¿Cómo podríamos expulsar a forasteros nacionalizados?

¿Cómo se podría expulsar a forasteros nacionalizados? El debate legal y político​

La pregunta irrumpe con fuerza en los corrillos políticos: ¿hay mecanismos para desnacionalizar a quienes obtuvieron la ciudadanía española y luego expulsarlos? El asunto no es teórico. Según algunas estimaciones que circulan, el embeleco en la obtención de la nacionalidad podría afectar a un alto porcentaje de los casos, sobre todo en la llamada "ley de nietos" y en las entradas por el aeropuerto de Barajas, donde se habla de 1,5 millones de llegadas anuales. Pero el código civil tiene letra pequeña.

Los cauces legales para la pérdida de nacionalidad​

El Código Civil español contempla la pérdida de la nacionalidad en supuestos tasados. El principal, el embeleco en la obtención: si se demuestra que se aportaron documentos falsos o se ocultó información relevante, el Estado puede anular la concesión. También el uso exclusivo de otra nacionalidad durante tres años (en los países con doble nacionalidad no convenida) puede ser motivo. Sin embargo, estos procesos son largos y requieren pruebas sólidas. En la práctica, se argumenta que la maquinaria administrativa no da abasto y que muchas irregularidades quedan impunes.

Hay quien sostiene que el problema no es la ley, sino su aplicación. Se menciona que el Ejecutivo ha aprobado decretos y normas secundarias que facilitan la concesión, pero sin modificar el tronco legislativo principal. Una vía alternativa sería aprobar una ley exprés que permita la revisión masiva de nacionalidades obtenidas en los últimos años, pero toparía con la Constitución y los tratados internacionales.

Medidas de presión económica y administrativa​

Frente a la vía judicial, algunas voces apuestan por la asfixia administrativa. La idea es reducir o eliminar prestaciones sociales —como el Ingreso Mínimo Vital, la sanidad pública para quienes no coticen, o las ayudas familiares— para que la estancia en España resulte insostenible. Se argumenta que, si se cortan las "paguitas", muchos emigrarían por su cuenta. Este enfoque, sin embargo, afectaría también a nacionales en situación vulnerable y generaría un colapso en los servicios.

Otra propuesta recurrente es la expulsión automática de quienes cometan delitos, aunque sean leves, combinada con la retirada de la nacionalidad. Se citan ejemplos históricos: la expulsión masiva de franceses de Argelia en los años 60 o la de alemanes de los Sudetes tras la Segunda Guerra Mundial. Pero esos precedentes responden a contextos bélicos o descolonizadores, no a un Estado de derecho en tiempos de paz.

El fantasma de la "sustitución demográfica"​

El debate se calienta cuando se proyectan las cifras. Algunos participantes estiman que, al ritmo actual de entrada (se habla de 1,5 millones anuales solo por Barajas), para 2040 la mayoría de la población entre 18 y 50 años sería de origen forastero o descendiente. Se alerta de que las Fuerzas Armadas están cambiando su composición étnica y que eso impediría cualquier intento de repatriación futura. Frente a estos pronósticos, otros responden que el pánico es infundado y que la integración es la vía natural.

Lo que nadie discute es que regularizar todo lo que entra —como se ha hecho en años recientes— cambia irreversiblemente el país. La cuestión es si existe voluntad política para aplicar las leyes ya vigentes o para endurecerlas. Como ironiza un analista: "Se puede hacer todo lo que se quiere hacer. Y lo que no se hace, es que no se quiere hacer".