Pregunta: Cuántos años de cárcel le van a caer a Sánchez cuando pierda el aforamiento?

Sánchez sin aforamiento: ¿cuántos años de cárcel? El cálculo que nadie hace​

Si la justicia fuera un trámite, la respuesta sería simple: el Código Penal no prevé penas específicas para presidentes del Gobierno. Pero la justicia no es un trámite, y el aforamiento complica todo. La pregunta que recorre los pasillos es cuántos años le caerían a Pedro Sánchez si perdiera esa protección. Las respuestas, como se verá, van del cero al «pijama naranja», pasando por las simbólicas 72 horas.

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El aforamiento: la primera barrera​

Mientras Sánchez siga al frente del Ejecutivo, la cuestión es académica. El aforamiento que le corresponde como presidente del Gobierno le sitúa ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y ningún tribunal puede procesarle sin que antes el Congreso lo autorice. Esa es la razón por la que algunos consideran que «hasta que no salga del Gobierno, son campanas al vuelo». La pérdida del aforamiento, sin embargo, no equivale a una condena: solo abre la puerta a que la justicia ordinaria pueda examinar sus presuntos hechos.

Estado de Derecho: mantra o realidad​

La expresión «Estado de Derecho» se ha convertido en un comodín del discurso político. Pero, en rigor, significa únicamente que existe un ordenamiento jurídico. Bajo ese criterio, cualquier régimen autoritario podría reclamar el término. Por eso, cuando se invoca como garantía de igualdad, conviene preguntarse qué se está defendiendo realmente. No es lo mismo un sistema que aplica la ley a todos que uno que la aplica selectivamente. En ese contexto, la promesa de que la justicia caerá sobre el presidente es, para muchos, una ilusión.

Cortafuegos, indultos y vías de escape​

La historia reciente no ofrece casos de presidentes encarcelados, pero sí de ministros que pisaron la prisión. Algunos comentaristas recuerdan que en la primera legislatura del actual ciclo político se colocó al frente de ministerios a perfiles ajenos a la política, y que duraron lo que tardaron en entender cuál era su papel. La función orgánica de ciertos altos cargos, se sostiene, es actuar de «cortafuegos»: si todo va bien, se hacen ricos; si algo va mal, cumplen una temporada y conservan su fortuna. En ese contexto, un indulto antes de entrar en prisión se antoja más probable que una sentencia firme. Otros van más allá y apuntan a la geografía: la República Dominicana no tiene tratado de extradición con España, y si el afectado además tuviera su nacionalidad, la entrega sería imposible. Aunque la posibilidad de que un presidente del Gobierno abandone el país en esas circunstancias es remota, la mera existencia del debate revela hasta qué punto se da por sentado un final no judicial.

El escenario 2027​

La fecha que todos se temen es 2027. Si la crisis de Ceuta deriva en un estado de alarma, durante el cual no se pueden disolver las Cortes, Sánchez podría prolongar su mandato más allá de lo previsto. Eso, a su vez, retrasaría cualquier proceso judicial. La estrategia, según algunos analistas, sería convocar elecciones en 2027, pero con el estado de alarma como escudo. La pregunta sobre la cárcel quedaría entonces en manos del calendario electoral.

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Al final, la cuestión no es cuántos años caerían sobre Sánchez, sino cuánto puede aguantar un sistema donde la impunidad se percibe como apariencia. Los 50.000 asistentes a la última concentración en Madrid sugieren que una parte importante de la ciudadanía no se lo cree. El relato oficial insiste en que aquí se cumple la ley. Pero, como se ha visto, la ley también tiene letra pequeña.