AYUSO entra en MODO PÁNICO EMPODERADO: "Soy libre de subirme en su coche y de meterme en la cama con quien me dé la gana"

Ayuso defiende su vida privada y esquiva las cuentas de su pareja​

El caso no va de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Va de su libertad para elegir cama. Esa es, al menos, la tesis que la presidenta de la Comunidad de Madrid instaló en una comparecencia convocada tras la reunión extraordinaria de su Consejo de Gobierno en Leganés, en la que una denuncia por fraude fiscal contra su novio terminó convertida en un discurso sobre su intimidad. La Fiscalía Provincial de Madrid atribuye a Alberto González, técnico sanitario y pareja de la presidenta desde 2021, un fraude de 350.951 euros entre 2020 y 2021. Ayuso no compareció para explicar esas cuentas. Compareció para explicar las suyas.

Qué dice la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Ayuso​

La denuncia, presentada el 5 de marzo tras un informe de la Agencia Tributaria que cerraba dos años de investigación, apunta a dos delitos fiscales previstos en el artículo 305.1 del Código Penal —los relativos al Impuesto de Sociedades— y a falsedad documental. Todo en presunto: no hay condena ni sentencia. El desglose por ejercicio queda así:

• 155.000 euros de cuota atribuida en 2020
• 195.951,41 euros de cuota atribuida en 2021
• 350.951 euros como suma de ambos ejercicios

Hacienda detectó movimientos sospechosos en las sociedades del técnico sanitario por su enriquecimiento durante la pandemia, a partir de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022. El Ministerio Público sostiene que se valió de facturas falsas y sociedades pantalla para eludir el pago. La versión de la presidenta es la contraria: «No hay trama de facturas, no hay empresas fantasma, todo es un invento de la verdadera trama antidemocrática que gobierna España».

En el debate se apunta además a un posible acuerdo con Hacienda para esquivar el juicio, si bien conviene separar planos: un pacto con la Agencia Tributaria no equivale a una condena penal, y ninguna pieza del expediente está cerrada. Esa distancia entre lo que se atribuye y lo que se prueba es, hoy, todo el caso.

El piso de Chamberí, el Maserati y el patrimonio en juego​

Los números patrimoniales forman parte del relato desde el primer día. La vivienda en la que reside la pareja, en el céntrico barrio de Chamberí, tiene 183 metros cuadrados y está tasada en 837.893,61 euros. Se adquirió el 27 de julio de 2022 y figura a nombre de Alberto González, con una hipoteca de 500.000 euros sobre el inmueble. Ayuso lo matizó a su manera: el piso «no cuesta un millón, no es suyo, hay una hipoteca y todo es legal».

El otro objeto del rifirrafe es un Maserati descapotable. La presidenta llegó a bordo de un coche de esa marca a la puerta principal del Club Puerta de Hierro de Madrid en junio de 2022, con un acompañante, en lugar de usar los aparcamientos laterales. El vehículo que su novio adquirió un año antes, en 2021, según la información de Cadena Ser que cita a Plural.com, era un Maserati. La coincidencia, o no, la dejó servida el propio relato público.

«Soy libre para dormir en la cama que me dé la gana»​

La frase que resume la comparecencia llegó en dos versiones. Primero, que es libre «de estar con él y meterme en esa cama». Después, ya sin paños calientes: «Soy libre para dormir en la cama que me dé la gana». Añadió que, si es culpable de algo, es «de tener una relación con un ciudadano anónimo», y lanzó al aire la pregunta que ordena toda su defensa: «¿hablaríamos de esto si no fuese mi novio?».

El resto fue el relato del ataque. «Es Hacienda la que le debe 600.000 euros por intereses», sostuvo, antes de señalar a la «trama de Pedro Sánchez que usa a la Fiscalía para atacar, no solo políticamente, sino personalmente». Al presidente del Gobierno le recomendó relajarse y unas vacaciones en República Dominicana. Se declaró anonadada, además, porque algunos medios manejaban datos del expediente antes que el propio afectado, un flanco jurídico que el caso deja abierto.

El hermano, las mascarillas y el archivo de la Fiscalía europea​

En el otro platillo de la balanza está el archivo. La Fiscalía europea cerró la investigación a Tomás Díaz Ayuso por la compra de mascarillas para Madrid, después de que la Fiscalía Anticorrupción hiciera lo propio, según la información difundida. Es el contraste que se esgrime desde el entorno popular: un expediente cerrado sin acusación frente a otro, el de la pareja, que sigue su curso.

La comparación sirve a dos relatos incompatibles, el de la persecución y el de la impunidad, y ninguno se sostiene con titulares sueltos. Lo llamativo es que ambos bandos usan el mismo material para llegar a conclusiones opuestas, que es la definición operativa de la política española de los últimos años.

De la petición de dimisión al cálculo electoral​

Pedro Sánchez pidió la dimisión de la presidenta madrileña. La lectura de buena parte del electorado conservador fue la inversa: refuerzo. Hay quien sostiene que cada embestida contra Ayuso le suma apoyos, y quien replica que el desgaste acaba llegando. Y hay quien recuerda un dato estructural: gobierna Madrid, centro del alto funcionariado y de buena parte del estamento militar del país, un suelo electoral que en otra provincia no existiría.

A eso se suma una corriente más difusa: la que lee el episodio como prueba de que la política profesional funciona en una liga aparte, con reglas propias y costes siempre ajenos. Y una coincidencia incómoda para todos: la sospecha de que el que debía dar explicaciones primero no las dio.

Con estos mimbres, el asunto se resolverá en dos terrenos que no se hablan entre sí. En el judicial, un fraude atribuido de 350.951 euros que todavía no tiene sentencia. En el político, una presidenta que ha decidido que la mejor defensa es el ataque y a la que sus partidarios siguen dando un colchón electoral intacto en Madrid. Cabe apostar a que ninguno de los dos frentes se cierre pronto: el primero depende de un juzgado, el segundo de lo que aguanten las urnas.