La apuesta de Sánchez por la inmigración laboral choca con el paro
La reciente afirmación de Pedro Sánchez sobre la necesidad de más mano de obra inmigrante ha reabierto la pregunta incómoda de la economía española: si hay millones de parados, ¿por qué traer trabajadores de fuera? El argumento oficial habla de vacantes imposibles de cubrir y de un sistema de pensiones que necesita cotizantes. La cifra que se maneja es de 1,5 millones de trabajadores adicionales.
Los críticos responden que los parados y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital ya son mano de obra disponible. Y que la inmigración no se pide por falta de trabajadores, sino por una mano de obra más barata y más dócil que presione los salarios a la baja y debilite el estado de bienestar.
El consenso que nadie quiere ver
La posición de Sánchez no es solo del PSOE. La comparten la patronal, los sindicatos, la Iglesia católica y, con matices, VOX y PP. Un consenso tan transversal que resulta sospechoso: cuando todos los agentes coinciden, conviene preguntarse qué intereses se esconden.
El inquietante precedente francés
En 1973, el presidente francés Pompidou admitió haber abierto las compuertas a la inmigración a petición de grandes empresarios como Francis Bouygues, que querían una fuerza de trabajo dócil y barata. La confesión muestra que el fenómeno no es nuevo: la demanda de inmigración también se usa para disciplinar al mercado laboral. El debate se atasca ahí: nadie detalla cuántos inmigrantes, en qué sectores, con qué salarios y con qué derechos. La cifra de 1,5 millones parece más un objetivo político que una necesidad demostrada.