Colombianos y bolivianos piden organización contra el gobierno actual

El alquiler se aprieta y se da por hecho un efecto expulsión​

Una cuenta que se presenta como «España para los españoles» publicó un mensaje burlándose de su propia consigna —«consejos vendo pero para mí no tengo»— y dejando caer su deseo de ver deportaciones. De ahí salió una conversación que pronto abandonó el tuit para instalarse en un terreno más terrenal: el alquiler, las habitaciones sueltas y quién acaba pagándolas. La tesis que se abrió paso era sugerente: si se endurecen las reglas del alquiler, sobre todo las que afectan al alquiler por habitaciones, el mercado podría funcionar como un mecanismo de expulsión de la población migrante. La euforia duró lo que tarda alguien en mirar a su alrededor. Un millón de personas sin papeles, decía un mensaje, ya vivían y trabajaban aquí sin que pasara nada.

¿Puede el precio del alquiler expulsar a los migrantes?​

La hipótesis circula con más fuerza de la que probablemente merece. Se sostiene que limitar el alquiler por habitaciones —el formato que absorbe buena parte de la demanda recién llegada— encarece o directamente cierra la puerta a quien busca un sitio donde dormir. El razonamiento tiene su lógica. El problema es que esa expulsión llevaría tiempo funcionando sin que nadie la haya medido: si ya había un millón de personas sin papeles trabajando y durmiendo en condiciones precarias, la norma no estaría echando a nadie, sino reorganizando el mismo desorden.

Conviene subrayar un detalle incómodo: esa cifra no la respalda ninguna fuente oficial. Es un cálculo lanzado al aire y repetido como se repiten los números que confirman lo que uno ya creía.

El mercado negro que se da por descontado​

Aquí el consenso es más firme. La predicción dominante es que todo se alquilará en negro: contratos fuera del radar, precios sin registrar y la ley de la selva a la hora de hacer valer cualquier acuerdo. El alquiler de habitaciones, lejos de desaparecer, seguirá existiendo tal y como existía. La norma cambia el papel; la necesidad no cambia.

No falta quien lee todo esto como una operación política antes que como una política de vivienda, y atribuye las trabas a una campaña de relato. Sea o no así, es la parte del análisis que menos discusión genera y la que más debería preocupar a quien legisla: una norma que no se puede ejecutar deja de ordenar el mercado y pasa a ordenar solo el discurso.

Quién se va y quién se queda​

Las posturas se separan en cuanto se pregunta por la salida. Hay quien da por hecho que no se irán nunca, salvo a la fuerza: por mucho que España empeore, argumentan, es difícil que llegue a ser peor que el punto de partida. Otros responden con otra lógica: si el destino ofrece lo mismo que el origen pero más caro, la razón para quedarse se estrecha.

Ninguna de las dos se puede cerrar con los datos que se manejan. Todas se apoyan en lo mismo: intuición y un puñado de casos conocidos.

Compradores con liquidez y pisos con descuento​

La parte más concreta de la discusión es la que afecta al propietario. La previsión es que los caseros asustados por las nuevas reglas vendan, y que esos pisos acaben en manos de compradores con liquidez dispuestos a quedarse con el descuento. Después, esos mismos compradores los pondrían en alquiler, gestionados por terceros o directamente por la misma demanda migrante que se supone que se iba a marchar. No es una tesis nueva: es el guion que se aplica cada vez que una norma penaliza al que ofrece.

Ahí se atasca todo. Cuántos se irían, cuántos alquileres se irán al negro y cuántos propietarios venderán son preguntas sin respuesta. Tampoco la tiene la cifra que lo empezó todo: ese millón de personas sin papeles que nadie se molesta en verificar. Se discuten las consecuencias de una norma sin saber todavía a cuánta gente afecta.