Brutal: el 92% del gasto de cruz roja en 2023 se va en personal

Cruz Roja Española: el 92% de su gasto en 2023 fue para personal​

¿A dónde va el dinero que donas a Cruz Roja? Según los datos difundidos en redes a partir de las cuentas consolidadas de 2023, la organización recibió casi 514 millones de euros en subvenciones y se gastó 475 millones en gastos de personal, lo que supone el 92% de los fondos públicos. Otros 146 millones se destinaron a servicios exteriores. La cifra ha reabierto el debate sobre el destino real de las ayudas públicas a las grandes ONG.

El desglose de las cuentas: sueldos, directivos y personal sanitario​

Los datos de 2023 muestran una estructura de gasto muy concentrada en nóminas. De los 475 millones en personal, 359 millones corresponden a sueldos y salarios y 115 millones a la Seguridad Social a cargo de la organización. Con una plantilla de unos 15.000 trabajadores, el reparto incluye 150 directivos y secretarios provinciales, 9.800 titulados y técnicos, 1.000 administrativos, 1.100 auxiliares clínicos y personal sanitario, y 3.000 subalternos. La partida de alta dirección asciende a más de 4 millones para 64 personas, lo que arroja una media de 64.000 euros por cabeza.

La proporción de personal sanitario es uno de los puntos más criticados: solo el 7,5% de la plantilla tiene esa consideración. Hay quien sostiene que la labor asistencial recae en los voluntarios, que no cobran, mientras la estructura profesional absorbe el grueso del presupuesto. En 2022, el porcentaje de gasto en personal sobre ingresos fue aún mayor, del 97,61%, según los cálculos que circulan a partir de los Excel de Grandes Beneficiarios de Ayudas.

¿Qué hace Cruz Roja con 514 millones de euros en subvenciones?​

La pregunta sobre el destino de tanto dinero público recorre el análisis. Entre 2017 y 2022, la organización recibió más de 1.500 millones de euros en ayudas, según las mismas fuentes. La comparación entre ingresos y gasto de personal deja un margen estrecho para la actividad asistencial directa, más allá de los servicios exteriores. Hay quien calcula, partida a partida, que el porcentaje destinado a programas sociales es residual frente a la estructura salarial.

La controversia se extiende a la naturaleza jurídica de la entidad. Aunque se presenta como organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, hay corrientes críticas que sostienen que su dependencia de fondos públicos la convierte en una agencia de colocación más dentro de la red clientelar del Estado. Otras voces defienden que la labor de Cruz Roja es seria y que parte de su plantilla realiza funciones técnicas y sanitarias imprescindibles.

El historial de irregularidades y la sombra de la corrupción​

No es la primera vez que Cruz Roja Española aparece en el centro de la polémica. En 1994, Carmen Mestre dimitió como presidenta forzada por denuncias de irregularidades y mala gestión. En 1998, Cruz Roja de España y Alemania suspendieron su ayuda a Chiapas por desvío de fondos. En 2014, la organización apartó a su presidente en Madrid por sospechas de corrupción. Y en 2017, la asociación Justicia por la Sanidad descubrió más corrupción del SAS en conciertos con hospitales de ASISA, Cruz Roja y Orden de San Juan de Dios.

Estos episodios alimentan la desconfianza hacia la gestión de fondos. La estructura de gasto, con más del 90% destinado a personal, deja poco margen para imprevistos o para la ayuda directa. Los críticos señalan que la organización se ha convertido en un monstruo financiero que vive del erario público y cuya principal finalidad es autoperpetuarse. Los defensores argumentan que la labor humanitaria requiere personal cualificado y que la transparencia de las cuentas es total.

El perfil de los directivos y las puertas giratorias​

La composición de los órganos de gobierno también genera suspicacias. La presidenta de Cruz Roja Castilla y León, Rosa Urbón, es la mujer del alcalde del PP de Valladolid y fue ex alto cargo de la Junta de Castilla y León como directora del Instituto de la Mujer. El presidente de la asamblea provincial de Valladolid, Juan José Zancada, fue diputado provincial del PSOE. Estas conexiones políticas refuerzan la tesis de que la organización funciona como una extensión de los partidos.

La vinculación con el Gobierno también se ha señalado en el caso de la pareja del ministro de Exteriores, Albares, vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja y nombrada recientemente vicepresidenta de alianzas estratégicas en Openchip & Software Technologies, empresa que recibió una inyección de 111 millones de euros. Son datos que, sin constituir prueba de irregularidad, dibujan un entramado de intereses entre lo público y lo privado.

El impacto en la calle: captadores y voluntarios​

En el día a día, la cara visible de Cruz Roja son los captadores que buscan donaciones a pie de calle y los voluntarios que reparten ayuda. Su situación contrasta con la de la alta dirección. Los captadores cobran salarios bajos y soportan el rechazo ciudadano; los voluntarios, que realizan la labor asistencial, no perciben remuneración alguna. Mientras, la estructura profesional se lleva la mayor parte del presupuesto.

La paradoja es que, cuanto más se critica a la organización, más se castiga a quienes están en la base. La conversación sobre el destino de los fondos públicos a las ONG sigue abierta, y los datos de 2023 no parecen haber cerrado el debate.

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Al final, la pregunta no es si Cruz Roja ayuda o no. La pregunta es a quién ayuda realmente: si a los que lo necesitan o a los que cobran por gestionar la ayuda.