Creo que PASARÉ de declarar criptomonedas a Hacienda

Criptomonedas y Hacienda: declarar, informar o mirar a otro lado​

¿Hay que declarar las criptomonedas a Hacienda? La respuesta corta es que sí, al menos las ganancias patrimoniales cuando se producen. La respuesta larga es que media España cripto no tiene claro qué, cómo ni cuándo, y una parte relevante ha decidido que no piensa hacerlo. El punto de partida de esta discusión es un inversor que lo dice sin rodeos: ha movido dinero entre su banco y un exchange, no ha sacado más de lo que metió, y por tanto considera que no hay nada que declarar. «Declararé algo si me obligan a ello», resume. Detrás de esa frase hay un problema de fondo que va mucho más allá de la pereza fiscal.

El desconocimiento no exime, pero tampoco resuelve

El primer argumento que aparece es el más viejo del manual tributario: la obligación existe aunque no se conozca. Quien opera con criptomonedas está obligado a declarar, y la ignorancia o la desgana no le libran de cumplir. Hasta ahí, doctrina básica. El problema es que el contribuyente medio no encuentra una documentación oficial que le explique, paso a paso, cómo tributar por un activo que cambia de forma y de valor varias veces al día. La queja se repite: no hay una guía clara de ningún organismo español que detalle el procedimiento. Y sin procedimiento, la tentación de la inacción crece.

Hay quien sostiene que basta con aplicar la lógica de las acciones: compras, vendes, y tributas por la diferencia. Otros añaden que la herramienta —un programa de contabilidad tipo Cointracking o un Excel— es lo de menos; lo importante es tener el registro. La discusión sobre si ese software está «homologado» o no es, en buena medida, una discusión mal planteada: ningún programa da fe ante la administración, solo ordena los números para que el contribuyente o su asesor puedan presentarlos.

El modelo 720 y la foto del 31 de diciembre

Aquí llega uno de los puntos más técnicos y más malentendidos. El modelo 720 es una declaración informativa para bienes en el extranjero, y su umbral se sitúa en los 50.000 euros. La duda que recorre toda la conversación es si las criptomonedas depositadas en un exchange extranjero entran en ese modelo. Hay quien sostiene que sí, que las plataformas fuera de España obligan a informar, y que hacerlo mal o no hacerlo puede acarrear problemas serios. La contrapartida: si las criptomonedas están en una wallet de la que el usuario controla las claves privadas, se considera que están donde está el titular, es decir, en España, y el 720 no aplicaría por ese concepto.

De ahí nace una práctica que se repite: sacar los fondos del exchange a una wallet propia antes de que acabe el año, para que la «foto» del 31 de diciembre no muestre saldo en plataformas extranjeras. La maniobra tiene su lógica formal, aunque no resuelve el problema de fondo: las permutas y las ganancias siguen ahí, y el IRPF no se evapora por cambiar de sitio los tokens.

La permuta: el nudo que nadie quiere desatar

El punto más conflictivo es el tratamiento de las permutas entre criptomonedas. Cambiar bitcoin por ether, o ether por cualquier otro token, se considera un hecho imponible: si el activo entregado se ha revalorizado, hay ganancia patrimonial que declarar, aunque no haya un solo euro de por medio. Esta interpretación genera rechazo casi unánime. El argumento es de sentido común: si no hay conversión a dinero fiduciario, ¿qué se gana realmente? ¿Qué le importa a Hacienda que la plusvalía de un token se haya reinvertido en otro?

El problema práctico es de volumen. Un trader que hace cinco operaciones al día genera más de 1.800 movimientos al año. Detallar cada permuta con su fecha, su valor y su ganancia es, en la práctica, una contabilidad de empresa para un particular. La propuesta que circula es más simple: declarar lo que entra menos lo que sale, aplicar el porcentaje correspondiente a la ganancia y presentar el extracto del exchange si hay requerimiento. Que la administración haga el resto.

El relato del miedo y el relato de la impunidad

Frente a quienes sostienen que Hacienda no tiene medios ni capacidad para controlar las criptomonedas, aparece el reverso: los exchanges extranjeros no aportan información de forma automática y generalizada, y cualquier requerimiento exige un trámite individualizado. La conclusión que se extrae en algunos mensajes es clara: si no lo dices tú, Hacienda no se entera. De ahí la recomendación de no usar bancos españoles, no dejar saldo en plataformas más tiempo del necesario y mantener las claves en una wallet propia.

La experiencia personal también tiene su hueco. Hay quien relata años de operaciones peer to peer con exchanges con KYC y bancos europeos, cantidades de decenas de miles de euros anuales, y ningún requerimiento. La conclusión que extrae es que el control es más limitado de lo que se pregona. El contraargumento es igual de contundente: eso no es impunidad, es que todavía no ha llegado la carta. Y cuando llegue, llegará con todo el histórico junto.

La letra pequeña que sí está escrita

Más allá de las opiniones, hay un dato que se repite y que conviene retener: la obligación de informar sobre criptomonedas existe, y el umbral de ganancias que activa la declaración se sitúa en los 10.000 euros en términos generales, con particularidades en el País Vasco y Navarra, donde se declara desde el primer euro. La casilla 389 de la declaración de la renta es el lugar donde se recoge el incremento patrimonial. Y el método de cálculo es FIFO: primero en entrar, primero en salir.

La conclusión que se impone en la conversación es que el sistema no está diseñado para el pequeño inversor, sino para el que mueve volúmenes que justifican el esfuerzo. Para el minorista, la recomendación práctica que se repite es llevar un registro ordenado de fechas, cantidades, depósitos, retiros y permutas, y tenerlo a disposición del gestor por si acaso. La pregunta que queda en el aire es la de siempre: si Hacienda no tiene los medios para controlar, ¿por qué el contribuyente tiene que hacer el trabajo de contabilidad por ella? La respuesta, por ahora, es que la obligación es del contribuyente. Lo demás es literatura.