Vox lanza la auditoría de un millón de nacionalidades
«No son españoles aunque les den la nacionalidad de manera fraudulenta. No lo son ni lo serán; y además vamos a revertir esas nacionalizaciones fraudulentas». Así se pronunció Santiago Abascal, líder de Vox, sobre la propuesta de revisar más de un millón de nacionalidades concedidas durante el mandato de Pedro Sánchez. La iniciativa, anunciada por el portavoz José Antonio Fuster, no detalla el periodo exacto ni las consecuencias prácticas, pero la cifra es contundente.
Una medida de complicada ejecución
La revocación de la nacionalidad solo procede en supuestos de fraude u ocultación de datos relevantes. La legislación exige un procedimiento judicial y la audiencia del interesado, algo difícil de aplicar en bloque. Los expertos recuerdan que las revisiones masivas carecen de base legal y que cada caso requiere una prueba individual. La propuesta, por tanto, se topa con la realidad jurídica.
Promesa sin concreción
La falta de detalles sobre el periodo y los criterios de la auditoría alimenta el escepticismo. Vox, en su posición actual, no tiene capacidad parlamentaria para impulsar un cambio normativo. La medida parece más un gesto discursivo que un programa viable. Entre quienes la apoyan, se argumenta que la nacionalidad debe reservarse a quienes demuestren una integración real. Pero el contexto político y la experiencia previa sugieren que la propuesta no pasará de la retórica.
El dato que descoloca: mientras se habla de un millón de casos, el número de nacionalidades revocadas por fraude en la última década se cuenta con los dedos de una mano. La distancia entre la promesa y la realidad es, por ahora, insalvable.