Bienvenidos a la dictadura española: condena por decir que un trans no operado es un hombre

Condenada por publicar la foto e insultar a una persona trans​

Una persona ha sido condenada por publicar en redes sociales la foto de una persona trans y llamarla, entre otras cosas, «maricón con tetas». La sentencia, que incluye multa e indemnización, ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión y sobre si el delito de odio se está usando para castigar opiniones incómodas. El caso tiene una particularidad que lo vuelve aún más enrevesado: tanto la condenada como la denunciante son personas trans, y el conflicto nace de un pique interno sobre quién es «más mujer».

Qué pasó y por qué la condena no es lo que parece​

El asunto no es un simple choque entre una persona trans y una crítica. Según los mensajes que circulan, la denunciada es una mujer trans operada que llamó «maricón con tetas» a otra persona trans que no se había sometido a la cirugía de reasignación. La denunciante, a su vez, es una persona trans que no se ha operado. La disputa, por tanto, es un ajuste de cuentas dentro del propio colectivo sobre la definición de mujer.

La condena incluye una multa y una indemnización económica. Hay quien sostiene que la pena es desproporcionada y que el insulto ya estaba cubierto por las leyes de injurias y calumnias, sin necesidad de recurrir al delito de odio. Otros argumentan que publicar la foto de una persona concreta y vejarla no es lo mismo que expresar una opinión general sobre la ley trans.

El delito de odio como herramienta de censura​

Una parte del análisis sostiene que el delito de odio se ha convertido en un instrumento para criminalizar opiniones que no encajan con el relato oficial. Se argumenta que expresar que un trans no operado sigue siendo un hombre es una afirmación biológica, no un insulto, y que castigarla abre la puerta a condenar cualquier discrepancia.

En contra pesa el argumento de que ir contra una persona concreta, publicar su foto y humillarla no es libertad de expresión, sino acoso. La línea entre opinar sobre una ley y atacar a alguien por su identidad es difusa, y ahí es donde el caso se vuelve incómodo para todas las partes.

El papel de las leyes autonómicas y las subvenciones​

La Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid, de protección e igualdad de las personas LGTBI, establece medidas para evitar conductas tránsfobas. Hay quien señala que el PP, con el apoyo de Vox, no eliminó esta norma y que ahora es la propia administración la que persigue la transfobia. Se argumenta que existen asociaciones subvencionadas que se dedican a detectar y denunciar estos casos, lo que genera un ecosistema donde el insulto se convierte en negocio.

La crítica apunta a que se crea un problema, se financian organizaciones para combatirlo y se alimenta un relato de victimismo que colapsa los juzgados con causas menores. Otros defienden que estas leyes son necesarias para proteger a un colectivo históricamente marginado.

El absurdo de la guerra interna trans​

El caso revela una fractura dentro del propio movimiento trans: quienes se han operado frente a quienes no, y la batalla por definir quién tiene derecho a llamarse mujer. La condenada, operada, usó un insulto contra la denunciante, no operada, lo que desmonta la idea de una comunidad unida.

Hay quien ironiza con que ni siquiera ellos se salvan de la locura que han ayudado a crear. La conclusión que se extrae es que el sistema de delitos de odio acaba volviéndose contra quienes lo impulsaron, y que la libertad de expresión se resiente para todos.

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El dato que descoloca: la condena no la firma un juez por una opinión general sobre la ley trans, sino por publicar la foto de una persona concreta y vejarla. La diferencia entre opinar y atacar es la que separa una multa de una absolución, y en este caso la balanza se inclinó hacia la condena.