Aviso a navegantes: siete condenados por difundir mensajes contra los menas

Melilla: 2 años y 6 meses de cárcel por mensajes de odio​

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado, según la sentencia, la mayor pena de cárcel impuesta en España hasta ahora por un delito de odio. Siete vecinos de Melilla, cuatro hombres y tres mujeres, han sido condenados por los mensajes que publicaron contra los menores extranjeros no acompañados. A cinco les caen dos años, seis meses y un día de prisión; a los otros dos, un año. Y no es la única factura: hay multa, inhabilitación y la orden de borrar todo lo escrito.

La sentencia la firma la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con competencia sobre Melilla. El caso se remonta a 2017, cuando la Asociación PRODEIN de Melilla, presidida por José Palazón y volcada en la defensa de la infancia migrante, denunció ante la Fiscalía una cascada de publicaciones aparecidas en Facebook. El Servicio Jesuita a Migrantes se personó como acusación popular.

Qué condena la sentencia y a quién​

El primer envite lo perdieron los denunciantes. El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla absolvió a los acusados. El Fiscal y las organizaciones personadas recurrieron, y ese recurso es el que ha dado la vuelta al marcador. La resolución corrige al juzgado de instancia y considera probado que los mensajes encajan en el delito de odio.

El reparto de penas es desigual. Los cinco condenados principales afrontan también nueve meses de multa a razón de seis euros al día y una inhabilitación de cinco años y medio para cualquier oficio o profesión educativa, docente o de tiempo libre. Los dos restantes cumplen un año de prisión, seis meses de multa diaria a seis euros y cuatro años de inhabilitación. En todos los casos se añade la retirada del derecho a presentarse a elecciones y la obligación de eliminar los comentarios.

Un grupo de Facebook con más de 14.000 miembros​

La resolución, de 48 páginas, sitúa el origen del caso en una comunidad digital llamada Opinión popular de Melilla, que por entonces agrupaba a más de 14.000 personas. Los condenados operaban dentro de ese espacio y de otros grupos afines. Los comentarios no eran simple desahogo de barra de bar: la sentencia describe llamadas a organizar patrullas por los barrios, a tomarse la justicia por la mano y a limpiar las calles, además de amenazas directas de atropellar a quien se cruzara o de agredir a menores.

El tribunal califica esos mensajes de inductores al odio, el desprecio y la discriminación contra un colectivo definido por su origen y su situación familiar, y subraya que alcanzaron a una multitud de personas por la propia publicidad de la red social. La clave jurídica está ahí: no se juzga la opinión, sino la difusión masiva de una invitación a la violencia.

La condena más alta por delito de odio, según el fallo​

Los propios denunciantes presentan el fallo como un aviso a navegantes para quien siga escribiendo lo mismo. Según el fallo, es la mayor pena de cárcel impuesta hasta ahora en España por este motivo. Esa cifra, sumada a la inhabilitación educativa, funciona como advertencia: el coste de un post ya no se mide solo en reputación.

Hay un detalle relevante en la argumentación: el tribunal insiste en que el destinatario es un grupo vulnerable, menores que llegan solos y en situación irregular, protegidos por las instituciones. Eso pesa a la hora de elevar la pena.

Delito de odio o delito de opinión: el nudo del debate​

Aquí es donde se parte el público. Una corriente sostiene que la condena es incitación a la violencia pura y dura y que estaba cantada. Otra, mucho más crítica, la lee como un castigo a la expresión y avisa de un efecto de congelación: el miedo a escribir. Hay quien va más lejos y la enmarca en una deriva restrictiva de los últimos años, recordando que las figuras penales para perseguir mensajes se han ido ampliando hasta llegar a casos que antaño no se tocaban.

El reproche jurídico de fondo merece un matiz que casi nadie hace: el Código Penal exige algo más que una opinión incómoda. Pide enaltecimiento o incitación a la discriminación y la violencia. La discusión real, por tanto, es dónde se traza esa raya en un mensaje de Facebook.

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Con la Audiencia fijando el listón en dos años y medio, cualquier cuenta anónima sabe ya a qué atenerse. Si eso disuade o solo enseña a escribir con más cuidado, es algo que el próximo caso decidirá.