BOOOOOM......Un trabajador del consulado en México: «Piden nacionalizarse para ir a España a operarse»

Un empleado del consulado español en México ha descrito solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos motivadas por operarse en la sanidad pública española y expedientes de personas influyentes que se tramitaban al margen de los funcionarios. El mismo testimonio pone en duda la cifra oficial de 163.000 nacionalizados.

Hay una escena que se repite en la ventanilla del consulado español en México y que un empleado de la propia oficina ha contado con detalle: correos electrónicos de solicitantes que piden acelerar un expediente de nacionalidad porque ellos, un hijo o una hija necesitan tratamiento médico y quieren llegar a España para operarse. No es una sospecha. Es, según este trabajador, una práctica que llegaba por escrito y que se justificaba con la salud como argumento para saltarse el orden de tramitación.

La ley de nietos, el marco legal que permite a descendientes de emigrantes españoles recuperar la nacionalidad, se diseñó como reparación histórica para quienes perdieron el pasaporte por el exilio. Lo que este testimonio describe es otra cosa: un uso instrumental del pasaporte europeo. Y no solo para operarse.

Operarse en la sanidad pública como motivo del expediente

El empleado consular explica que en la oficina recibían mensajes en los que los interesados pedían «adelantar expedientes que habían entrado» alegando problemas de salud propios o de familiares directos. El objetivo declarado era volar a España y ser intervenidos en el sistema sanitario público. El trabajador lo califica como un abuso directo al contribuyente, y lo enmarca en una diferencia de sistemas: en México, dice, la sanidad «no es precisamente buena», y esa brecha se aprovechaba para venir a España y engrosar las listas de espera.

Conviene separar dos planos. Que un ciudadano con pasaporte español tenga derecho a la asistencia sanitaria pública es una consecuencia normal de la nacionalidad, no una irregularidad en sí misma. Lo que el testimonio describe es distinto: que la obtención del pasaporte se pedía y se justificaba con la operación como fin, y que esa urgencia médica servía para reordenar expedientes. El gasto que menciona el empleado es el de la atención prestada, no una factura girada al solicitante.

El pasaporte como llave para entrar en Estados Unidos

El interés por la nacionalidad no se agotaba en la sanidad. Según esta fuente, había «muchísima gente» cuyo único propósito era tener el pasaporte español por movilidad internacional. El ejemplo que pone es concreto: entrar en Estados Unidos sin necesidad de visado, una ventaja que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea por el programa de exención de visados. Es decir, el pasaporte español funcionaba como llave de acceso a un tercer país.

Ese uso no es ilegal. Cualquier español puede viajar a Estados Unidos sin visado para estancias cortas. El problema que plantea el testimonio es de motivación y de control: si el expediente se resuelve con criterios elásticos, el filtro que debería verificar la ascendencia y la condición de exilio pierde sentido. La ley de nietos exige acreditar el vínculo con el antepasado emigrado. Cuando ese vínculo se da por bueno sin verificación rigurosa, el resultado es un pasaporte entregado por razones que nada tienen que ver con la reparación histórica.

Expedientes que no pasaban por manos de los funcionarios

El testimonio señala un segundo frente, más incómodo para la administración: el trato de favor a personas influyentes de la vida pública mexicana. El empleado habla de expedientes de políticos, sobre todo de partidos afines a Morena, el partido en el poder en México, y también de gente del ámbito cultural y empresarial. Esos expedientes, dice, se ponían en citas extraordinarias o recibían un trato privilegiado, y muchas veces ni siquiera pasaban por las manos de la plantilla encargada de evaluar la documentación.

La mecánica que describe es la de una tramitación paralela: la jefatura diplomática y la red consular habrían usado la concesión de nacionalidad como moneda de cambio para tener ascendiente entre la élite social y política del país. El trabajador no aporta nombres ni cifras de esos expedientes, y su relato es una declaración ante un medio, no una resolución judicial. Tratarlo como hecho probado sería excederse; tratarlo como una acusación sin recorrido, también.

La cifra oficial de 163.000 nacionalizados, en cuestión

El golpe más directo del testimonio va contra los números del Gobierno. Preguntado por la cifra oficial de 163.000 nacionalizados en todo el mundo bajo la instrucción impulsada por Sofía Puente, el empleado la desmiente sin matices: dice que es «muchísimo superior», y lo argumenta con el ritmo de trabajo de las delegaciones. El consulado de Argentina, afirma, trabajaba jornadas de 12 horas y absorbía muchos más expedientes que el de México. Para México, estima unos 60.000 nacionalizados.

Esa estimación es una cifra interna, no un dato oficial, y así debe leerse. Pero apunta a un problema de fondo que va más allá de un consulado: si las principales delegaciones en América Latina tramitaban a un ritmo que la contabilidad oficial no refleja, el balance que el Ejecutivo defiende ante el Tribunal Supremo queda en el aire. La flexibilización de los criterios probatorios, diseñada para acelerar la reparación histórica, habría convertido la entrega de nacionalidad en un procedimiento discrecional y opaco.

El asunto tiene tres patas que se sostienen entre sí: el turismo sanitario como motivo declarado, el pasaporte como llave para entrar en Estados Unidos y el trato de favor a influyentes. Ninguna de las tres es un delito por sí sola. Juntas describen un sistema donde el filtro que debía separar la reparación histórica del interés particular dejó de funcionar. Y un sistema así se paga con listas de espera más largas y con la credibilidad de un pasaporte que vale lo que vale su control.

Antes de sacar conclusiones sobre casos concretos, conviene recordar que este relato procede de un testimonio publicado por THE OBJECTIVE y no de una investigación judicial cerrada. Cualquier decisión sobre nacionalidad, residencia o acceso a la sanidad pública debe consultarse con un profesional del derecho o con la administración competente.