Atención al nuevo panfleto […] del Ministerio de Igualdad

La campaña de Igualdad sobre el acoso se financia con dinero público​

Toda campaña institucional es, antes que un mensaje, una factura. La que ha difundido el Ministerio de Igualdad sobre el acoso y las agresiones sexuales no escapa a esa regla, y buena parte del rechazo que ha levantado no apunta a lo que dice, sino a quién lo paga. El material, un cartel con varios personajes y escenas cotidianas, se presenta como una guía para reconocer situaciones de acoso y advertir de que el agresor puede ser cualquiera. Lo que ha encendido el asunto es la letra pequeña: detrás del folleto hay una partida de fondos públicos canalizada a través de una federación de mujeres jóvenes.

El reparto de personajes tampoco ayuda. El único personaje no blanco del cartel aparece en el papel de buen chico, el que no acosa. Unos lo leen como torpeza de guion; otros, como confesión involuntaria de cómo se reparten los papeles en la propaganda institucional. La discusión sobre la campaña del Ministerio de Igualdad arranca, en cualquier caso, mucho antes de ese matiz.

Qué dice el cartel y qué se le reprocha​

La campaña dibuja escenas de bar, de calle y de grupo, con mensajes que alertan de que cualquiera puede ser agresor. Ahí empieza el lío. Buena parte de las críticas sostienen que el material convierte en acoso gestos que no lo son: entrar a alguien, preguntar por una amiga o mirar en un local. La versión institucional lo plantea como herramienta de prevención. El reproche no es el mensaje de fondo —nadie discute que una agresión sea una agresión—, sino el envoltorio: la sospecha general sobre el cortejo ordinario.

Hay quien lo lleva al extremo y sostiene que el cartel normaliza el consumo de alcohol de las mujeres mientras señala a los hombres, y presenta el coma etílico como una escena de la que reírse. La acusación es gruesa y circular, pero marca el tono del rechazo.

La doble vara que se atribuye al mensaje​

El reproche más repetido tiene que ver con la simetría. Se argumenta que cuando un grupo de mujeres comenta sobre los hombres de un local, eso se lee como empoderamiento; cuando lo hacen ellos, es acoso. La campaña, dicen, no corrige esa asimetría: la institucionaliza. No es un dato, es una interpretación, pero es la que explica por qué el material divide incluso a gente que comparte el fondo de la causa.

El eje del enfado: quién paga la campaña​

Lo que de verdad ha unificado el descontento es la financiación. La campaña no la ha pagado una marca ni una fundación: la sufraga, según el material, una partida de fondos públicos. Ahí se juntan dos reproches distintos. Uno, de manual: que el dinero de los impuestos no debería ir a propaganda con carga ideológica. Otro, más peliagudo: que el dinero se ha entregado a una entidad intermedia y que, tirando del hilo, aparecen figuras políticas menos interesadas en la prevención que en el relato.

La Federación de Mujeres Jóvenes aparece en todas las versiones como la entidad que canaliza el grifo. No hay, en lo discutido, ni importe del contrato ni memoria del gasto. Sin esos números, la crítica se mueve entre la intuición y la sospecha, que es exactamente donde suele instalarse este tipo de polémica. Quién firma el convenio y con qué informe de impacto sigue sin respuesta pública.

¿Se compra igual la publicidad institucional en toda Europa?​

Ahí está el punto que casi nunca se discute. España dedica cada año una partida notable a publicidad institucional, y el reparto entre ministerios y campañas no siempre es transparente. En otros países estas campañas suelen pasar por concurso y por un informe de impacto previo. La comparación sirve para subrayar que el problema no es el tema, sino el procedimiento: quién decide, con qué criterio y cómo se audita después.

La sombra de la campaña de Gillette​

La analogía más repetida: esto es la campaña de Gillette, pero pagada entre todos. En el caso de la marca, la polémica se la comió el accionista; aquí la paga el contribuyente. Esa es toda la diferencia. Y no es una tontería: cuando el dinero es privado, el desagrado se resuelve dejando de comprar; cuando es público, no hay botón de apagado. El descontento, sin salida de mercado, se acumula en la conversación política.

El subdebate legal que ha quedado abierto​

El material desató una discusión paralela: si un contenido equivalente, dirigido al público contrario y advirtiendo sobre denuncias falsas, saldría adelante sin escándalo o se consideraría delito de odio. Se ha planteado en esos términos y sin resolución. Quien lo defiende sostiene que el cartel estigmatiza a un grupo; quien lo rechaza, que la comparación es forzada. En el material no aparece ninguna denuncia presentada ni ninguna resolución judicial.

Lo que queda abierto​

Con este grado de polarización, lo previsible es que el gasto en campañas de igualdad siga creciendo y que la fiscalización se quede en la queja de cada convocatoria. Porque conviene no apostar demasiado: cuando el debate abandona el contenido y aterriza en facturas, la política da giros rápidos, y el próximo cartel puede acabar siendo recordado por lo que costó, no por lo que decía.