Aviso a los caseros usureros: Decreto Ley para volver a la rentas antiguas de Franco y telefono 047 de denuncia al rentista pirata y delincüente..

Sumar plantea congelar los contratos de alquiler durante tres años​

Casi dos de cada cinco inquilinos españoles vive en riesgo de pobreza o de exclusión social. Con ese dato —aportado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy— Sumar presentó el 13 de octubre de 2025 un decreto ley de intervención urgente en el mercado de la vivienda. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abrió la comparecencia con cifras sobre el impacto del alquiler en las economías familiares. Después llegó el menú: congelación de alquileres, prórroga forzosa de los contratos vigentes y un golpe fiscal a los propietarios con más pisos.

Conviene tener claro qué es y qué no es. El texto no es una ley: es una propuesta que Sumar defenderá ante su socio de coalición y que, a día de hoy, no tiene los votos garantizados.

Qué incluye el decreto ley de vivienda de Sumar​

Tres ejes. El primero, proteger al inquilino: prórroga de tres años de los contratos en vigor, con dos años adicionales —hasta cinco— en las zonas declaradas tensionadas. Los nuevos contratos y las renovaciones deberán fijarse al mismo precio que el contrato anterior. En las regiones que no han declarado zonas tensionadas, la medida se aplicaría igualmente, esquivando así la negativa autonómica a desarrollar la ley estatal.

El segundo bloque regula el alquiler de habitaciones, un segmento donde, según Bustinduy, el arrendatario ocupa «la posición más vulnerable de todas», con control de rentas incluido en las zonas tensionadas. La letra pequeña importa: si un piso de tres habitaciones computa como tres unidades arrendaticias, el control de precios llega a un mercado que hasta ahora operaba en la sombra.

El 5% para quien tenga cuatro viviendas o más​

Aquí está el titular fiscal. Sumar propone modificar el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas para que los propietarios de cuatro o más viviendas tributen por su patrimonio inmobiliario con un tipo del 5% anual. Además, se elimina la bonificación del 40% de las rentas de alquiler en el impuesto de Sociedades —salvo en alquileres asequibles— y se limita la compra de vivienda para ponerla en alquiler a los índices de referencia.

«Se trata de eliminar cualquier incentivo de compra de vivienda para ponerla en alquiler, inflando los precios todavía más», resumió el ministro. El argumento de fondo son los pagos al contado: seis de cada diez viviendas adquiridas el año pasado se compraron sin hipoteca, según su departamento.

Pisos turísticos: 30 días o menos​

Cualquier alquiler de duración igual o inferior a 30 días se considerará turístico a todos los efectos. El objetivo es cerrar la puerta que algunas plataformas usan para colocar viviendas sin licencia como alquiler de temporada. El paquete se completa con una tributación del 21% para estos pisos, la obligación de registro de los alquileres de corta duración y un régimen sancionador que el Ejecutivo quiere «verdaderamente disuasorio».

El teléfono 047 y el aviso de menos oferta​

En paralelo, el Ministerio de Vivienda activó el número gratuito 047 de consulta e información sobre vivienda. La oposición de izquierda lo calificó de burla: para Podemos hacían falta «medidas valientes», bajar los precios por ley y prohibir la compra a no residentes. Del otro lado, la respuesta más repetida fue la retirada de oferta. Hay quien sostiene que ya han desaparecido más de 200.000 viviendas del mercado de arrendamiento y que el 90% del parque alquilado pertenece a pequeños tenedores con una o dos propiedades.

El argumento se apoya en casos difíciles de verificar. Un arrendador relató que recuperó un piso en el barrio valenciano de Olivereta tras cuatro años sin cobrar y que no volverá a ponerlo en alquiler. Otro aseguró haber destinado 25.000 euros a derramas y reformas en tres años, una factura que, dice, no cabe en una renta congelada. En paralelo circulan subidas de 400 y 550 euros mensuales.

Rentas antiguas, Franco y el fantasma de la escasez​

La comparación con la congelación franquista —alquileres helados durante medio siglo, con exención para las llamadas viviendas suntuarias de más de 150 metros cuadrados— recorre toda la discusión. La analogía es gruesa, pero señala un punto incómodo: cuando el legislador fija el precio por decreto, el mercado busca la grieta. Ya pasó con la vivienda de lujo. El artículo 86 de la Constitución, que limita los decretos ley a la «extraordinaria y urgente necesidad», y la ausencia de Presupuestos y de fondos europeos a partir de 2026 son las otras dos piedras en el camino.

Nadie discute el diagnóstico. La pelea es sobre quién paga la factura de la congelación: ¿el propietario, el inquilino que no encuentra piso o un Estado que, por ahora, solo ha puesto un número de teléfono?