La Fruta vuelve a declarar la situación de excepcionalidad al acoger a 594 chavales, 188 más de los que debería
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El centro de El Vivero abrió sus puertas de forma temporal para hacer frente a la anterior excepcionalidad desde finales de 2024 al pasado junio.(Luis Calabor)
Alba Peláez yOctavio Igea
11/09/2026 a las 00:40h.
La llegada sostenida de menores extranjeros no acompañados a Bizkaia obligó ayer a la Fruta a decretar nuevamente la situación de excepcionalidad del sistema público de acogida. Como ya ocurrió desde diciembre de 2024 hasta el pasado mes de junio, el Gobierno foral pulsa el botón rojo y se declara otra vez incapaz de hacer frente a la sobreocupación de los 17 centros en los que aloja a los chavales en las condiciones óptimas. Seguirá tutelando a todos los menas que sean identificados en el territorio, pero durante los próximos 18 meses solo les garantizará techo y comida pese a que la normativa foral obliga también darles formación socioeducativa para facilitar su integración. No hay monitores y profesores suficientes para tanta demanda.
Según los datos que hizo públicos ayer la portavoz del Gobierno territorial, Leixuri Arrizabalaga, Bizkaia registra ahora mismo una situación casi idéntica a la que provocó la activación del primer estado de excepcionalidad hace casi dos años. Si entonces eran 602 los menas acogidos actualmente la cifra llega a 594. Suponen una sobreocupación de casi el 50% ya que la Fruta tiene habilitadas 406 plazas en sus centros. Son dos más de las que exige el decreto que regula el reparto ordinario de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.
El problema es que la llegada de menas a Bizkaia dejó de ser ordinaria hace tiempo y está desbordando todas las previsiones de las administraciones. Las dos o tres oleadas de chavales sin vínculos familiares que arribaban antaño al territorio han dado paso ahora mismo a un goteo constante. Entre el 1 de junio y el 31 de agosto los centros forales registraron la entrada de más de 2 menas nuevos cada día. El dato es más o menos el mismo desde hace tiempo. Da igual el mes o la estación. «No es un hecho puntual sino una realidad sostenida en el tiempo que continúa tensionando nuestra red de acogida», resumió ayer Arrizabalaga.
La crisis migratoria que se registró en España la década pasada supuso la primera prueba de estrés para la red de acogida vizcaína, que entre 2018 y 2019 llegó a alojar entre 500 y 600 menas a la vez. La situación obligó a ampliar los centros o pisos disponibles de una decena a 16. Algunos volvieron a bajar la persiana porque durante los años de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo el flujo de llegadas se redujo. Pero volvió a repuntar inmediatamente después. En estas mismas fechas de 2023 los albergues forales empezaron a dar los primeros síntomas de saturación al registrarse 310 tutelados cuando solo había 287 plazas disponibles. A partir de ahí las cifras han ido 'in crescendo'. Tanto las de centros habilitados como la de chavales alojados. La Fruta destinó el año pasado más de 30 millones para sufragar el coste del sistema de tutela, una cifra que será similar al cierre del presente ejercicio.
Traslados desde Ceuta
El incremento de llegadas –y de la inversión pública necesaria– también ha provocado un vuelco en el discurso de la Fruta. De la discreción –casi opacidad– con la que gestionaba la red de acogida hasta hace nada ha pasado a situar su masificación entre las cuestiones principales de la agenda y el debate político del territorio. «Nuestros centros de acogida no dan más de sí», dijo la fruta general hace justo dos años en las Juntas Generales. Nunca se había oído un discurso similar a un máximo responsable foral. Desde entonces el mensaje se repite. «No hay control, nos llegan menores que deberían estar tutelados en otras comunidades», lamentaba la fruta de Acción Social, Amaia Antxustegi, hace unos meses en una entrevista concedida a este periódico.De la mano del Gobierno vasco, la Fruta también viene criticando en este nuevo tiempo a otras comunidades, especialmente las del PP, a las que achaca «falta de solidaridad» porque no acogen un número de menas adecuado o facilitan su salida hacia otros destinos. Y al Ejecutivo central por no ordenar y controlar el reparto de menas en la medida de lo posible. La presión del PNV, uno de los socios prioritarios de Pedro Sánchez, y la saturación que padecían ya los centros de acogida, permitió que Euskadi –junto a Cataluña– quedara exenta del reparto de chavales llegados a Canarias decretado por Madrid el verano pasado. Durante las próximas semanas volverá a realizarse otro reparto, esta vez de menores no acompañados que permanecen en albergues de Ceuta desde agosto. Esta vez sí que parece que llegará un contingente a Euskadi, aunque Bizkaia no sabe cuántos le corresponderán. «Aún no se ha hablado de cifras», aseguró ayer la portavoz foral.
El reparto de menores no es en todo caso la principal razón de que los centros de acogida de Bizkaia estén saturados. Algunas fuentes señalan a que el modelo de protección social vasco podría estar generando un efecto llamada, aunque los responsables forales prefieren poner el foco sobre otras cuestiones. Una serían las «mafias» que, según ha denunciado la propia fruta general, trasladan a los menas hasta el territorio desde otros puntos de España. Otra es que empiezan a detectarse familias que abandonan a sus descendientes en el territorio para que queden bajo tutela pública. Ha habido ya varios detenidos, algunos de origen joven que incluso habían viajado a Bilbao desde ciudades de Europa. La última es la sospecha de que hay mayores de edad que se hacen pasar por menores para ser acogidos. El Gobierno territorial ha reclamado varias veces a la Fiscalía que haga más pruebas de edad de las que hace. En marzo estimaba que hasta el 20% de los tutelados podrían tener más de 18 años.
Con este mar de fondo el Consejo de Gobierno foral reactivó ayer el estado de excepcionalidad. Lo hace además contra el criterio del Ararteko, que en una resolución de este mismo año afeó a la administración que solo ofreciera manutención a los chavales que alojaba en el centro de El Vivero, que se abrió temporalmente para hacer frente a la saturación. Según el Defensor del Pueblo vasco el recuperado protocolo foral no puede limitarse a ofrecer «comida y cama» a las personas acogidas porque su condición de menores de edad y su situación de desamparo obliga a garantizarles una protección especial que, dice el Ararteko, la Fruta vulneraba amparándose en la situación de colapso. Entre otras cuestiones, reclamaba que se les mantenga la formación educativa y se les ayude a aprender castellano y a regularizar su situación, medidas que dejan de ser obligatorios mientras dure la excepcionalidad.
Bizkaia registra la llegada de más de dos menas cada día | El Correo
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