Cristianos integristas americanos haciéndose con terrenos agrícolas en españa de forma masiva

800 millones para comprar el campo español​

Hay una cifra que descoloca: con 800 millones de euros se pueden adquirir aproximadamente 77.950 hectáreas de suelo agrario en España, según el precio medio de 10.263 €/ha que se manejaba en 2022. Para hacerse una idea, la ciudad de Madrid ocupa unas 60.437 hectáreas. Es decir, con ese dinero se compra más superficie que la que ocupa la capital. La operación, atribuida en el hilo a grupos cristianos integristas estadounidenses, ha encendido todas las alarmas en un sector que ya venía tocado por la presión regulatoria europea.

El dato no es una filtración: circula en prensa económica y ha servido de detonante para una discusión más amplia sobre quién controla la tierra y para qué. Porque el terreno agrícola no es un activo cualquiera. Es la base de la alimentación y, en un escenario de costes energéticos al alza, un refugio de valor que muchos miran con recelo.

¿Cuánta tierra se compra con 800 millones de euros?​

La cifra depende del tipo de suelo. No vale lo mismo una hectárea de secano en Soria que una de regadío en Almería. Los precios publicados en 2024 iban desde los 12.800 euros por hectárea de herbáceos de secano hasta los 29.400 euros por hectárea de herbáceos de regadío. En hortalizas al aire libre se superaban los 75.000 euros por hectárea, y en invernaderos se alcanzaban los 163.400 euros por hectárea.

Con esos números, los 800 millones permiten comprar **27.000 hectáreas de regadío** o **32.000 hectáreas** a precios intermedios. En el conjunto de España, el regadío ocupa 3.862.811 hectáreas. La operación equivaldría a un 0,8% de esa superficie. Un porcentaje pequeño, pero concentrado en las mejores tierras.

La discusión sobre si eso es mucho o poco ha sido una de las más encendidas. Hay quien sostiene que 32.000 hectáreas son una finca grande, y quien replica que repartidas por la península no son más que 32 fincas de 1.000 hectáreas, una minucia en términos agrarios. La discrepancia no es baladí: revela dos formas de entender el campo, la del que lo ve como un negocio de escala y la del que lo ve como un territorio de subsistencia.

El precio de la tierra y la presión regulatoria​

El precio medio de la tierra para uso agrario en España se situó en **10.263 €/ha en 2022**, con una subida de 83 €/ha respecto a 2021. Son cifras que manejaba el sector y que ahora sirven para calibrar el alcance de la operación. Pero el contexto es más complejo: la normativa europea sobre emisiones, fertilizantes y bienestar animal está empujando a muchos pequeños productores a vender.

En Países Bajos, sin ir más lejos, se vivieron protestas masivas el año pasado por los planes de reducción de ganado. En España, las manifestaciones del campo también han sido sonadas. La sensación que transmiten algunos análisis es que se está diseñando un campo a dos velocidades: grandes fondos y corporaciones por un lado, pequeños agricultores asfixiados por otro.

«Todo está hecho para hacer imposible la alimentación fuera de las grandes corporaciones», sostiene una de las voces más críticas. La idea que subyace es que la legislación actual, con sus requisitos para tener cuatro vacas o unos pocos cultivos, hace inviable la subsistencia autónoma. Los que defienden esta tesis señalan que los grandes inversores extranjeros reciben un trato más favorable que el productor local.

¿Quiénes son los compradores y qué buscan?​

La operación se atribuye en el hilo a grupos cristianos integristas estadounidenses, aunque no todos son evangélicos. Los mormones, por ejemplo, son una rama aparte del cristianismo que rechaza el dogma de la Santísima Trinidad. La confusión terminológica ha sido otra fuente de fricción. Lo que parece claro es que no son fondos de inversión al uso: hay un componente religioso y comunitario en su expansión territorial.

La pregunta que planea es para qué quieren esa tierra. Las hipótesis van desde la simple especulación con un activo refugio hasta la creación de comunidades autosuficientes. En un escenario de **agotamiento de los combustibles fósiles**, la tierra productiva se convierte en el activo más valioso. «Sin fósiles volvemos a los años 40 y 50: no tractores, no fertilizantes químicos, todo manual. El que tenga tierras será rico», resume una intervención.

Ese escenario, sin embargo, tiene sus matices. Sin combustible fósil, el campo produce mucho menos. La mecanización y los fertilizantes son los que sostienen los rendimientos actuales. La vuelta a la agricultura manual implicaría una caída drástica de la producción y un aumento del precio de los alimentos. No está claro que los nuevos propietarios estén mejor preparados para ese escenario que los actuales.

La reacción del sector y el futuro incierto​

Las reacciones han sido variadas. Desde los que ven una oportunidad de modernización hasta los que hablan de una nueva forma de colonialismo. La comparación con Ucrania, donde grandes extensiones de tierra agrícola estaban en manos de fondos extranjeros antes de la guerra, ha aparecido en más de una intervención. También se ha señalado que la legislación española permite la compra de tierras por parte de extranjeros sin apenas restricciones, a diferencia de otros países.

La cuestión de fondo es si el Estado debería intervenir para limitar este tipo de operaciones. Hay quien defiende que la tierra es un recurso estratégico y que su venta a fondos extranjeros debería estar sujeta a controles más estrictos. Otros argumentan que la propiedad privada es sagrada y que cualquier restricción sería un ataque a la libertad económica.

Mientras tanto, el campo español sigue perdiendo explotaciones. La edad media del agricultor no deja de subir y el relevo generacional no llega. En ese contexto, la entrada de capital extranjero puede ser vista como una tabla de salvación o como el último clavo en el ataúd de un modelo agrario que se extingue. La respuesta no es sencilla. ¿Quién alimentará a España dentro de veinte años?