Cae otra influencer roja a la que la PSOE pagaba miles de euros para intentar -sin éxito- lavar el cerebro a los chavales, por Ademuz

El PSOE pagó 12.000€ a una influencer para adoctrinar a jóvenes: el caso Ademuz​

La cifra no es gigantesca, pero revela un patrón: 12.000 euros de dinero público para que una influencer con atractivo físico y discurso condescendiente intente lavar el cerebro a los chavales. El último capítulo de esta saga de propagandistas a sueldo tiene nombre de pueblo valenciano: Ademuz. Un accidente con víctimas mortales se convirtió en excusa para un vídeo moralizante que ha provocado que la influencer, tras recibir una oleada de críticas y amenazas, anuncie su retirada temporal de las redes. La pregunta que flota en el aire: ¿es esto un ataque a la libertad de expresión o la consecuencia lógica de una maquinaria de manipulación?

El contrato y sus cifras​

Los documentos filtrados muestran un contrato por valor de 12.000 euros, sin que se especifique el número exacto de vídeos o el alcance de la campaña. No es una cantidad que mueva el PIB, pero sí suficiente para que una joven con miles de seguidores se dedique a repetir consignas con un tono de superioridad moral que irrita hasta a los propios simpatizantes de izquierdas. "Venderse por 12.000€" es el comentario más repetido, aunque algunos apuntan a que el coste real es mayor si se incluyen otros contratos menores. Lo cierto es que este caso se suma a una larga lista de microinfluencers financiados por el Gobierno para difundir el relato oficial, especialmente en temas de memoria histórica, feminismo y cambio climático.

El vídeo de Ademuz: la gota que colmó el vaso​

El detonante de la polémica fue un vídeo en el que la influencer, con su característico tono entre condescendiente y burlón, utilizaba el trágico accidente de Ademuz para cargar contra la oposición política. La combinación de una tragedia real con la pose de superioridad moral provocó una reacción inmediata. "Usar una muerte para hacer propaganda es el colmo", resumió un sector del análisis. Curiosamente, la misma izquierda que defiende la libertad de expresión hasta el límite se encontró con una oleada de críticas que pedían su cancelación. Algunos usuarios señalaron que la reacción violenta (amenazas de muerte incluidas) es igualmente reprobable, pero la mayoría coincidió en que el daño ya está hecho.

El patrón de la propaganda gubernamental​

Este caso no es aislado. Desde hace años, el PSOE y sus socios han tejido una red de influencers, youtubers y periodistas afines que reciben financiación directa o indirecta a cambio de contenido favorable. El contrato de 12.000 euros es solo la punta del iceberg, como demuestran los múltiples casos de "periodistas" y "creadores de contenido" que han sido señalados por cobrar del erario público para hacer proselitismo. La diferencia con este caso es la torpeza: la influencer no supo medir el impacto de frivolizar con una tragedia.

¿Lección aprendida?​

La influencer ha optado por retirarse temporalmente, mientras que el PSOE guarda silencio. Los críticos señalan que el dinero público debería destinarse a infraestructuras o educación, no a pagar a tuiteros para que adoctrinen. Los defensores del Gobierno argumentan que es necesario "combatir la desinformación", aunque la realidad es que la mayoría de estos casos terminan en escándalo y no en un cambio de opinión. Mientras tanto, los contribuyentes siguen financiando una máquina de propaganda que, a juzgar por los resultados, no convence a nadie.

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