Convenio SAR: mercado laboral precario pagado con dinero público

El Convenio SAR, adoptado en 1979 y en vigor desde 1985, obliga a España a organizar la búsqueda y el rescate de personas en un área de responsabilidad de un millón y medio de kilómetros cuadrados, tres veces su territorio terrestre. Salvamento Marítimo ejecuta esas operaciones con medios públicos y coordina con los servicios de países vecinos.

El Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, conocido como Convenio SAR, se adoptó en una conferencia de la Organización Marítima Internacional (IMO) el 27 de abril de 1979 y entró en vigor el 22 de junio de 1985. España es parte. Ese texto es el que explica por qué las patrulleras de Salvamento Marítimo aparecen a cientos de millas de la costa, y no una ocurrencia de la última hornada política.

Qué reparte el Convenio SAR y qué le tocó a España

El convenio divide el mar en regiones de búsqueda y rescate. Cada Estado parte se compromete a garantizar servicios adecuados en su zona y a coordinar con los vecinos. España tiene cerca de 8.000 kilómetros de perímetro costero y un área de responsabilidad de un millón y medio de kilómetros cuadrados, según los datos que publica Salvamento Marítimo. Eso equivale a tres veces el territorio nacional.

La zona se subdivide en cuatro: Atlántico, Estrecho, Mediterráneo y Canarias. La parte canaria es la que más se interna en el océano y la que recibe la mayoría de las embarcaciones que salen desde la costa africana occidental. El convenio no dice «recoge a quien puedas»: dice que cada parte debe asegurar que se toman medidas para prestar asistencia a las personas en peligro en su región.

Quién paga y con qué medios

Salvamento Marítimo es una sociedad estatal adscrita al Ministerio de Transportes. Su misión está fijada en el artículo 268 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011. Ahí se enumeran el salvamento de la vida humana en la mar, la lucha contra la contaminación, el seguimiento del tráfico, la seguridad de la navegación y el remolque y asistencia a buques.

Todo eso se financia con presupuesto público. La sociedad dispone de buques, helicópteros y aviones, y su operativa se coordina desde centros como los de Las Palmas o Tenerife. Cuando una embarcación pide auxilio en aguas internacionales dentro de la región SAR española, el centro correspondiente moviliza medios. Si el rescate ocurre en la franja de otro país, se activa la cooperación prevista en el propio convenio.

El debate sobre el coste y el uso del servicio

Hay quien sostiene que estas operaciones se han convertido en un incentivo para la salida de embarcaciones desde África occidental, y que el coste recae sobre el contribuyente sin contrapartida. Es una opinión extendida en foros, pero no hay una cifra oficial que cuantifique ese efecto. Lo que sí está documentado es el número de personas rescatadas y el gasto anual de la sociedad, que aparece en los presupuestos generales del Estado.

El convenio también obliga a las partes a permitir la rápida entrada en sus aguas territoriales de unidades de salvamento de otros países. Eso significa que un buque español puede operar en coordinación con Marruecos, Mauritania o Senegal sin trámites adicionales. La contrapartida es que esos países pueden hacer lo mismo en la zona española.

Lo que no dice el convenio

El Convenio SAR no establece cuotas de rescate ni obliga a trasladar a los rescatados a un puerto concreto. La obligación es prestar asistencia y desembarcar a las personas en un lugar seguro, que normalmente se decide entre el centro coordinador y el capitán del buque. Tampoco impide que un Estado despliegue medios adicionales si lo considera necesario.

La discusión sobre si España debería renegociar su región SAR o reducir su perímetro es legítima, pero exige separar dos cosas: lo que firma un Estado en un tratado internacional y lo que decide gastar cada año en medios. El convenio fija el marco; el presupuesto fija el alcance real de las patrulleras.