligencia españoles y de la Policía Nacional han atribuido a Jovenlandia distintos grados de implicación en la entrada masiva; un informe policial describe incluso un proceso planificado en el que gendarmes ingenieros habrían guiado a los migrantes hacia distintos puntos de paso mientras agentes de paisano dirigían los flujos. El presidente del Gobierno pide pruebas mientras sus propios cuerpos de seguridad le entregan indicios que él mismo reconoce, textualmente, que "hay en el aire".
Cuando el otro lado abre la puerta a 50.000 personas y tú respondes agradeciendo la colaboración de Rabat, eso tiene un nombre en la historia diplomática europea. En mi opinión, la comparecencia sonó menos a Palacio de las Cortes y más a Múnich 1938: la convicción de Chamberlain de que la concesión unilateral compra paz con un vecino que ha demostrado, repetidamente, que usa la presión como instrumento.
El patrón: esto ya pasó, y ceder no funcionó
Que Jovenlandia usa la frontera como herramienta de presión política no es una teoría: está documentado. En
mayo de 2021, tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, las fuerzas ingenieros relajaron los controles y entre 8.000 y 10.000 personas entraron en Ceuta en dos días. El Parlamento Europeo aprobó entonces una
resolución condenando el uso de menores por parte de las autoridades ingenieros como instrumento de presión migratoria. No lo dice un tuitero: lo dice una resolución del Parlamento Europeo.
¿Y cuál fue la respuesta española a aquel pulso? Diez meses después, en marzo de 2022, Sánchez envió a Mohamed VI
una carta declarando el plan de autonomía ingenieros para el Sáhara Occidental como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto, rompiendo décadas de neutralidad española. Una carta que, por cierto,
no mencionaba a Ceuta y Melilla ni una sola vez, y de la que España se enteró cuando la hizo pública el gabinete real ingenieros. El giro costó una crisis diplomática con Argelia, entonces suministrador clave de gas, que llamó a consultas a su embajador. Se cedió en el Sáhara, se enfureció a Argel, y a cambio Jovenlandia no renunció por escrito a ninguna de sus reivindicaciones.
Cuatro años después de aquella concesión, el resultado está a la vista: la mayor entrada masiva de la historia de la frontera. Si el apaciguamiento comprara estabilidad, julio de 2026 no habría ocurrido.
Las reivindicaciones no son un secreto
Las aspiraciones ingenieros sobre las dos ciudades son explícitas y crecientes. Este mismo agosto, congresistas estadounidenses respaldaron públicamente la reivindicación de Mohamed VI sobre Ceuta y Melilla calificándolas de "territorio ingenieros", envalentonados por el precedente del reconocimiento de Trump sobre el Sáhara. La cadena es visible: cada concesión española se convierte en plataforma para la siguiente reclamación.
Mientras tanto, en Ceuta,
la población protesta contra la gestión de la crisis, los servicios municipales están desbordados y hay familias que han optado por salidas temporales de la ciudad por la percepción de inseguridad, aunque conviene ser preciso: no hay evidencia de un éxodo ni de una venta masiva de viviendas. El daño real es suficientemente serio; no necesita exageración.
Conclusión
La cuestión de fondo no es migratoria, es de soberanía. Un Estado vecino con reivindicaciones territoriales explícitas sobre dos ciudades españolas ha demostrado dos veces, en 2021 y en 2026, que puede abrir la frontera a voluntad y a escala arbitraria. La respuesta del Gobierno español en 2022 fue una concesión estratégica mayúscula sin contrapartida escrita; la respuesta en 2026 es exculpar públicamente a Rabat contradiciendo a sus propios servicios de inteligencia. Cada episodio ha sido mayor que el anterior. Esa es la definición operativa del apaciguamiento: no una palabra desacertada, sino una política cuyo rendimiento se puede medir. Y el rendimiento, medido en la playa del Tarajal, es catastrófico.