Noticia: Apuñalamiento en Ames: pena suspendida a cambio de dejar las drogas

La acusada de un apuñalamiento grave en Ames se declaró culpable y aceptó una condena de cuatro años de prisión que no cumplirá si inicia un tratamiento de deshabituación y no vuelve a delinquir en los próximos cuatro años. La pena se suspende tras pagar 3.642 euros de indemnización y aplicar dos atenuantes.

El 19 de febrero de 2026, en el parque del Pazo da Peregrina de Bertamiráns, en Ames, una mujer se acercó a un hombre que estaba con unos amigos. Empezaron a discutir por un teléfono móvil. Ella le dio dos puñetazos en la cara, sacó un cuchillo de cocina de la cazadora y le asestó tres puñaladas. Las heridas penetraron en la cavidad torácica y afectaron al pulmón. Fueron de riesgo vital.

La agresora llevaba en prisión provisional desde su detención. Primero estuvo en Teixeiro y luego fue trasladada a A Lama, en Pontevedra, por mal comportamiento. Desde esa cárcel declaró por videoconferencia en la Audiencia Provincial de Santiago. Se declaró culpable.

Cuatro años de cárcel que no se cumplen si hay tratamiento

La Fiscalía pedía inicialmente ocho años. La condena quedó en cuatro años de reclusión, la mitad. El abogado defensor, Diego Reboredo Ortega, explicó que el delito tiene un máximo de diez años y un mínimo de cinco. Para bajar de ese mínimo hizo falta apreciar dos atenuantes: la de drogadicción y la de reparación del daño.

La pena ha sido suspendida por un período de cuatro años. La condenada saldrá en libertad de forma inmediata. Tendrá quince días para acreditar ante la Audiencia que ha iniciado un tratamiento de deshabituación de estupefacientes. Si no lo hace, o si da positivo en los controles periódicos durante esos cuatro años, tendrá que regresar a prisión.

Las dos atenuantes que hicieron posible la suspensión

La atenuante de drogadicción se aplicó porque se considera que apuñaló a la víctima influida por el consumo de sustancias. La de reparación del daño se aplicó porque antes del juicio había ingresado en la cuenta de los juzgados de Santiago los 3.642 euros que la Fiscalía reclamó como indemnización para la víctima.

Sin esas dos atenuantes, según el letrado, habría sido imposible suspender la pena. La víctima no se personó en la causa como acusación particular ni acudió a la vista oral. Tanto la víctima como la agresora son toxicómanos. Ella tenía antecedentes penales, aunque no computables a la hora de aplicarle la agravante de reincidencia.

Quién paga y quién cobra cuando hay una condena suspendida

El pago de los 3.642 euros no es un detalle menor. La reparación del daño es una de las circunstancias que la ley permite valorar para atenuar la responsabilidad. En este caso, ese ingreso fue una de las dos piezas que sostienen la suspensión.

La otra pieza es el tratamiento. La condenada se compromete a someterse a controles periódicos durante cuatro años. Si los incumple, la libertad se revoca. El mecanismo es habitual en condenas por delitos relacionados con la drogadicción cuando concurren atenuantes.

El abogado defensor señaló que en la pelea participaron más personas, aunque finalmente solo fue juzgada su patrocinada por estos hechos. La causa se centró en ella.

Lo que dice la ley sobre suspender una pena de prisión

La suspensión de la pena no borra la condena. Queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones impuestas. En este caso, dos: no volver a delinquir y tratar la adicción. El plazo es de cuatro años, el mismo que la pena impuesta.

La Audiencia Provincial de Santiago celebró el juicio y dictó la condena. La acusada compareció por videoconferencia desde A Lama. Se declaró culpable y aceptó la rebaja. El resultado: cuatro años de prisión que, de momento, no pisará.

Cualquier decisión judicial de este tipo depende de circunstancias concretas y conviene consultar a un abogado antes de sacar conclusiones generales sobre casos similares.