Cobrador de morosos 2.0: ¿publicar datos es legal?

La publicación viral «Este país me quita años de vida» retrata un negocio creciente: cobradores que señalan a deudores en redes sociales y presionan para desalojar viviendas. La línea entre reclamar una deuda y vulnerar derechos es fina.

El tuit «Este país me quita años de vida», acompañado de un vídeo, se ha convertido en el retrato de un oficio incómodo: el del cobrador que ya no llama por teléfono, sino que expone al deudor ante su entorno digital. La práctica consiste en publicar el nombre, la foto o la deuda en redes para forzar el pago mediante la presión social. Es legal reclamar una deuda; no lo es difundir datos personales sin consentimiento.

La presión social como método de cobro

La estrategia se apoya en la vergüenza. Un deudor señalado públicamente suele pagar antes que uno que recibe una carta. El problema es que esa exposición puede vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos, en vigor en la UE desde mayo de 2018, que sanciona la difusión de información personal sin base legal. Las multas por estas prácticas pueden alcanzar cifras elevadas.

Desalojos y límites legales

El fenómeno convive con otro negocio: el desalojo de viviendas ocupadas. La Ley de Enjuiciamiento Civil exige una resolución judicial para desalojar, y la ocupación no siempre es delito. Los cobradores que actúan al margen de la ley se exponen a denuncias por coacciones o allanamiento.

Un negocio sin regulación específica

España no cuenta con una ley que regule la figura del cobrador extrajudicial. Las empresas de recobro operan bajo el paraguas de la normativa de consumo y protección de datos. La frontera entre persuadir y acosar la marca la jurisprudencia, caso a caso. Ante cualquier reclamación de deuda, conviene consultar a un abogado.