TJUE fuerza a España a fijar a 660.000 interinos: ¿quién paga?
El 22 de febrero de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que dinamita la jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre los interinos de larga duración en la Administración. La conclusión es tan simple como demoledora: los contratos temporales abusivos deben convertirse en fijos. El Parlamento ultima una ley que afectará a 660.000 trabajadores, pero el coste —en indemnizaciones, procesos paralizados o plazas duplicadas— se intuye astronómico.
El dictamen europeo y sus primeras consecuencias
La sentencia del TJUE, recogida por varios medios, establece que la compensación de 20 días por año trabajado que prevé la ley española para los interinos cesados es ilegal. Además, abre la puerta a que los laborales temporales que no superen las macrooposiciones adquieran la condición de fijos. Apenas 24 horas después, un juzgado de Madrid declaró fija a una empleada de Telemadrid. En semanas sucesivas, otros tribunales siguieron el mismo camino, como el que otorgó la fijeza a una trabajadora del IFAS en el País Vasco.
El Gobierno, por su parte, maniobra con la ley de estabilización que ya ha permitido la entrada de miles de interinos sin oposición. Pero la realidad judicial avanza más rápido: el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia suspendió 400 recursos a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre si España vulnera la normativa europea. La jugada del Supremo de plantear cuestiones prejudiciales —algo que hasta ahora se negaba a hacer— se interpreta como un intento de ganar tiempo. Los críticos apuntan que retrat lo inevitable solo encarece la factura.
El coste que se viene: indemnizaciones sin tope o duplicación de plazas
El meollo económico es lo que más inquieta a los contribuyentes. Si las demandas acaban en fijeza sobre plazas ya adjudicadas en las oposiciones de la era Iceta, el lío es monumental: más de 500.000 plazas en juego. Si se opta por indemnizaciones, el desembolso puede ser descomunal. En junio de 2024, el TJUE ya insistió en que los interinos con años de contratos temporales deben ser fijos, y en abril de 2026 comenzaron a conocerse las primeras indemnizaciones millonarias: una exempleada de Lanbide recibió 49.000 euros. La Comisión Europea, por si fuera poco, ha dado un ultimátum a España para que regularice la situación o la llevará ante la justicia.
Hay quien defiende que convertir a los interinos en fijos sin oposición es premiar el enchufismo y legalizar una puerta giratoria. Otros sostienen que la Administración ha abusado de la temporalidad durante décadas y que el coste debe asumirlo el Estado. La sentencia del TJUE no exige fijeza automática, pero deja al Gobierno y a los jueces sin otra salida que no sea la plaza fija o una indemnización disuasoria.
Interinos laborales sí, funcionarios aún en el aire
Un matiz crucial: la sentencia afecta directamente al personal laboral temporal, no a los funcionarios interinos. Para estos últimos se espera un fallo similar en torno a junio de 2024, pero el debate sigue abierto. En la práctica, la figura del «indefinido no fijo» —invento del Supremo— parece abocada a desaparecer ante el empuje europeo. Los tribunales ya empiezan a calificar como fijos a trabajadores que antes eran indefinidos no fijos, y las indemnizaciones para los cesados amenazan con no tener límite.
A la fecha de esta discusión, el Parlamento sigue ultimando la ley. Pero el reloj corre en contra del erario público. Cada mes de retrat acumula más derechos y más facturas pendientes. La crónica de un desastre anunciado que, como advierten los análisis, no hará sino agravarse cuanto más se demore la decisión.
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