Blanqueamiento general de los perros. Algo traman.

La percepción de que ciertos colectivos, como los cuerpos de seguridad, actúan con impunidad es un fenómeno complejo que mezcla experiencias personales, casos mediáticos y un debate sobre los recursos del sistema judicial.

La sensación de que quienes deberían protegernos actúan con impunidad es un lugar común en muchas conversaciones. Se mezclan experiencias propias en comisarías, casos concretos que saltan a los medios y una sospecha generalizada de que el sistema protege a los suyos. Es un cóctel que alimenta la desconfianza.

El coste de la seguridad y la confianza

España destinó en 2023 alrededor de 3.000 millones de euros al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según datos del Ministerio del Interior. Es una cifra considerable que refleja la apuesta por la seguridad. Sin embargo, la percepción ciudadana no siempre acompaña a la inversión.

La confianza en las instituciones es frágil. Un mal encuentro en una oficina de denuncias, una espera prolongada o la sensación de que el trámite no sirve de nada puede pesar más que cualquier estadística. La burocracia, en ocasiones, se convierte en un muro que desanima a quien busca justicia.

Casos mediáticos y el relato de la impunidad

Casos como el empujón a una profesora en Valencia o las cargas policiales durante el 15M han quedado grabados en el imaginario colectivo. Son episodios que, más allá de su resolución judicial, alimentan la idea de que ciertos actos quedan sin castigo. La lentitud de la justicia y la complejidad de los procesos penales contribuyen a esa sensación.

La asociación de profesores denunció la agresión y el caso llegó a los juzgados. El resultado final, sea cual sea, rara vez satisface a todas las partes. Para muchos, la simple existencia de estos episodios ya es prueba de un problema estructural.

La brecha entre la ley y la calle

La ley es igual para todos sobre el papel. En la práctica, la aplicación depende de recursos, de la interpretación de los agentes y de la capacidad de la ciudadanía para navegar el sistema. Abogados penalistas coinciden en señalar que la experiencia del ciudadano medio en una comisaría puede ser desalentadora.

No se trata solo de casos de violencia. La sensación de que el sistema no escucha es un problema de confianza que tiene un coste económico y social. Una ciudadanía que no confía en sus instituciones es una ciudadanía que no colabora con ellas. Y eso, a la larga, sale caro.

La percepción de impunidad es un fenómeno complejo que requiere respuestas institucionales claras. Cualquier análisis sobre la eficacia del gasto en seguridad debería ir acompañado de una revisión de los protocolos de atención al ciudadano.