Marruecos aprieta porque alguien le ha dicho que puede
La presión marroquí sobre Ceuta, Melilla y Canarias no parece un arrebato de la monarquía alauí, sino un cálculo con respaldo exterior. Y ese respaldo, en las lecturas que se cruzan sobre el asunto, tiene un nombre: Washington. No hay aquí una conspiración cerrada con papeles sellados, sino un puzle con piezas que sí se pueden tocar:
bancos de pesca, minas de fosfatos, yacimientos en aguas canarias y un Sáhara que España soltó sin disparar un tiro. La pregunta de fondo —qué se ha pactado y a cambio de qué— sigue sin respuesta oficial.
¿Qué ha pactado Marruecos con Estados Unidos?
Ningún texto público detalla ese pacto, y ahí empieza el problema. Lo que se sostiene es que
Estados Unidos funciona como puerto de salida para las materias primas africanas y que Rabat actúa como socio estable en una zona incómoda. Quien mira el mapa añade otro argumento: Argelia y los saharauis quedan del lado prorruso, así que Marruecos se convierte en la opción cómoda para la OTAN.
Ese alineamiento no nació con un cambio de inquilino en la Casa Blanca.
La política no se movió un milímetro con el relevo presidencial, según quienes siguen el expediente. La certificación del Sáhara se atribuye a la etapa anterior, y de ahí la ironía de que se acuse a la Administración estadounidense de roja cuando fue la otra la que firmó el respaldo.
Ceuta, Melilla y Canarias: chantaje, Pegasus y 11M
La hipótesis más repetida es la del chantaje: información comprometedora sobre el presidente del Gobierno que explicaría por qué España traga carros y carretas. El caso
Pegasus y el
11M aparecen una y otra vez como piezas de esa supuesta pinza. Conviene decirlo con claridad: son sospechas lanzadas sin prueba presentada, no hechos acreditados, y ninguna instancia ha confirmado esa mecánica.
Lo que sí describe el análisis es una asimetría de trato. Las provincias españolas del norte de África y el archipiélago canario entran en todas las quinielas de presión,
con o sin protección aliada, mientras España responde con gestos simbólicos y poco más. Para una parte de quienes siguen el asunto, el problema no es Marruecos: es un gobierno que prefiere poner el otro carrillo.
Pesca ilegal en el Mar de Alborán y el negocio de los recursos
Aquí los datos son más concretos que las teorías. Barcos marroquíes faenan de forma ilegal en aguas españolas protegidas y usan
redes a la deriva prohibidas desde 2002, según denuncias de organizaciones ecologistas recogidas en el asunto. El radio es amplio: al norte Málaga, Granada y Almería; al sur Ceuta, Melilla, Chafarinas, Vélez de la Gomera, Tetuán, Alhucemas y Nador.
La lista de agravios económicos que se enumera es larga: los mayores bancos de pesca, las mayores minas de fosfatos y yacimientos petrolíferos en aguas de Canarias. La tesis que subyace es que
la chulería se alimenta de la debilidad ajena, no de la propia fuerza. Cada cesión se lee como un anticipo de la siguiente.
Argelia, el ejército marroquí y el escenario de guerra
Sobre el terreno militar, las posturas chocan de frente. Una corriente sostiene que Rabat carece de experiencia real de combate y que un conflicto a corto plazo es impensable. Otra responde con el detalle de las
unidades de la 2ª Brigada de Infantería Paracaidista enviadas como observadoras a guerras ajenas para acumular rodaje, y con la advertencia de quién ha entrenado a esas fuerzas; es un extremo que se afirma sin más prueba que el propio testimonio de quien lo cuenta.
El contrapeso es Argelia. Quien plantea el pulso con Rabat admite que el ejército argelino
daría hasta en el carné de identidad a España hoy, lo que convierte cualquier aventura en un mal negocio. La conclusión lógica de esa parte del análisis es incómoda: lo inteligente sería que se enzarzaran ellos dos sin meter a España en medio.
La contradicción que desarma medio relato
Si España está gobernada por comunistas prorrusos, como afirma una parte del diagnóstico, y a la vez Estados Unidos desprecia a España precisamente por eso, el argumento se muerde la cola: Washington estaría gobernado por el mismo perfil ideológico que dice despreciar. La trampa lógica es evidente y deja el relato del castigo ideológico en el aire.
Frente a esa línea, otras lecturas colocan el foco en un
vasallaje consentido de décadas, con independencia de quién ocupe Moncloa. La subordinación vendría de la estructura, no del color del gobierno. Y en el capítulo histórico se apilan episodios jamás probados: el hundimiento del proyecto nuclear, la voladura de Carrero Blanco o la retirada de financiación al programa atómico. Ninguno sostiene una acusación firme, pero todos circulan.
Predicción con reservas: si nadie cambia el reparto de cartas, la presión sobre Ceuta, Melilla y las aguas canarias seguirá subiendo por la vía de los hechos consumados, sin declaración de guerra y sin titulares. Cuando salte algo, no será porque el guion cambiara, sino porque alguien dejó de mirar.